Las claves del escándalo de FP que acecha al Gobierno de Ayuso: contratos fantasma, facturas troceadas y orden de guardar silencio

La Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso construyó al menos dos centros de FP sin contrato, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin pasar ningún control económico. Uno de los casos ha sido enviado a la Fiscalía ante los indicios de que pueda haber delito de corrupción. ¿Quién lo ordenó? ¿A cambio de qué? ¿Hay más adjudicaciones con ese mecanismo? Estas son algunas preguntas y respuestas sobre el escándalo que acecha políticamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

¿Qué ha pasado?

La Consejería de Educación ha construido, al menos, dos centros millonarios de FP fuera de presupuesto, sin contrato ni expediente público que los sostuviera, incumpliendo la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Para hacer una obra en un centro público que cueste más de 40.000 euros más IVA, la legislación obliga a sacarla a concurso. Esto supone un proceso largo y lleno de garantías en el que se redacta un pliego de condiciones del contrato, un pliego de características técnicas, se publica para que se presenten diversas ofertas y una mesa de contratación decide cuál es la más conveniente –técnica y económicamente– para los intereses del sistema público. Todo esto se obvió y las dos obras del Gobierno de Ayuso se hicieron bajo el radar del sistema y fueron encargadas a dedo.

La única manera de pagarlas sin levantar sospechas, ya que no había contrato al que endosar los recibos, era troceando el coste de la obra en facturas menores de 40.000 euros más IVA, fingiendo que no eran parte de una mismo proyecto y que eran contratos menores independientes. Para no levantar sospechas, se pagaba de la manera más atomizada posible: desde diversos institutos y centros públicos salía dinero a diversas filiales de la misma empresa.

¿A qué centros afecta?

A dos centros de los más grandes de Madrid. El primero que se conoció fue el Ciudad Escolar, en San Fernando. Allí se levantó un hospital escuela para que los alumnos de la rama de FP sanitaria hicieran prácticas con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Se ideó para que fuera “reversible” y se pudiera convertir en hospital en caso de pandemia (se empezó a construir en 2021). Los directores de los institutos públicos Ciudad Escolar y el aledaño instituto Hotel Escuela desembolsaron más de 700.000 euros de sus cuentas y quedaron impagados más de 1,6 millones. Uno de directores señaló a elDiario.es que simplemente hicieron lo que les pedían desde arriba: “Seguimos las órdenes de la Dirección General”.

Al año siguiente se empezó a construir la Escuela de Arte Alcalá con el mismo sistema de pago para abonar 1,2 millones de euros. Se demolió una planta de más de mil metros cuadrados y se levantó un centro de diseño y arte de FP. En este caso, los desembolsos salieron desde tres cuentas públicas diferentes: el Instituto Antonio Machado, la propia Escuela de Arte y el Conservatorio Profesional de Música, que abonaron en facturas fraccionadas todo el importe.

¿De dónde salieron todos esos millones?

De las cuentas de los propios institutos. Reciben tanto ingresos ordinarios de funcionamiento como extraordinarios (fondos europeos, Next Generation, del Ministerio de Educación...). Los centros tienen autonomía financiera y son los directores y los equipos directivos los que pueden decidir y los que pueden gastar el dinero (siempre que se trate de contratos menores) con la correspondiente factura y registro de gastos e ingresos. El único control extra que tienen es el Consejo Escolar –formado por profesores, padres y alumnos–.

Según explican fuentes expertas en política educativa, las últimas leyes y sus reformas no han abordado este asunto y han dejado en manos de los directores, personal sin formación financiera o jurídica, la gestión económica de los centros. Estas fuentes aclaran que los directores suelen seguir las órdenes que se les da en el caso de asuntos financieros precisamente porque no es su ámbito de formación. La situación se ve agravada en el caso de la FP, que ha recibido desde 2020 fondos millonarios del Gobierno y de Europa como apuesta estratégica educativa. Como ejemplo, solo el instituto de FP Luis Vives de Leganés recibió en 2023 más de 1,3 millones de euros para invertir, según datos oficiales de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo se conoció el caso?

