La Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE) ha reclamado que “los libros y la actividad editorial no sean utilizados como arma arrojadiza del juego político”. En un comunicado difundido tras su reunión, este martes, con el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, y cinco días después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso pusiera en el punto de mira los contenido de los libros del próximo curso, los editores han rogado que su trabajo quede fuera de la pugna política.
Hace una semana, la presenta de la Comunidad de Madrid solicitó una reunión con la asociación de editores de libros de texto y, antes de esa reunión, anunció un “plan especial”, a cargo del Servicio de Inspección Educativa, para revisar el contenido de los nuevos libros de texto y solicitar la retirada de “todos aquellos textos que contengan material sectario”. Este mismo martes, Ayuso ha reconocido que conoce esos contenidos, que según afirma “tiene una altísima carga ideológica”, “a raíz de lo publicado en los medios de comunicación”.
En su comunicado, los editores aclaran que “los libros de texto presentados en los últimos días en los medios de comunicación son prototipos que aún están sujetos a cambios”. Desde ANELE señalan que “se han elaborado tomando como referencia los desarrollos curriculares establecidos en los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas” y “aún no incluyen los desarrollos curriculares autonómicos”. Se refieren al 40% de los contenidos que dependen de las Comunidades Autónomas y que la Comunidad de Madrid, que ha elaborado en los últimos meses una batería de medidas para contrarrestar la nueva ley educativa estatal, todavía no tiene listos.
“Hubiera sido deseable poder presentar unos libros y materiales más definitivos”, reconocen los editores, que señalan a “la tardanza en la publicación, primero de los Reales Decretos”, que dependen del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero “en segundo lugar, de los Decretos Autonómicos”. “ANELE ya alertó, a comienzos de año, de que su actividad se iba a desarrollar en medio de una situación de incertidumbre y de falta de información. Por ello, pedimos a las Comunidades Autónomas, entre ellas a la Comunidad de Madrid, que avancen en sus desarrollos normativos curriculares de manera que los libros puedan adaptarse, también a lo establecido por ellas”, reclaman.
La Comunidad de Madrid ha pedido hasta en cuatro ocasiones el retraso de la entrada en vigor de los currículos educativos, alegando falta de tiempo para elaborar el 40% que depende del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, desde Sol acusan al Gobierno central de haber tardado más de un año en preparar su 60%, mientras los autonómicos solo tienen tres meses para organizar el suyo, Este martes, no obstante, la presidenta madrileña ha asegurado que llegarán a tiempo. “Lo que está ocurriendo es que hay muchas comunidades autónomas que no han desarrollado los currículos” pero que en Madrid se está “haciendo”.
Sobre el recurso presentado este lunes ante el Supremo por los currículos de Bachillerato, Ayuso ha asegurado que no quiere “llevar a la Comunidad de Madrid a los extremos que está llegando el Gobierno de la Generalidad”. “No vamos a incurrir en ningún tipo de insumisión”, ha dicho. En una entrevista en Cope, la presidenta ha reconocido, no obstante, que ha pedido amparo a los tribunales “una vez que ya hemos conocido el desarrollo de estos libros en muchísimos medios de comunicación”. Unos libros que no son definitivos, sino borradores, como indica la asociación de editores tras la reunión con el consejero de Educación.
En la misma línea, ANELE indica que “el sector editorial es diverso y plural”, lo que “permite que centros y profesores puedan seleccionar aquellos libros y materiales que mejor se adecuen a los proyectos educativos de cada centro”. “Preservar la diversidad es clave para facilitar la Libertad de Cátedra del profesorado”, aseguran.
Tras varios días denunciando el “adoctrinamiento” que suponen los libros de texto, que la Comunidad de Madrid aun no ha visto, Ossorio ha trasladado a esta asociación la “confianza en la profesionalidad de los editores de libros para que los ejemplares que vayan a comenzar a usar el próximo curso escolar los alumnos madrileños no reflejen ningún tipo de mensaje de adoctrinamiento y se adapten al rigor científico y sean adecuados a las edades de los alumnos y al currículo”. En esa línea, los editores aseguran que los contenidos siempre “han de estar sujetos al rigor científicos” y “respetar los principios y valores contenidos en la Constitución”.