El PP de Cristina Cifuentes no quiere saber nada de memoria histórica. Este jueves, el grupo popular se ha vuelto a quedar solo votando en contra de que la Comunidad de Madrid imite al Ayuntamiento de la capital presentando una querella para que se investiguen los crímenes cometidos durante el franquismo. La iniciativa de Podemos ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y la abstención de Ciudadanos.
Pero esta no es la primera vez que los 'populares' no cumplen, rechazan o intentan bloquear propuestas relacionadas con la memoria histórica.
A la espera de una ley autonómica
Todos los grupos de la oposición se unieron en abril de 2016 para pedir al Gobierno de Cifuentes una ley de Memoria Histórica que desarrollara la norma nacional de 2007. La proposición no de ley del PSOE, aprobada en la Asamblea de Madrid, también incluía la financiación de las actividades de localización y exhumación de las fosas comunes del franquismo, y un catálogo de monumentos franquistas.
Más de un año y medio después, la administración que dirige Cristina Cifuentes no ha cumplido el mandato de la Cámara que, aunque no es vinculante, salió por consenso de la Asamblea y con el voto favorable de su socio Ciudadanos.
'No' a una placa por los torturados de la DGS
En mayo del año pasado el PP también votó en contra de colocar, como proponía Podemos, una placa en la actual sede del Gobierno regional, la Casa de Correos, para recordar a los encarcelados y torturados en ese lugar, que fue la Dirección General de Seguridad durante la dictadura. El diputado Juan Antonio Gómez-Angulo dijo para justificar la oposición de su grupo que este símbolo chocaba con el “espíritu de la reconciliación” de la Transición. En este caso la iniciativa contó, además, con el rechazo de Ciudadanos, lo que impidió que saliera adelante.
La propuesta, acordada por Podemos y PSOE, conminaba a Cifuentes a instalar un símbolo “en memoria de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades políticas y sindicales, así como por razón de orientación o identidad sexual y defensa de la democracia”.
Condenar el golpe del 1936 no es “conveniente”
El PP frenó en julio de 2016 que la Asamblea de Madrid aprobara una declaración institucional de condena al golpe de Estado de 1936 cuando se cumplían 80 años del inicio de la Guerra Civil. Y para que una declaración salga adelante es necesario que haya unanimidad.
En esta ocasión, los populares pensaron que no era “conveniente” porque no tenían clara cuál era la “finalidad” de hacerla y porque la “temática sobrepasa las funciones de la Asamblea de Madrid”, dijeron en declaraciones recogidas por Público.
Blindaje a placas franquistas
El Gobierno regional ha protegido dos placas con mensajes franquistas y un escudo preconstitucional en Brunete al declarar por decreto Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto en el que se encuentran (la Plaza Mayor y la iglesia Nuestra Señora de la Asunción).
Las dos láminas se ubican en las zonas laterales de una escalinata que sube a la plaza: una conmemora “la gloriosa cruzada de liberación” y la otra recuerda el día de la inauguración por el “Generalísimo de los Ejércitos” en el décimo “aniversario del glorioso Alzamiento Nacional”, según publicó El País.
Estos elementos se convierten en intocables al estar dentro de un todo protegido, una medida prevista entre las excepciones de la ley de memoria histórica de 2007 si hay para ello “razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas”. En este caso, Patrimonio –dependiente de la Comunidad de Madrid– alegó que son “consustanciales al proyecto de construcción”.
El equipo de Cifuentes, sin embargo, sí retiró la placa de inauguración del hospital 12 de octubre “por su excelencia el jefe del Estado D. Francisco Franco”, presente desde 1973 hasta 2016.
“No crear problemas nuevos”
En pleno trabajo de la Comisión de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid para listar las calles con nombres franquistas susceptibles de cambio, la presidenta autonómica afirmó que no quería “polemizar” sobre el tema con ánimo de colaborar, pero apostilló que los gobiernos deben encargarse de “resolver los problemas de los ciudadanos y no crear problemas nuevos”. Su prioridad, dijo en julio de 2016, es “por encima de cualquier otra” crear empleo y que los servicios públicos funcionen “de la mejor manera posible”. “Todo lo que se salga de ahí me parece accesorio”, apuntó.