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La dirección del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, ha querido tranquilizar a sus empleados tras la publicación de las últimas informaciones que apuntan a que pagaron a una empresa de la Púnica por mejorar la reputación online de Ignacio González, entre otros altos cargos regionales. El propio Ayuntamiento de la capital ha advertido al Canal de que emprenderá acciones legales contra él si se confirman las informaciones le vinculan con la trama.
La relación del Canal con la Púnica ha salido a la luz tras conocerse el contenido de la declaración ante el juez del hermano de Alejandro de Pedro, señalado como el “conseguidor” de la trama corrupta. Adrián de Pedro relató ante el juez Eloy Velasco que el Canal pagó la “facturación ficticia” a las empresas de su hermano por los trabajos de reputación en internet para mejorar la imagen de cargos de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentra su expresidente.
La Comunidad de Madrid utilizaba de esta manera una empresa pública para camuflar los pagos a las empresas de De Pedro, Eico y Madiva, implicadas en la Púnica. Según el juez que instruye el caso, esos pagos fueron una orden del exconsejero de presidencia, Salvador Victoria, imputado en la causa. Unos pagos que debían realizarse en efectivo, señala Velasco en su auto del pasado 25 de junio, conocido ahora.
Además, según publica El Confidencial, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sospecha que el Canal amañó un contrato millonario de publicidad con el fin de financiar ilegalmente al PP de Madrid. El responsable de la empresa que ganó el concurso ha admitido que se reunió con Victoria poco antes de que le adjudicasen un contrato por un importe de 5,5 millones de euros.
Así, en una comunicación dirigida a sus empleados y a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Canal de Isabel II niega el contenido de la declaración de Adrián de Pedro. No se han realizado “pagos ajenos” a su actividad, dice el texto, rechazando así que el Canal formase parte de la trama para mejorar la reputación de altos cargos regionales del PP.
El comunicado enviado en la mañana del pasado jueves está firmado por el director general del Canal, Adrián Martín López de las Huertas. Comienza restando importancia a las informaciones que, dice, “ya fueron publicadas el verano pasado”, y añade que sus instalaciones no han sido objeto de registro, ni se han requisado ordenadores u otros dispositivos.
El Canal cuenta con “protocolos y procedimientos de licitación”, continúa el texto, que “aseguran el máximo control” de los recursos de la empresa, a fin de evitar “que puedan desviarse fondos a fines distintos de los previstos”. En cualquier caso, finaliza el comunicado, el Canal ofrece su colaboración con la Justicia, en caso de que ésta lo requiera.
Desde el Canal restan importancia al comunicado y aseguran que ya se ha informado en otras ocasiones sobre estos temas, y lo enmarcan dentro de las comunicaciones habituales que se hacen a los empleados, como cuando se les informa “sobre la paga extra”.
Sin embargo, algunos trabajadores de la empresa se muestran sorprendidos, porque aseguran que es la primera vez que la dirección se dirige a ellos sobre un asunto de este tipo. Se les envían noticias y se cuelgan comunicados en su red interna, pero afirman que siempre relacionadas con la actividad del Canal, y nunca sobre informaciones relacionadas con la corrupción.
La circular de la dirección del Canal a sus empleados llega un día después de que el Ayuntamiento de Madrid haya advertido de que, si se confirman las informaciones que apuntan a irregularidades en los contratos, emprenderá acciones legales. Lo hizo este miércoles, durante la reunión del Consejo de Administración, donde el Consistorio tiene asiento en base al 10% de acciones que posee.
Allí, el coordinador del área de Medio Ambiente y Movilidad, José Antonio Díaz, ha exigido una explicación clara sobre los contratos investigados en la trama Púnica, y ha pedido al Canal explicaciones sobre la gestión de la entidad: “Es necesario conocer cómo se han elaborado los contratos y si de ellos o parte de ellos se han podido derivar actuaciones no previstas en el objeto de los mismos”.
En un comunicado, el Ayuntamiento explica que a Junta de Accionistas está revisando las cuentas de 2015, y que esos documentos se van a enviar al Registro Mercantil de Madrid antes de que termine el mes de marzo. Sin embargo, el Consistorio considera que la urgencia recae ahora sobre las contrataciones de 2014, a las que afecta la investigación sobre la trama Púnica.
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