Dice el refranero español que a la tercera va la vencida, pero también afirma que no hay dos sin tres. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso parece haberse encomendado a la primera fórmula para relanzar, de nuevo, el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia, porque la segunda lo aboca irremediablemente al fracaso. Lo puso en marcha Esperanza Aguirre en 2004. Lo intentó reflotar en 2015 Ignacio González. Ahora, la presidenta regional pretende que con esta nueva intentona, este proyecto, que ha dejado por el camino una sombra de sospecha, imputaciones y millones de euros de dinero público mal gestionado, esté operativo definitivamente para 2025.
La Comunidad de Madrid se encuentra ultimando los detalles para publicar el pliego de la concesión de la obra y la explotación de este macro recinto. La Ciudad de la Justicia contará con 17 edificios y un aparcamiento de casi 5.000 plazas. Su presupuesto estará en torno a los 500 millones de euros y, según ha explicado el consejero de Justicia, Enrique López, “será un modelo de colaboración público-privada ajustada a la ley”. En una entrevista en Expansión, ha indicado que “el adjudicatario se encargará de las obras y explotación” mediante el pago “de un canon que estará en torno a los 50 millones de euros durante 35 años”.
Es decir, la empresa que se lleve el contrato recibirá unos 1.750 millones de euros de las arcas públicas madrileñas a lo largo de ese periodo. Además, dispondrá de los derechos de explotación de los locales comerciales que se construyan en el complejo durante el mismo tiempo y que, por tanto, no podrá ingresar la Comunidad. A cambio, la adjudicataria tendrá que hacer frente a los costes de la obra, valorados en unos 500 millones de euros.
“Queremos que la obra esté adjudicada a finales de 2022 o a principios del próximo año, y que la construcción comience esta legislatura. Lo normal es que la duración de las obras se alargue dos años y, por eso, calculamos que estará en funcionamiento en 2025”, ha explicado López sobre un proyecto que se presentó el pasado mes de noviembre y que comprometerá a la Comunidad, gobierne quien gobierne, al menos hasta el año 2060.
Todo empezó, como tantas otras cosas en la senda neoliberal de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre. En 2004, la entonces presidenta autonómica dijo que “hablar del campus de la Justicia de Valdebebas es hablar del mayor y más moderno complejo judicial de Europa” y dio la “enhorabuena a los madrileños aunque hoy todavía no lo vean”. “Podrán comprobarlo cuando funcione”, afirmó sobre un complejo que pretendía aglutinar en un mismo espacio a todas las sedes judiciales de la capital y que 18 años después de aquellas declaraciones no existe. Por el camino, ha enterrado más de 100 millones de euros de dinero público en contratos que investiga la Audiencia Nacional.
Una primera piedra de 1,4 millones de euros
En 2007, Aguirre puso la primera piedra del macroproyecto, en un evento que se realizó a bombo y platillo y que costó 1,4 millones de euros. Una de las empresas que se hizo cargo de esa factura pertenecía a José Luis Ulibrarri, un constructor implicado en Gürtel que luego recibió contratos que nunca llegaron a cerrarse. El empresario ha sido condenado a un año y medio de cárcel tras confesar los delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública y por prevaricación en la trama que afecta a algunos municipios madrileños gobernados por el Partido Popular, lo que le ha permitido ver rebajada su pena.
En 2009, la crisis económica azotaba España y la Comunidad dejó el proyecto de la Ciudad de la Justicia en punto muerto. El objetivo inicial era construir 15 edificios, pero entonces solo se había comenzado a levantar uno. En julio de 2020, el Gobierno de Ayuso aprobó una partida de 4,3 millones de euros para terminar de construir el conocido como 'donut', por su forma, un edificio de 13.500 metros cuadrados, y convertirlo en el Instituto Anatómico forense de Madrid. El recinto ya había sido utilizado como morgue en lo peor de la pandemia, para lo que hubo que destinar otros 40.000 euros para el acondicionamiento de las instalaciones. Era la primera vez que se le daba uso al recinto, pese a que se había destinado a él millones de euros. Ya entonces el Ejecutivo madrileño comenzó a deslizar su interés por recuperar el proyecto.
Esta era una idea que ya había tentado a Ignacio González. El presidente madrileño entre 2012 y 2015 intentó recuperar el proyecto a su llegada y de nuevo antes de su salida de la Puerta del Sol. Primero trató de adaptar el proyecto de Aguirre, que había contado con arquitectos de reconocidísimo prestigio internacional y altos honorarios, como Zaha Hadid o Norman Foster, con otros equipos más baratos. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid rechazó la idea, al considerar que cualquier modificación del plan inicial exigía “una nueva tramitación”.
Después, la Comunidad inició un nuevo proyecto. Para él, consideró que “la oferta técnica y económica de la UTE de Acciona y OHL” había sido “la mejor valorada” para rescatar el macro complejo. No obstante, el Ejecutivo autonómico se encontraba en funciones, por lo que prefirió esperar antes de aprobar la adjudicación. “Tenemos competencias, pero queremos dejar las manos libres al nuevo equipo, que sea quien decida si lo adjudica o no”, señalaron entonces.
La previsión en aquel momento era plantear un canon de 45 millones de euros durante 30 años. Cinco millones menos al año durante cinco años menos que lo anunciado ahora por el consejero de Justicia. La sucesora de González fue su compañera de partido Cristina Cifuentes, que decidió suspender la adjudicación que había dejado encarrilada el anterior Ejecutivo. Durante su mandato, la Cámara de Cuentas ya tenía puesto el foco en el proyecto de Aguirre. Desde 2016, los grupos de la oposición habían ido trasladando a este organismo documentación sobre las irregularidades en las adjudicaciones que habían dejado un agujero de 100 millones de euros en las arcas públicas. En 2018 la propia Cifuentes envió a la Fiscalía un informe sobre las irregularidades elaborado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid, un mes después de que lo hicieran el resto de grupos y tras negarse a acompañarles.
