El juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo confirmó el 18 de agosto a la Comunidad de Madrid que no tenía que darle ningún permiso para que entregara a la oposición decenas de documentos relacionados con los pelotazos en Latinoamérica relacionados con el caso Lezo o las reuniones del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que le estaba negando.
Desde entonces hasta este viernes, el Gobierno ha desmentido hasta en tres ocasiones, por escrito y en sede parlamentaria, que existiera esta resolución, a la que accedió eldiario.es y que ha dejado sin argumentos jurídicos al Ejecutivo para continuar vetando el acceso a la información a los diputados.
La oposición interpreta este episodio como la evidencia de que el Gobierno “ha intentado ocultar información y ganar tiempo” en un momento crítico para las causas judiciales que acechan a los cuatro presidentes del PP que ha tenido la Comunidad de Madrid. Así lo ha manifestado el PSOE, que califica de “escándalo” lo ocurrido. Podemos, por su parte, acusa al Ejecutivo de “mentir por escrito y en sede parlamentaria” y Ciudadanos condena que Cifuentes haya tenido cinco meses una respuesta judicial “guardada en un cajón”.
Mientras, el Ejecutivo regional justifica que “nadie” tuvo conocimiento hasta el viernes, “y mucho menos la presidenta”, de la respuesta de la Audiencia Nacional y responsabiliza a un alto cargo, al que ha cesado, de no comunicar “a sus superiores” la llegada de la providencia por un “error humano”. Se trata de Sebastián Sánchez, exsubdirector general de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo, informa ABC.
Recopilamos las tres ocasiones en las que el Gobierno dijo no tener la resolución que daba vía libre a pasar decenas de documentos sobre, entre otras cuestiones, los pelotazos en Latinoamérica investigados en el caso Lezo o las reuniones del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.
En otras tantas, el Ejecutivo ha despachado las peticiones de información de la comisión de investigación sobre la corrupción con el argumento de que esperaba aún el pronunciamiento del juzgado, cuyo contenido ha desmontado después la premisa de Cifuentes: que hiciera falta un permiso judicial para entregar unos documentos a los que tienen derecho los diputados.
23 de octubre
eldiario.es publica que el Gobierno regional está negando a la oposición la información del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo y, en concreto, el acta del Consejo de Administración de la empresa pública de aguas en el que se creó la sociedad que iba a gestionar todos sus negocios y donde participó activamente Cifuentes.
Las explicaciones que da la Comunidad de Madrid a este medio para justificar su negativa es que se envió una carta al juez instructor para pedirle permiso (premisa que no tiene “base legal”, según el juzgado) y que aún no había respondido. Las fuentes del Ejecutivo consultadas ahondaron, además, en que la supuesta demora la habían interpretado como una negativa a autorizar el envío de información.
2 de noviembre
Pleno de la Asamblea de Madrid. La portavoz y diputada de Podemos Lorena Ruiz-Huerta pregunta a Cristina Cifuentes que “cómo va a colaborar su gobierno en el caso Lezo”. La presidenta le responde escuetamente y, tras una primera réplica, Cifuentes presume de que “ha contestado a más de 600 peticiones de información sobre el Canal”. A renglón seguido, hace una referencia expresa a la consulta a la Audiencia Nacional, cuya respuesta ya ha llegado pero obvia. “Hemos pedido al juez instructor el día 1 de agosto una consulta sobre si debemos mandar la documentación y haremos exactamente lo que el juez nos diga”, afirma.
24 de noviembre
En noviembre, la Mesa de la comisión de investigación sobre la corrupción solicitó expresamente al Gobierno la copia de la providencia del juzgado de instrucción en respuesta a su consulta. El Ejecutivo contestó que “hasta la fecha”, el 24 de noviembre, no se había “recibido respuesta a la carta enviada por el Gobierno”, según el escrito firmado por la directora general Blanca Pinedo Texidor, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Un mes después, el equipo de Cristina Cifuentes siguió enrocado en que la resolución no estaba en sus manos. Tanto como para solicitar un nuevo informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para saber si el levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo afectaba “al deber del Consejo de Gobierno de facilitar la información solicitada” y hacer una nueva consulta al juzgado, según figura en su respuesta a la última petición de información de la oposición el pasado 26 de diciembre, que incluía una nueva tanda de expedientes, informes y actas que nuevamente fueron vetados.
El Ejecutivo ha prometido entregar este lunes en la Asamblea de Madrid toda la documentación negada durante meses a la oposición mientras los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, estudian de qué manera pedirán explicaciones al Gobierno por lo sucedido y sus próximas acciones al respecto.