Por mucho que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, insistiese otra vez en marzo en que la situación de la Cañada Real “no puede ser” y es “insostenible”, 4.000 familias que viven en la antigua vía pecuaria, a 17 kilómetros del centro de Madrid, siguen sumando días sin luz. Más de 500 ya y con el segundo aniversario en el horizonte. A pesar de las últimas intervenciones policiales para destruir cultivos de marihuana, a los que se señala como responsables de las sobrecargas de la línea, la restauración del suministro sigue enquistada.
“El pacto por la cañada es una pantomima, papel mojado”, protesta Ángel García, presidente de la asociación de vecinos del sector 5, que el 22 de marzo se pasó casi una hora en el pleno de la asamblea de la Cañada Real Galiana desgranando cuitas, en sesión presidida por el comisionado de la Comunidad de Madrid, Markel Gorbea. Por ejemplo, sobre lo que da a entender la redada policial del fin de semana previo.
La Guardia Civil detuvo el viernes 18 a más de cuatro decenas de personas y requisó 18.000 plantas localizadas en 22 parcelas de los sectores 3 y 4, que no son, sin embargo, los que hasta ahora habían tenido problemas con el tendido eléctrico. Los cortes que se llevan arrastrando más de 500 días afectan, en realidad, al sector 6, el más meridional. Son seis kilómetros y medio en Villa de Vallecas, entre la carretera de Valencia y la linde con Getafe. En el sector 5, parte del cual discurre por Rivas Vaciamadrid, los vecinos se organizan ahora para acceder al flujo eléctrico mediante un sistema de turnos. “Al sector 4 nunca le ha faltado luz, siendo el de mayor densidad de población” alega García, que indica que en el sector 5 nunca ha habido redadas. Así, entiende que “el problema no es la marihuana, sino los [aparatos] reconectadores” instalados por la empresa eléctrica.
Naturgy no se desmarca de su postura oficial, que echa la culpa a los enganches irregulares. “Los reconectadores se instalaron para reconectar la red después de que se detectara un problema de sobrecargas que afectaba a los sectores 5 y 6, para garantizar el suministro a los clientes que la compañía tiene en la zona (5 en esa fecha) y actúan como mecanismo de seguridad para proteger a las personas y a las instalaciones”, defiende la eléctrica en un correo electrónico. “Estos dispositivos, que cumplen la legislación vigente y se instalan en este tipo de situaciones, permiten la reconexión en remoto y, de hecho, son los que hacen posible que el sector 5 tenga suministro desde entonces a pesar de las sobrecargas en el sector 6”, añade. Así, lo que para los vecinos es la fuente del problema, para la empresa es irrenunciable. Como los enganches son ilegales, la compañía entiende que no los puede atribuir “a causa concreta”.
Oposición a los realojos
La reactivación del plan de realojos de residentes se presentó a finales del año pasado como solución definitiva, aún a largo plazo, al problema de la Cañada. Se anunciaron inversiones millonarias por parte de Gobierno estatal, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad para los próximos años. Pero no todos están por irse. “Se ha realojado a familias vulnerables, pero hay casas que están bien”, dice García, que cree que muchos residentes se negarán a marcharse por las buenas si no reciben una indemnización, como mencionaba de pasada el texto del Pacto por la Cañada Real de 2017. “El proceso se va a judicializar y hay grandes posibilidades de que se alargue durante años”, augura.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, protestó el pasado 18 de marzo, en la presentación del informe anual de la institución, porque la Comunidad de Madrid todavía no había respondido a sus recomendaciones de noviembre, que apuntaban a suscribir contratos individuales de suministro para las viviendas de los sectores 5 y 6, y garantizar el servicio a este último tramo con carácter de urgencia. El plan de realojo “no sirve de excusa”, insistía. Sobre este silencio, la Comunidad de Madrid no se pronuncia en una respuesta por correo electrónico. Sí, responde, aunque parcialmente, sobre cuándo se recuperará la luz: “Lo debe ordenar el juzgado a petición de la Fiscalía”, alegan en el departamento. Pero esta reposición se refiere a los sectores 3 y 4, en los que se desconectó el suministro para facilitar la reciente redada, y no al sector 6, donde los cortes se remontan a octubre de 2020.
Frentes abiertos
“Se están dando los pasos necesarios, en coordinación con las administraciones públicas implicadas a nivel regional y local, para que, próximamente, puedan concretarse actuaciones específicas encaminadas a solucionar la ausencia de este suministro básico”, respondió Óscar López, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, a la Plataforma Cívica de apoyo a la lucha por la luz en Cañada Real. Esto fue el 3 de marzo. Mientras tanto, los vecinos temen ahora que unas obras que pretende realizar la empresa eléctrica para cambiar el tendido y garantizar el suministro a los clientes con contrato supongan dejar sin acceso definitivo a la red a quienes no lo tienen. “La actuación prevista contempla trabajos de mejora de la red para el suministro a los clientes con contrato”, alega Naturgy, que no responde a las dudas planteadas.
Otro frente es el que avanza en el Juzgado de Instrucción número 42 contra Naturgy y la Comunidad de Madrid. Los vecinos denunciaron unas posibles coacciones para impedir el uso de la vivienda y trato degradante. Tras un primer archivo, la Audiencia Provincial mandó reabrir la causa y ordenó un peritaje judicial sobre el estado de la línea que ya figura en el expediente. Según explica el portavoz vecinal, el estudio señala el mal estado de la instalación en el sector 6, que es mucho más pasable en el 5. Pero también “declara que la potencia que circula por los sectores 5 y 6 es un 30% inferior a la de 2018”. Esto demostraría, según García, que Naturgy ha disminuido la capacidad de las líneas. “Son hechos, no es opinable, pero se lo decimos al comisionado y responde 'no sé'”.