Fue el propio empresario que construyó el centro sanitario de Ciudad Escolar el que dio la voz la alarma al ver que no le pagaban. Empezó a reclamar a los directores de instituto y, a la vista que pasaban los meses y tenía que hacer una suspensión de pagos, empezó a enviar burofaxes a la Dirección General, al departamento del consejero de Educación, Emilio Viciana, e incluso se reunió con un asesor de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que le prometió que arreglarían la situación. Defiende que siempre siguió los procedimientos que se le dijeron, como consta en algunos correos electrónicos a los que ha tenido acceso elDiario.es.

¿Qué ha hecho la Consejería de Educación?

Después de recibir el burofax con la reclamación de pago, y comprobado que no existía ese contrato de manera oficial en ningún departamento, abrió una investigación por el caso de Ciudad Escolar y un inspector entrevistó a funcionarios y al empresario. Al acabar su instrucción, recomendó que el caso se pusiera en manos de la justicia, a la vista de la gravedad de los hechos y la posibilidad de que se hubiera cometido un delito, según el escrito enviado a Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es. Educación mantuvo el caso oculto hasta que elDiario.es lo publicó. En ese momento, el departamento del Gobierno madrileño admitió el procedimiento y envió una nota a agencias de información y medios.

En el caso de la Escuela de Alcalá, desvelado también por este medio, es Educación quien lo está investigando internamente, pero no ha dado traslado a Ministerio Fiscal, pese a que es exactamente el mismo modus operandi.

¿Es un caso de corrupción?

La ley dice claramente que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”. Es el delito por el cual se condenó a Laura Borrás a cuatro años de cárcel. En su caso, por trocear en 18 contratos un total de 330.000 euros. En el caso de la FP son casi cuatro millones de euros fraccionados. Existe la posibilidad de calificar el hecho como una regularidad administrativa o como un delito, en caso de que se haya cometido la arbitrariedad a sabiendas, que es lo que se deduce de la decisión de la propia Consejería de elevarlo a la Fiscalía para que investigue. El importe de la obra era también evidentemente superior a 40.000 euros, por lo que no se podría aducir desconocimiento. La actuación en la FP encajaría en el ámbito de los tipos penales por corrupción, específicamente prevaricación, la misma que se aplicó a la líder de Junts.

¿A quién salpica?

En el escrito remitido por la propia Consejería a la Fiscalía se cita a Alfonso Mateos –entonces subdirector de FP en la Comunidad de Madrid– como la persona que da las órdenes de pago y las organiza, según han relatado a la inspección los dos directores de instituto que hicieron los desembolsos de dinero público. Mateos fue cesado de manera fulminante en el mes de marzo y ha vuelto a su plaza de profesor de FP. Ha rechazado hablar con elDiario.es. Además, Educación ha abierto un expediente disciplinario a los dos directores de instituto que pagaron, quienes en su relato insisten en que siguieron órdenes. En el caso de la Escuela de Arte no se ha tomado ninguna medida y fuentes oficiales dicen que está en investigación. En los correos de Alcalá también aparece Mateos como el interlocutor cuando surgieron dudas sobre los pagos.

¿A cambio de qué?

Esta es una de las grandes preguntas sin resolver. Las posibilidades son muchas. El empresario que lo denunció niega ningún tipo de mordida, ni en efectivo ni en especie (como obras en domicilios personales), algo en lo que coincide uno de los directores de Ciudad Lineal, que asegura que no sabía ni la empresa que lo hacía. Otra posibilidad es que se hiciera así para poder gastar un dinero que 'caducaba', por ejemplo, fondos específicos para digitalización o de prácticas que estaban en las cuentas de los institutos y que si no se gastaban se tenían que devolver. La negligencia o el desconocimiento es poco verosímil dada la envergadura de las obras, más cuando en la administración existen procedimientos claros y Educación tiene un departamento específico, la Dirección General de Infraestructuras, que se encarga de licitar este tipo de obras, algo que hace todos los años. Por qué en algunas se optó por un sistema opaco e ilegal es algo que todavía no se conoce y nadie en la Consejería contesta.

¿Nadie más arriba de un subdirector sabía que se estaban fraccionando contratos millonarios?