Un Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas motivó una investigación por parte de la Audiencia Nacional, que está pendiente de juicio. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el consejero de Justicia de Aguirre, Alfredo Prada, que era también presidente y consejero delegado de CJM, la empresa pública que se creó para la gestión del proyecto, ocho años de cárcel y trece de inhabilitación absoluta y para otros cinco altos cargos y asesores de aquel Gobierno seis años de prisión y diez de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública. Entre ellos se encuentra también Andrés Gómez Gordo, el director del área de Seguridad y un hombre muy vinculado al Partido Popular. Había trabajado para María Dolores de Cospedal durante su presidencia en Castilla-La Mancha y fue imputado en Kitchen por su presunta participación en el caso del espionaje a Bárcenas.
Contratos por 330 millones sin “documentación justificativa”
El ministerio fiscal considera que entre 2005 y 2008 se adjudicaron contratos por valor de más de 330 millones de euros en los que “se ha acreditado, en general, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad o de rendición de las cuentas”. Además, indica en un escrito que “los acusados concertaron contrataciones de CJM con deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación” que provocó “una selección del adjudicataria al margen del procedimiento y, en numerosas ocasiones, previamente al mismo”.
Por su parte, la Cámara de Cuentas emitió un informe en destacada “la ausencia de certeza” de que se “haya producido daño a los caudales públicos” porque “con carácter general” los pagos que efectuó la Comunidad de Madrid corresponden a prestaciones que sí llegaron a ejecutarse, con independencia del “grado de formalidad” de los mismos.
Antes de estos pronunciamientos, el consejero de Justicia de Cifuentes, Ángel Garrido, admitió que el dinero invertido en el proyecto de Aguirre no había servido “para absolutamente nada” y trató de marcar distancias con el de Ignacio González. Ante el bloqueo de este segundo intento, las empresas que habían sido señaladas como adjudicatarias llevaron a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por no ratificar la adjudicación de las obras. El Tribunal Superior de Justicia madrileño emitió una sentencia en 2017 en la que no les daba la razón.
Desde el equipo de Cifuentes se felicitaron por una sentencia que ponía fin a un proyecto que “no solo no respondía a las necesidades reales de la Justicia madrileña, sino que además estaba viciado y bajo sospecha desde su inicio”. La decisión judicial ahorraba a la Comunidad un gasto previsto de 1.750 millones de euros. Con todo, no renunciaban a “realizar en un futuro un proyecto sensato”. La decisión del Tribunal Superior de Justicia fue recurrida ante el Supremo, lo que alargó la resolución de este conflicto tres años más.
En marzo de 2020, el Alto Tribunal ratificó aquella sentencia y dejó las manos libres a la Comunidad de Madrid, ya bajo la tutela de Isabel Díaz Ayuso, para plantear el tercer intento del macroproyecto que llevaban casi dos décadas intentando levantar los sucesivos presidentes conservadores de la región. En septiembre de 2019, la presidenta ya había avanzado que era “prioritario” concentrar los edificios destinados a justicia en una sola sede. “En cuanto se produzca la decisión, acometeremos las acciones necesarias para concentrar los edificios del partido judicial de Madrid en la zona de Valdebebas”, advirtió Enrique López después.
Dicho y hecho. En cuanto se conoció la decisión del Supremo, Ayuso admitió que la sentencia “despeja el camino para los planes” de la Comunidad de Madrid para la concentración de sedes judiciales y se puso manos a la obra para lanzar el tercer intento. En diciembre de ese mismo año, su Consejo de Gobierno autorizó que se sacase a concurso público el contrato para la elaboración del estudio de viabilidad del nuevo proyecto, por otros casi 250.000 euros, que estuvo listo en noviembre de 2021.
“La mayor infraestructura judicial del sur de Europa”
Con el resultado de este informe, que se amoldaba a los deseos del Ejecutivo en cuanto al modelo de concesión, la Comunidad comenzó a trabajar en los pliegos de la adjudicación que está ultimando en estos momentos para concentrar los 356 órganos jurisdiccionales que actualmente se encuentran repartidos en 28 sedes en un mismo complejo de 17 inmuebles. La Comunidad estima que con su plan se ahorrarán 20 millones de euros al año en la gestión y el mantenimiento de los edificios, en gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministros o archivo, entre otros.
La cuenta que hace el Ejecutivo madrileño se basa en que actualmente se invierte en la administración de Justicia 72 millones de euros, en los mismos conceptos por los que comenzarán a pagar 50 millones una vez que esté construida y comience a operar el complejo de Valdebebas. Sin embargo, son cifras que hay que coger con pinzas, porque en ese cálculo no tienen en cuenta lo que la Comunidad dejará de ingresar por la explotación de los locales de uso terciario, de la que disfrutará la empresa adjudicataria durante 35 años.
“La mayor infraestructura judicial del sur de Europa”, dice la Comunidad, contará con más de 375.000 metros cuadrados de edificabilidad, un 65% más que la estructura actual y casi el doble que la proyectada por Aguirre. El consejero de Justicia ha adelantado el deseo del Ejecutivo de que la obra esté adjudicada a finales de 2022 o a principios del próximo año y que la construcción comience antes de las elecciones de 2023. Es decir, la primera piedra se pondrá unas semana antes de acudir a las urnas, quizás sin tanta pompa como se hizo en 2007. Quizás también, por esas fechas, se señale el juicio contra el consejero de Esperanza Aguirre y sus otros cinco altos cargos y asesores por prevaricación, malversación y fraude a la Administración a cuenta de un proyecto infructuoso que ahora se quiere reeditar.