La flamante mayoría absoluta de José Luis Martínez-Almeida en Madrid se está expresando este otoño en un celo estricto de la policía municipal en la ejecución de los desahucios, según denuncian los colectivos por la vivienda y se ha comprobado de nuevo esta mañana en Carabanchel, donde una mujer de 28 años con dos hijos de seis y dos ha sido desahuciada del piso que ocupaba.
En los procedimientos de desahucio de Madrid venía habiendo cierto margen para la negociación, incluso ‘in extremis’. Un informe de servicios sociales que desaconsejase la expulsión o la presión popular conseguían con relativa frecuencia que los desalojos se suspendiesen temporalmente o que la propiedad se aviniese a negociar un alquiler social. Últimamente no está siendo así; el Sindicato de Vivienda de Carabanchel señala que la policía municipal despliega ahora sus furgones a las primeras de cambio. Hoy ha vuelto a pasar en torno a las 7.30h, antes de que a los miembros del colectivo les diese tiempo a aparecer y se encontrasen con que la manzana de la calle Zaida estaba ya acordonada y con los furgones bloqueando el paso.
En el tercer piso del número 40 esperaba a la comisión judicial Carmen Fernández, de 28 años, con su madre y su hijo menor, que la semana que viene cumplirá tres. La mayor, de seis, pudo salir para ir al colegio. Fernández llevaba siete años en la vivienda, en la que entró sin contrato después de que el propietario original dejase de pagar la hipoteca y se marchase. La propiedad acabó recayendo en Caixabank, que solicitó el desahucio. Como Carmen cobra el Ingreso Mínimo Vital, los servicios sociales del Ayuntamiento determinaron que su vulnerabilidad no era tanta. La vulnerabilidad es el criterio que exige la moratoria de desahucios extendida por el Gobierno estatal hasta el 31 de diciembre.
Sorprendía a los vecinos y curiosos que se acercaron por la mañana a la zona que al banco le interese recuperar el dominio de un tercero sin ascensor de un bloque humilde de cuarto plantas, pero algunos de los presentes señalaban posibles motivos. “Desde que abrieron el Mercadona esta calle se ha revalorizado mucho”, expresaba Lorena, hermana de Carmen. En la zona hay un colegio, una iglesia y, para más inri, un edificio de servicios sociales del Ayuntamiento, de modo que la treintena de activistas presentes se dirigieron allí a protestar cuando se comprobó que el desahucio seguiría adelante. La policía acordonó también esa zona, entre gritos como “medidas sociales y no policiales”, “hay niños en la calle y no le importa a nadie” o “vergüenza me daría desahuciar a una familia”. Un piso sencillo en la zona no cuesta menos de 700 euros, según un portavoz del sindicato, que añade que la ayuda social de Carmen supera apenas los 1.000.