Fuentes conocedoras del caso y del funcionamiento de la Consejería coinciden en que no es creíble que un subdirector de Política Educativa y cuatro directores de instituto (que son profesores con cargo) armaran solos esas dos obras millonarias. Para una construcción de estas características se necesitan permisos, proyectos, validación, licencias, y ninguno de ellos tenían conocimientos ni capacidad para resolver toda esta parte técnica.

En el caso de Alcalá conocían las obras tanto el departamento de Infraestructuras –que pidió los planos y el proyecto al empresario– como el responsable del área este (la llamada Dirección de Área Territorial, DAT). Era Jorge De la Peña, número dos del PP del Alcalá y hoy director general de la educación concertada. Este alto cargo de Ayuso no solo conoció la obra, sino que la visitó en persona, pidió algunas modificaciones en su climatización y se intercambió correos con el constructor.

¿Quiénes eran los responsables políticos entonces?

El actual consejero, Emilio Viciana, está en el cargo desde 2023. Estas dos obras se hicieron en 2021 y 2022, cuando lideraba la Consejería de Educación Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid. Apoyaba su labor en dos patas: la viceconsejería de Política Educativa (encargada de asuntos docentes) y la de Organización Educativa (responsable de logística e infraestructuras). De la primera estaba al cargo Rocío Albert López-Ibor, pata negra del PP, proveniente de Faes y hoy consejera de Economía y Hacienda de Ayuso. A cargo de las infraestructuras estaba Nadia Álvarez en 2021 (hoy concejala en el Ayuntamiento de Madrid), a quien sustituyó Manuel Bautista a mitad de las obras de Alcalá. Bautista es el actual alcalde de Móstoles y apoyo de Ayuso en el núcleo duro del PP de Madrid. Desde este año están fusionadas las dos viceconsejerías en una sola, a cargo de José Carlos Fernández Borreguero.

¿Alguien ha asumido la responsabilidad?

El Gobierno de Ayuso tomó el pasado miércoles la decisión de cesar a la actual directora de la Dirección Administrativa Territorial (DAT) Este, la que gestiona la zona educativa donde está la Escuela de Arte de Alcalá. Milagros de Pedro Conal se despidió el miércoles de sus compañeros y apareció cesada en los acuerdos del Consejo de Gobierno ese mismo día. No se explican los motivos ni si tienen que ver con el caso. La Consejería de momento guarda silencio y bloquea las responsabilidades en el subdirector cesado y los directores de instituto.

¿Puede haber otros casos?

El hecho de que haya dos casos confirmados en diferentes áreas (la zona centro y la zona este) abona la sospecha sobre si pudiera ser un sistema de contratación y no una casualidad, ya que cada zona tiene su jefe distinto. Los casos conocidos dan a entender que se ha utilizado exactamente el mismo modus operandi. ¿Una coincidencia en dos ámbitos territoriales distintos de la Consejería?

La Consejería de Educación de momento ha impuesto una omertá. Numerosos directores de instituto de Madrid contactados repiten que la orden que les han dado desde Educación es la de no hablar y desviar las preguntas al gabinete de prensa de la Consejería, que no contesta a ninguna de las peticiones de elDiario.es por concretas y básicas que sean. Solo confirmó el caso de Ciudad Escolar hace un mes y, a partir de ahí, no ha dado más información, dejando sin responder una decena de preguntas por escrito.

El grupo parlamentario Más Madrid ha hecho más de 50 preguntas para la Comisión de Educación sobre este tema que han sido bloqueadas, según han denunciado. El grupo parlamentario socialista ha hecho otras dos preguntas sobre estos casos desvelados por elDiario.es a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, preguntas que han sido también despejadas. Entre los directores se admite nerviosismo, sobre todo después de que el caso de Ciudad Escolar fue enviado a Fiscalía, y recuerdan que son profesores, que asumen responsabilidades que a veces les exceden y que simplemente siguen lo que se les dice.

El Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid ha negado datos objetivos y oficiales a este medio, como la cantidad de dinero público que se ha transferido desde 2020 a los dos institutos bajo sospecha. Alega que están en investigación. Diversas fuentes consultadas de la Consejería o conocedoras de la misma, admiten que hay gran preocupación para un caso cuya dimensión total es aún desconocida.