Los dos responsables de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que han acudido este lunes a declarar en la segunda sesión de la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid sobre el supuesto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han coincidido en afirmar que es “imposible” que desde la propia empresa pudiera haberse contratado a la agencia de detectives o encargado el espionaje porque existen controles exhaustivos que lo habrían detectado.
La primera compareciente, María Teresa Peral García, jefa del departamento de contratación de la EMVS, ha señalado que se enteró del caso del supuesto espionaje escuchando la radio: “No daba crédito a lo que estaba escuchando”, ha reconocido ante la comisión. Pero de inmediato ha asegurado que “no se había iniciado ningún expediente de estas características” en la EMVS. Además, según Peral García, si alguien hubiera decidido poner en marcha unos servicios de espionaje o de seguimientos “se habría abierto un expediente y el superior diría: '¿Esto qué es?'. Esto no se puede hacer”.
Peral ha explicado que los controles que se siguen para cerrar contratos se ajustan a los procedimientos marcados por la ley: “Nosotros tramitamos estos contratos a través de una aplicación y los verificamos, garantizándose la confidencialidad de todos los procesos”. Además, se inscriben en los registros de contratos del Ayuntamiento de Madrid y son posteriormente fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
Poco después, su superior, gerente de la empresa pública, José Antonio Acosta, ha ratificado lo mismo. Pero Acosta luego ha añadido por su parte que si “hubo un mal ciudadano, por llamarlo de alguna forma” —del que ha dicho que no sabe quién es— que contactó con la agencia de detectives Mira para hacer ese encargo sin su conocimiento ni el de la dirección de la empresa es que “no tiene ni puñetera idea de cómo funciona” ni una empresa pública ni la Administración. Acosta ha afirmado que, de haber conocido esos supuestos hechos, “no lo hubiera consentido y lo hubiera denunciado, sin ninguna duda”.
El Gerente ha iniciado su comparecencia haciendo un alegato de la transparencia de la EMVS en su funcionamiento y ha explicado que se enteró de los hechos “bochornosos, inmorales e ilegales” del supuesto espionaje con recursos municipales por las informaciones de los medios de comunicación publicadas el pasado 16 de febrero.
Previamente —según ha narrado— en una reunión celebrada un mes antes en el edificio APOT —sede del área de Urbanismo del Ayuntamiento—, el 12 de enero, el presidente de la empresa, Álvaro González, y consejero delegado, Diego Lozano, le invitaron a salir de una reunión para charlar fuera de ciertos asuntos y él pensó que podía ser sobre algo relacionado con su trabajo, lo que le inquietó. Sobre todo al ver aparecer por allí de repente al concejal de Medio Ambiente, Borja Carabante. “Me sorprendió, no tenía ni idea de que hubiera una segunda reunión. Me quedé descolocado porque me pareció extraño”. Pero luego le dijeron: “Olvídate, no pasa nada”, y eso le “alivió”, por lo que no volvió a saber nada hasta febrerocuando estalló el caso.
Creen que Almeida no hizo ninguna investigación interna
Por las declaraciones de los dos altos cargos, todos los portavoces de la oposición, menos el de Vox, que ha renunciado a preguntar, han deducido que en realidad Almeida no realizó ninguna investigación interna para averiguar lo ocurrido, como había dicho el alcalde en su comparecencia del día siguiente de conocerse el supuesto caso de espionaje, y si lo hizo fue muy someramente. “Jamás se produjo dicha investigación”, sentenciaron al finalizar las comparecencias tanto Rita Maestre, de Más Madrid, como José Manuel Calvo, del Grupo Mixto, mientras Mar Espinar, portavoz del PSOE. ha remachado: “Hay dos meses muertos en el que el alcalde no informa absolutamente a nadie del Ayuntamiento de lo que estaba pasando cuando él ya lo sabía”.
Tanto Peral como Acosta han defendido al jefe de Comunicación de la Vivienda, David Fernández, que dimitió de su cargo pocos días después de que saliera a la luz pública el caso. La jefa de Contratación ha descartado que él haya tramitado algún expediente dentro de la empresa porque no era su competencia. Y el gerente, que fue quien le contrató, ha reconocido su trabajo: “Me sorprendió su dimisión porque hizo una labor magnifica, lo estaba haciendo bien”. “Me dijo que tenía una buena oferta”, añadió, desvinculando su marcha con el caso del supuesto espionaje.
La segunda sesión de la comisión de investigación ha estado marcada por las ausencias de Ángel Carromero, exdirector de coordinación de la alcaldía, que dimitió tras saltar el escándalo, y la de Mercedes González, la delegada de Gobierno, que no han podido acudir y han pedido que se les busque otro hueco. Ninguno de los citados tiene la obligación de ir.
Los que ni siquiera han contestado a los requerimientos de la presidencia de la comisión, que ostenta Ciudadanos, han sido el dueño de la empresa de detectives Mira, Julio Gutiez, y la diputada del PP y presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul. El próximo miercoles, a las cuatro de la tarde, están citados el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, y David Fernández, el jefe de comunicación de la EMVS que dimitió. Pero ninguno de los dos ha dicho aún si se presentarán.