La adjudicación por la que el hermano de Ayuso cobró una comisión está firmada a mano y no tiene código de verificación

La adjudicación de 1,5 millones de euros en mascarillas a la empresa que pagó una comisión al hermano de Isabel Díaz Ayuso suma una nueva circunstancia inusual. El documento oficial por el que se adjudica este contrato está firmado a mano y no cuenta con el código seguro de verificación que acompaña a otros documentos de este mismo expediente y que habitualmente tienen estas resoluciones de la administración para certificar su autenticidad. 

La Consejería de Sanidad, consultada por elDiario.es, no ha dado explicaciones concluyentes sobre por qué no aparece este código de verificación. “Puede deberse a un error informático pero desconocemos el detalle del motivo”, responden por escrito desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero. 

El documento en cuestión tiene el número de expediente A/SUM-011335/2020: es la resolución por la que se adjudicó esta compra de mascarillas a Priviet Sportive por el método de emergencia, para que este contrato pudiera adjudicarse a dedo, sin concurso público, en la primera ola de la pandemia. Es el documento oficial que avala la compra de 250.000 mascarillas a esta empresa de Daniel Alcázar, amigo personal de los hermanos Ayuso, y que no tenía experiencia previa como proveedor de la Comunidad de Madrid cuando se formalizó el contrato en enero de 2020.

En ese documento, a diferencia de otros del mismo expediente, no figura el código de barras que suele acompañar a este tipo de resoluciones administrativas, y que aparece en el lateral derecho. Es un código numérico de 22 cifras que sirve para comprobar la autenticidad del documento y garantiza que no se pueda manipular. 

Este es un ejemplo de uno de estos códigos. Desde esta web de la Comunidad de Madrid, con el número, se puede verificar después la autenticidad de un documento y descargar otra copia en PDF desde los archivos de la administración de Madrid. Pero en el papel clave de la adjudicación a dedo de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive, este código seguro de verificación no aparece por ningún sitio.

Esta no es el único elemento poco común que presenta este papel, que está publicado en el portal de Contratación de la Comunidad de Madrid. A diferencia de la mayor parte de los documentos similares, que habitualmente se validan por medio de una firma digital, esta adjudicación está firmada a mano por la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad: Ana Dávila-Ponce de León. 

La firma manuscrita es un método de aprobación perfectamente legal y que aún aparece en otras resoluciones de la administración madrileña, pero que en los últimos años ha perdido peso y cada día es menos habitual. En el año 2017, la Comunidad de Madrid aprobó un decreto de “impulso y generalización del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación pública” donde la administración madrileña se comprometía a fomentar el uso de este formato para “aumentar la transparencia”. Ese mismo decreto, también recoge “la eliminación del uso del papel” en el registro de contratos públicos, “sustituyéndose por la transmisión electrónica de datos y la aportación de los documentos preceptivos en formato electrónico”.

Durante la pandemia, la firma electrónica se extendió aún más, ya que la gran mayoría del funcionariado y los cargos públicos teletrabajaban. Esa firma digital, según explica a elDiario.es un funcionario de la administración madrileña, es también la que genera el código de verificación, y permite después acreditar con certeza en qué fecha se firmó cada documento y rastrear todos los datos de cada paso administrativo.

La resolución de 1,5 millones de euros en mascarillas para el amigo de los hermano Ayuso está firmada de su puño y letra por Ana Dávila y también tiene la fecha plasmada con un sello: el 1 de abril de 2020. A diferencia del resto de documentos de esta adjudicación a Priviet Sportive, que tienen firma digital. Pero esa fecha que aparece –el 1 de abril de 2020– tampoco coincide con el día en que, en ese mismo documento, se asegura que se dio el primer visto bueno a esta adjudicación: el 24 de marzo de 2020. Esa resolución administrativa es, por tanto, contradictoria: en el encabezamiento se habla del 24 de marzo pero el sello que aparece junto a la firma es de una semana después.

Un mes y medio más tarde, el 14 de mayo de 2020, la Consejería de Sanidad aprobó una resolución posterior con una fe de errores por esta discordancia en las fechas. “Donde dice: Con fecha 24 de marzo de 2020 [...] debe decir: con fecha 1 de abril de 2020”, recoge este otro documento oficial que también firma Ana Dávila-Ponce de León. 

A diferencia de la primera resolución, la corrección de la fecha sí cuenta con código de verificación y está firmada digitalmente por la entonces viceconsejera. 

Sobre a qué se debió este cambio en las fechas, la Consejeria de Sanidad se limita a responder que “la corrección de error de fecha está formalizada y subida al Portal de Contratación”. 

Este diario se ha puesto en contacto con Ana Dávila-Ponce de León para intentar aclarar por qué su primera resolución, la adjudicación del contrato, estaba firmada a mano.

La entonces viceconsejera asegura que “hay firmas digitales y manuales en cantidad de procedimientos”. “Ahora yo ya no estoy en la Consejería y no tengo acceso a la documentación”, argumenta también. En septiembre de 2020, unos meses después de esta polémica adjudicación, Ana Dávila abandonó la viceconsejería de Sanidad. Ahora es diputada del PP en la Asamblea regional, donde ejerce como portavoz del PP para los temas de Sanidad.

Respecto a la ausencia del código seguro de verificación en ese mismo documento, Ana Dávila defiende que “la memoria justificativa del expediente lo tiene”, un documento que no está firmado por ella, sino por Manuel de la Puente Andrés, entonces director general de proceso integrado de salud. Ese documento tiene también fecha del 1 de abril de 2020.

Manuel de la Puente Andrés, además de la memoria justificativa, también firma digitalmente otro de los documentos oficiales de este expediente: la comunicación a la empresa Priviet Sportive para que efectúe el suministro de esas mascarillas “de acuerdo con la resolución de la viceconsejera”, la que está firmada a mano.

Esa comunicación a Priviet Sportive se firmó digitalmente el 1 de abril de 2020 a las 15:49 horas, como registra el documento.

Pero a pesar de que Manuel de la Puente sí utiliza la firma electrónica, tampoco aparece en este papel el código seguro de verificación. Según explican fuentes de la administración, esto solo puede ocurrir si este alto cargo decidió quitarlo expresamente: sale siempre por defecto, de forma automática, cuando se firma digitalmente.

Manuel de la Puente, contactado por esta redacción, no ha querido atender a las preguntas de elDiario.es.

La mesa de la Asamblea de Madrid, con los votos en contra del PP y la abstención de Vox, bloqueó ayer la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre este contrato.

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