Sobre la mesa de comedor de Pilar Zafra hay una carpetita de plástico con un montón de contratos. “Debo de tener unos treinta”, dice. “Empecé en 2008. Luego hubo un parón y no me llamaron. En 2010 volvieron a llamarme y ya llevo ocho años ininterrumpidos”. Pilar es celadora en el servicio de atención rural de Arganda del Rey y tiene un contrato de interinidad, con el que cubre temporalmente la plaza de un funcionario que se jubiló. “Te contratan para cubrir un día, luego unas vacaciones, una operación... Después, me quedé con la plaza de este señor por bolsa. Pero no se hacen oposiciones desde 2005. No es que no haya podido opositar, es que no ha habido oposiciones”.
De acuerdo con la legislación española, su contrato lleva cinco años siendo fraudulento porque los temporales no pueden superar los tres años de duración. Y aunque las oposiciones a su plaza están, por fin, convocadas para marzo de 2019, tiene claro que no estudiará. “Sería una derrota”, considera. “No parto con las mismas condiciones que alguien de fuera. Me someten a esta situación con 58 años y cargas familiares. No puedo competir con gente más joven que no trabaja. Seguramente hacemos nuestro trabajo mejor que nadie, pero no podemos retener todos los artículos de la constitución. ¿Para qué? Que me pidan eso ahora no tiene sentido. No quiero contemplar ese escenario”.
Pilar es una de las 50.000 trabajadoras temporales de la administración madrileña y una de las 27.800 en la misma situación de Sanidad, que es, junto a Educación, el sector público con tasas más elevadas de temporalidad. Durante la crisis, España congeló la oferta de empleo público y se dedicó a contratar interinos, que en todo el país llegan a los 800.000. Tras el tirón de orejas de Europa -con una sentencia que criticó este abuso- el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF acordaron un plan de mejora.
La promesa era reducir en tres años estas altísimas tasas y pasar de un 30% a un escueto 8%. ¿El método? Convocar 250.000 plazas en modo concurso-oposición, que significa que los interinos parten con ventaja (porque acumulan puntos por antigüedad) pero compiten con los de fuera (porque cualquiera se puede presentar, como marca la constitución). Y es en ese punto donde Pilar difiere: reclama que la hagan fija por un concurso de méritos, sin enfrentarse a otros en una oposición.
“No merecemos ir a un concurso-oposición”, afirma. “Si quieren estabilizar las plazas, debería ser por concurso de méritos. Y que saquen a oposición las plazas nuevas. Con los años que yo llevo, me he ganado el derecho a que me lo hagan así”, señala.
El pasado 29 de septiembre, Pilar fue junto a 500 trabajadores más a denunciar su situación a la inspección de trabajo. Pocas semanas antes, la ministra Magdalena Valerio había advertido de que el Gobierno contrataría 833 inspectores para luchar contra el fraude laboral... en las empresas. “Es el problema que tenemos”, explica Santiago Zapuruz, portavoz de la plataforma de trabajadores temporales de la Comunidad de Madrid, impulsora de la iniciativa. “¿Qué mecanismos tiene el estado para controlar el fraude dentro de la administración? No pueden decir que lucharán contra ello, pero solo en la empresa privada”.
La acción -que venía precedida de una recogida de 14.000 firmas que llevaron a la asamblea de Madrid en febrero- les sirvió para hacer ruido de cara a conseguir su propósito final. “Queríamos visibilizar el problema. El objetivo es que los poderes públicos, tanto administración central como autonómica, saquen una ley para hacer el concurso de méritos, donde se valore la antigüedad. Ir a la inspección es una forma de presionar”.
Una situación excepcional
La protesta de los interinos madrileños es solo una de las muchas que se han hecho en España en los últimos meses. Los afectados repiten un mantra: la reconversión va camino de ser “el mayor ERE de la historia de España”. Pero ¿tienen los temporales derecho a una plaza pública fija sin pasar por una oposición abierta para evitarlo? Si en algo hay unanimidad es en que los culpables de esta situación son la propia administración y el gobierno, por permitirlo. Sin embargo, no todos creen que la solución sea convertir a temporales en fijos mediante concursos de méritos y nada más.
“Hay que dar doble respuesta”, considera Concepción Campos, doctora en derecho y directiva pública. “Por un lado, romper esta perversa dinámica de fomentar la temporalidad, que primero convierte en cuasidefinitivas situaciones provisionales y después fuerza sistemas extraordinarios para situaciones coyunturales que se han hecho estructurales. Por otro, habría que buscar una solución intermedia al conflicto entre los derechos de los temporales y los principios de acceso al empleo público”.
