“Antes, en esta calle, había un acuario, pero ahora lo han cerrado y han puesto un piso turístico”; “en mi edificio, nos han puesto un piso turístico y no sabemos qué hacer”; “ese edificio lo han convertido, entero, en apartamentos turísticos”… Las personas que se acercan este miércoles hasta el centro cultural La Ferroviaria, en el distrito de Arganzuela, para asistir a la primera asamblea vecinal organizada de manera conjunta por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, comparten un mismo malestar: la proliferación de viviendas de uso turístico en sus barrios.
Y como forma de canalizar esta inquietud, las principales asociaciones sociales de la capital española se han unido en un frente común con el objetivo de buscar una solución. Además, quieren hacerse fuertes de cara a la aprobación de la nueva normativa que ya ha anunciado el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, que, previsiblemente, verá la luz en junio.
Esta primera reunión, admiten los organizadores, es una toma de contacto con el objetivo de “divulgar” sobre la situación de los pisos turísticos, aunque consideran que los más de medio centenar de asistentes han desbordado todas las expectativas, lo que demuestra “el enorme interés que hay por este tema”. Y no será la única. Ya tienen previsto realizar dos asambleas más en el mes de febrero para expandir este formato y articular desde abajo el malestar social que hay ante esta nueva realidad.
Las propuestas de los vecinos abarcaron un gran rango de tácticas y medidas, desde las más pequeñas a las más grandes, desde las más legalistas a las que podrían ser calificadas de guerrilla vecinal, desde las más analógicas a las más digitales. Como carteles en los balcones contra los pisos turísticos, códigos QR en los edificios con información sobre los problemas que acarrean las viviendas turísticas para los autóctonos, vídeos en las redes sociales, apelar a la conciencia de los turistas o, incluso, el boicot ciudadano. Aunque, quizá, la más importante sea el compromiso de que esta asamblea cristalice en un grupo de trabajo con continuidad. “Debemos organizarnos y hacer más ruido, como ha sucedido con la tala de los árboles”, comentaban varios de los asistentes.
El problema de los apartamentos turísticos se ha agravado en la ciudad de Madrid en los últimos diez años, debido a una combinación explosiva que aúna nuevos patrones turísticos con las nuevas plataformas tecnológicas. Palabras como Airbnb o Booking, las principales páginas en las que se anuncian estas viviendas, ya forman parte del vocabulario cotidiano de las grandes ciudades.
En la capital española hay 13.502 pisos turísticos, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, otras plataformas, como la página Inside Airbnb, suben la cifra hasta los 25.000. “Para empezar, consideramos que las cifras que se manejan nos indican que hay muchos pisos turísticos”, comenta Vicente Pérez, portavoz de urbanismo de la FRAVM. “Y no solo eso”, continúa, “es que hay una concentración enorme en el distrito Centro, que se va extendiendo a las zonas cercanas de Arganzuela, Retiro, Salamanca o Chamberí”.
Un informe realizado por la FRAVM asegura que la mitad de los pisos turísticos de la ciudad se encuentran precisamente en el distrito Centro. Y las consecuencias de esta modalidad de vivienda son muchas y variadas: ruidos, problemas de convivencia, cambios en la fisonomía de los barrios, cierre de negocios locales y, sobre todo, subida desorbitada de los precios de la vivienda y del alquiler.
En las zonas urbanas de Madrid, el alquiler ha subido en torno a un 20% entre los años 2016 y 2021, según los datos del Ministerio de Vivienda. Otros informes, como el realizado por el portal inmobiliario Idealista, sitúan el precio de la vivienda de alquiler en 18,3 euros por metro cuadrado, un 14% más que el año pasado. En el distrito Centro, el más afectado por el desembarco de plataformas como Airbnb, el precio sube hasta los 22,6 euros por metro cuadrado, un 12% más que el año anterior. Lo que demuestran estos datos es que la tendencia del precio de los alquileres está al alza.
“Es un fenómeno que las administraciones no vieron venir, y que una vez ya estaba aquí no han querido combatir”, asegura Pérez, que considera que la regulación vigente de la ciudad de Madrid no es del todo mala, pero no cuenta con la voluntad de las administraciones para aplicarla. La ley de hospedaje de 2019 aprobada durante el mandato de la alcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid) obliga a que un piso turístico tenga una entrada independiente. “Si se aplicara esta norma, el 95 o 96% de las viviendas turísticas de Madrid serían ilegales”, comenta el portavoz. Pérez observa una dejación de funciones por parte de la administración local para aplicar la legalidad vigente, y señala que “los tribunales están por delante de las administraciones en esta cuestión”. “El propietario de la vivienda turística actúa en la impunidad”, asegura.
El alcance global de este fenómeno ha obligado a otras grandes ciudades a tomar medidas restrictivas contra las viviendas de uso turístico. Desde septiembre del año pasado, la ciudad de Nueva York exige a los alquileres de menos de 30 días registrarse en el Ayuntamiento para obtener una licencia y cumplir requisitos, como que el propietario de la vivienda debe estar presente durante el arrendamiento. Por el contrario, la Comunidad de Madrid exige únicamente una declaración responsable por parte del interesado para poner en marcha esta actividad. En otras grandes urbes, como París, solo se le permite al propietario que alquile su residencia por un máximo de 120 días al año. En Portugal, es el Gobierno nacional el que ha tomado la delantera, promulgando una ley de vivienda en la que se prohíbe la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos y la aplicación de un impuesto extraordinario del 15% para este negocio.
Aun así, la normativa vigente en España dota a los vecinos de algunas herramientas legales a su favor. La Ley de Propiedad Horizontal, que permite que se limite o se prohíba la presencia de pisos turísticos, si así lo deciden las tres quintas partes del total de los propietarios de un edificio; o la reciente sentencia del Tribunal Supremo que calificó a los apartamentos turísticos como actividad económica y avaló el veto de las comunidades de vecinos que prohíben esta actividad expresamente en sus estatutos. “Que una comunidad de vecinos se reúna para prohibir en sus estatutos los pisos turísticos es un acto muy importante. Puede que no parezca un acto muy revolucionario, pero es la base de todo”, afirma Pérez, aunque también entiende los límites de la vía legal que implica largos procesos judiciales y la asunción de los costes económicos por parte de los vecinos.
Además del frente judicial y la batalla política, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid considera imprescindible la organización de base de los ciudadanos como la punta de lanza para erradicar este fenómeno y apunta a una unión entre los inquilinos y los propietarios para luchar contra esta realidad. “Las herramientas legales son necesarias, pero partimos del hecho de que tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid están en nuestra contra”, arguye Lucas Vaquero, portavoz del Sindicato. “Por eso, consideramos que hay que ir más allá y aplicar estrategias de acción sindical y de acción directa. Cuando alguien acude a nosotros porque su casero le quiere echar para convertir el piso en una vivienda de uso turístico, lo primero que le recomendamos es que investigue a su casero. Y después, vamos al edificio a informar al resto de vecinos de la situación”, detalla. “Estamos a favor de las medidas legales, pero esto es una guerra que nos han declarado y que nosotros no hemos buscado, y por eso tenemos que utilizar todas las herramientas que están en nuestras manos”, sentencia Vaquero.