La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no pasa por su mejor momento político a un año de la cita con las urnas. Pese a sus intentos de separarse del PP de la Púnica y la Lezo, las acusaciones del exvicepresidente Francisco Granados que la señalan como parte de la cúpula del partido que avalaba métodos ilegales para financiar las campañas han vuelto a tejer el hilo que la vincula con la corrupción del pasado. La foto de la dirigente sometiéndose a las preguntas de diputados de la oposición en el Congreso sobre la caja B del PP “hace daño” diga lo que diga y haga lo que haga, coinciden fuentes populares.
La comparecencia, a la que la presidenta acude “tranquila, para dar las explicaciones que haga falta” –dice su entorno–, es el colofón de unas semanas en las que Cifuentes ha intentado contrarrestar la mala prensa a golpe judicial, por un lado, con la querella presentada contra Granados por señalarla sin pruebas; y, por otro, con grandes anuncios desde el Gobierno. Los más importantes: una megarreforma del hospital público La Paz a diez años vista y una batería de nuevas rebajas fiscales que empezarían a funcionar en año electoral si Ciudadanos da su respaldo.
Las relaciones con el socio de investidura se mantienen, entre tanto, en calma tensa. Estirando sin romperse y con las encuestas dando cancha a los de Rivera frente a los populares, que son conscientes de que hay una parte de su electorado que mira a Ciudadanos como opción posible en las urnas. El desagüe está abierto porque la marca PP y sus siglas, asumen algunos en el partido, “están manchadas”.
Convencida de que no será imputada
Para salir de ese cerco, Cifuentes sigue siendo “la mejor opción” para el grueso del partido y del Gobierno. “No hay duda, está a otro nivel”, dicen fuentes del PP, que no contemplan a día de hoy otra posible candidatura. No existe plan B porque todos ponen la mano en el fuego por que la presidenta no será imputada.
Ni por las acusaciones de Granados ni tampoco por el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid que, presuntamente, sirvió para financiar al PP de Madrid. Esa licitación se produjo con Cifuentes al frente de una mesa de contratación cuyos integrantes, según la Guardia Civil, actuaron para “favorecer de manera preconcebida” al empresario Arturo Fernández.
Los agentes de la UCO interrogaron a todos los miembros de esa mesa salvo a Cifuentes, mientras que el juez, por ahora, solo ha tomado declaración a Tatiana Recoder, jefa de los servicios jurídicos, que siempre ha defendido la legalidad de esa adjudicación. Fue la primera vez que Púnica llamó directamente a la puerta del despacho de la presidenta y el motivo que la llevó a pasar por las preguntas de la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid el pasado mes de junio. La oposición ha intentado sin éxito que vuelva a este foro para responder por otro asunto: la “providencia traspapelada” que le daba vía libre a entregar a los diputados documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo.
Un error en un mal momento
En la última semana los grandes anuncios de Gobierno se han tropezado con un error de la propia presidenta que ha terminado tumbando en la Asamblea de Madrid su propia ley de universidades, uno de los proyectos estrella de la legislatura. El texto tendrá que volver al punto de partida cuando el tiempo apremia después de que se olvidara de pulsar un botón en la votación de la enmienda de Podemos, que salió adelante y luego quedó anulada al retirar el Gobierno el proyecto. El equilibrio actual de diputados, con la ausencia del portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado, de baja de paternidad, es total: Podemos y PSOE suman los mismos diputados que PP y Ciudadanos, lo que genera empates constantes en las votaciones.
El PP asume, como el resto de partidos, que lo que pase en Madrid en las autonómicas será el termómetro de las urnas de 2020. No revalidar la región, uno de los grandes feudos populares, conllevaría un precio que no se puede permitir.