“Hay unos principios constitucionales que nos pueden gustar más o menos”, añade Elena Moral, presidenta de administración general en CSIF, uno de los tres sindicatos firmantes. “Pero el acceso a la administración pasa por los de igualdad, mérito y capacidad. Solo pueden hacerse procesos restringidos en promociones internas. Si hiciéramos eso, vendría un ciudadano normal y nos lo impugnaría. Es una faena y comprendo que estén enfadados. Pero también hay gente de fuera que quiere entrar en la administración. Las reglas no las ponemos nosotros”.
Los interinos se apoyan en dos elementos para hacer su reclamación: el artículo 61.6 del estatuto del trabajador público -que dice que “con carácter excepcional podrá aplicarse el sistema de concurso que consistirá solo en la valoración de méritos”- y un precedente de 2001, en el que el Gobierno aprobó una ley para consolidar plazas de temporales del antiguo servicio nacional de salud, INSALUD.
“¿Por qué lo pedimos? Porque ya se ha hecho”, continúa Pilar. “La gente nos dice que queremos la plaza por la cara. Pero cuando el INSALUD empezó a tener magnitud y se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas, necesitaban personal. No daba tiempo a convocar oposiciones y lo solucionaron con un concurso de méritos dado lo excepcional del momento. Se tuvo en cuenta el tiempo trabajado”.
Los argumentos del colectivo han convencido a uno de los partidos políticos con los que se han reunido: Podemos. “Hablamos con todos y propusimos esta salida. La mayoría no está a favor”, continúa Santiago, portavoz de la plataforma. PSOE y Ciudadanos dijeron que tenía que haberse arreglado antes; el PP, que lo lógico sería que hubiera mercado de empleo cada año. “Pero eso no es una solución. Y como el PSOE ha firmado con UGT y CCOO no quiere enfrentarse”.
Carmen San José es diputada en la asamblea de Madrid y portavoz adjunta de Podemos en la comisión de Sanidad. El 21 de octubre presentó una proposición de ley para habilitar a la consejería de sanidad a convocar un concurso extraordinario de méritos, como piden los interinos. “Nos fijamos en un problema político: muchísimas personas con contratos temporales en fraude de ley”, explica a este periódico. “No lo dice Podemos, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y lo avalan tribunales españoles: hay sentencias en España que dicen que la administración ha violado la ley con contratos de más de tres años en puestos estructurales. Ante esta situación, con la que entendemos que no se pueden mantener unos servicios públicos de calidad porque los profesionales tienen inestabilidad, elegimos el concurso de méritos para solucionarlo”.
La proposición pasó el filtro de la Asamblea -con PSOE y Ciudadanos a favor- y se debatirá en el pleno. “El PP no. Y ellos lo hicieron en 2001”, continúa. “Ni es anticonstitucional porque está recogido en el estatuto básico; ni se salta la ley de igualdad, mérito y capacidad porque se negociarán las características en las mesa sectorial de sanidad. Ahora son muy exquisitos con que se cumpla la ley. Pero llevamos años sin cumplirla y nadie se ha preocupado”.
Mientras los interinos celebran que por fin un partido se preocupe de ellos -“lo que necesitamos es que alguien abra el melón y, a partir de ahí, empujar”, dice Pilar- los sindicatos firmantes y otros expertos no están nada de acuerdo en cambiar de método. “Creo que es vergonzoso”, incide Moral, de CSIF. “Los tres sindicatos mayoritarios fijamos y obligamos a las administraciones a convocar esos puestos. El acuerdo se convierte en ley y llega a los presupuestos. Como partido político me parece bien que te sitúes con los interinos, pero no es una fórmula al uso”.
Mérito vs. antigüedad vs. calidad del servicio
Las convocatorias de plazas (y sus características) dependen de cada administración. Ni siquiera están todas convocadas, pero algunos de los interinos -como los aspirantes que vienen de fuera- ya están estudiando.
Ana Cabañas es trabajadora social temporal. “Llevo desde 2009. El año pasado convocaron 53 plazas y aún no ha sido el examen, aunque mi plaza no está ahí. Para los que estamos dentro es un fastidio tener que opositar y aprobar para que tengan en cuenta el concurso de méritos. También soy profesora colaboradora en la Complutense y los chavales de trabajo social hacen prácticas conmigo. Les he enganchado para que opositen y preparamos juntos las oposiciones. Y me dan mil vueltas. Hay semanas que no saco horas”.
Que los sindicatos tengan acuerdos con academias de preparación de oposiciones para dar descuentos a afiliados es otro motivo de enfado de los interinos, que ven que harán negocio a su costa. “El sindicato te da cursos gratis si te afilias. Y te vende los libros. Imagina las afiliaciones”, dice airosa Pilar. “Yo ahí veo un negocio. Si los sindicatos han firmado esto y se van a beneficiar, no me gusta. Me suena poco ético”.
Entre las consecuencias de perder su trabajo, los temporales apuntan al descenso en la calidad del servicio que supondría. “Yo llevo con algunos pacientes toda la vida. Cuando viene gente nueva se pierde calidad en la atención”, afirma Ana. “El concurso de méritos es una forma de mantener la calidad de los servicios públicos y, si se crean más plazas, se refuerzan y rejuvenecen las plantillas”.
Para Rafael Jiménez Asensio, consultor de sector público y formador especialmente crítico con los concursos-oposición, “los años en el ejercicio de una función solo acredita que se ha estado, no qué se ha hecho y cómo. Al no existir evaluación del desempeño, la antigüedad se transforma en un factor dirimente esencial. Y eso no es justo”. Concepción Campos apunta, además, que el empleo público es limitado: la administración no puede crearlo infinitamente para mantener a temporales y traer a gente nueva por el gasto que supondría.
“Y pensemos en un opositor que está estudiando”, añade, “que observa las diferencias con ese trabajador, que en su día quizá accedió a su puesto de modo más sencillo que una oposición y que ha estado durante un número considerable de años trabajando, con sueldo y beneficios del sistema laboral. Probablemente considere injusto que con un simple concurso de méritos conviertan su relación en fija”.
Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, comparte esta idea. “Es una anomalía que haya tantos empleados temporales. Tradicionalmente el concurso-oposición es el sistema más razonable, porque combina méritos y prueba. A nosotros, como fundación que defiende la profesionalización de la administración, el mérito y la capacidad, el concurso de méritos no nos parece el más adecuado”.
Para Xavier Boltaina Bosch, gerente de la diputación de Barcelona y profesor de empleo público, el propio concurso-oposición ya es problemático porque perjudica a los candidatos de fuera y merma los principios de acceso. Este profesor ha dedicado un artículo a los procesos de selección “blandos” (esto es: los que no son 100% abiertos) y sus efectos sobre las plantillas públicas. Su conclusión es clara: meter a personal que no ha pasado por una oposición significa no meter a los mejores. Y la administración sufrirá por los errores del pasado.
“La existencia de plantillas altamente temporalizadas obliga a acogerse a los planes de estabilización, donde el mérito y la capacidad decaerán en no pocas ocasiones ante el buenismo para mantener a los temporales e interinos (...) y un desencanto generalizado para el ciudadano externo a la Administración, que competirá con dificultades”, escribe. “El ambiente será similar a cuando las Comunidades Autónomas lanzaron masivas convocatorias en los años 80 y 90, donde la mayoría de las plazas eran cubiertas por interinos o contratados de la organización”.
Una pescadilla que se muerde la cola
Si las administraciones meten en plantilla fija a los actuales interinos (sea por concurso de méritos, sea por concurso-oposición, donde parten con ventaja) quienes vengan de fuera volverán a caer en bolsas de temporales y la historia se repetirá. Solucionar este bucle inminente es la principal preocupación de todos los consultados.
“No es razonable que interinos de edades avanzadas se vean, por circunstancias ajenas, ante la encrucijada de superar una prueba selectiva o perder un empleo. Hay que arbitrar medidas que tengan en cuenta el tiempo, servicios prestados y formación, pero sin menoscabo del mérito y capacidad”, concluye Jiménez Asensio. “El sector público, pese a que algunos sectores sindicales y políticos lo pretendan, no es una institución de beneficencia. Deben trabajar los mejores profesionales al servicio de la ciudadanía, pues sus retribuciones las pagan los contribuyentes, que tienen derecho a un empleo público de calidad. Quien no entienda esto no entiende nada. Buscar votos en ese caladero no me parece ético ni institucionalmente correcto. Hay que entender bien qué es la función pública. En España es una asignatura pendiente”.
Mientras tanto, los interinos seguirán peleando porque el puesto en el que tantos años llevan se convierta en fijo. “Probablemente sea la primera en ir a la calle, pero seguiré luchando. Si no lo consigo yo, que lo consigan los de educación y servicios sociales”, concluye Pilar. “No han calibrado bien las dimensiones de esto. Se han pensado que íbamos a protestar cuatro, pero no”.