Segundo revés de la Justicia a la estrategia de Ayuso para hacer oposición a la ley estatal de educación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente una instrucción de la consejería de Educación que prohibía a los centros agrupar las materias educativas en proyectos de aprendizaje multidisciplinar para el primer curso de la ESO, como permite la Lomloe.
Comisiones Obreras recurrió esa circular de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial sobre la ordenación y la organización de las enseñanzas de educación secundaria obligatoria en el curso académico 2022-2023, de 23 de mayo de 2022, al considerar que contraviene la nueva ley estatal. “Lo que dice tanto la ley orgánica como el real decreto de secundaria es que los centros tienen autonomía pedagógica para organizar las enseñanzas”, señala la secretaria general de enseñanza de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, que considera que la Comunidad “cercena la autonomía de los centros y la libertad de cátedra y el ejercicio de la docencia del profesorado”.
Lo que la Comunidad de Madrid pretende prohibir a través de esa circular, ahora suspendida, es que los docentes puedan agrupar las materias por bloques. “Se trata de organizar el aprendizaje, de manera multidisciplinar, uniendo diferentes materias, con proyectos de aprendizaje en los que se promueve un tipo de trabajo de metodología activa, con aplicación de lo que se aprende, de forma teórica-práctica”, señala Galvín. La ley estatal no hace obligatoria esta metodología, sino que da libertad a los centros para aplicarla o no.
En su escrito, el Tribunal justifica las medidas cautelarísimas al considera que “los Claustros, por ser ”el órgano propio de participación de los profesores en el Gobierno del centro“ y por tener legalmente atribuida la ”responsabilidad de planificar, coordinar, informar y , en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro“, podrían ver afectado el ejercicio de tales funciones en aplicación de la Circular”. El auto, con un voto particular, da a la Administración un plazo de tres días para presentar alegaciones.
El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha asegurado este miércoles que la circular se envió “pensando en el lío que van a tener los docentes al inicio del curso”, porque, según ha justificado, está pendiente de elaborar la parte del currículum que corresponde a la Comunidad de Madrid, por el “retraso” en conocer la estatal. Hasta que no estén listas ambas partes, no se podrían elaborar esos proyectos multidisciplinares lo que, según la Consejería, “imposibilita adoptar esta medida para el próximo curso al carecer de los tiempos necesarios”. Desde la Consejería señalan que los servicios jurídicos están trabajando “en la elaboración de las alegaciones”.
“Fíjate en qué términos estamos en Madrid que un director general se siente con el poder de enmendar la ley orgánica”, denuncian desde CCOO, a la vez que alertan de “una deriva a la que hay que prestar mucha atención, porque la consejería de Educación se quiere meter en nuestras aulas”. “Quieren controlar políticamente nuestras aulas y a los profesionales”, advierte Galvín, que apunta que “vamos hacia la censura de la educación”.
“Lo de los libros de texto se enmarca en todo esto”, señala. Se refiere al anuncio que realizó es martes la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de la puesta en marcha de un “plan especial” para que la Inspección educativa revise el contenido de los nuevos libros de texto para el curso 2022/23, con el objetivo evitar el “adoctrinamiento” y retirar “todos aquellos que contengan material sectario”. Es un nuevo capítulo en su cruzada contra la nueva ley educativa, que se produjo unos días después de que la Justicia haya suspendido parte del decreto con el que pretendía torpedear la norma del Ejecutivo central, por invasión de competencias.
Ayuso ha reclamado también al ministerio de Educación la celebración de una Conferencia Sectorial y ha pedido amparo a las instituciones europeas por el supuesto menoscabo que la nueva ley supondrá para los alumnos. Además, pedirá por cuarta vez el retraso de la entrada en vigor de la norma, alegando que el Ejecutivo ha tardado más de un año en aprobar el 60% de los currículos que le corresponde, por lo que no le da tiempo a completar el 40% a cuenta de las comunidades autónomas.
Mientras Ayuso reclama amparo ante Europa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había paralizado el pasado martes parte de su Decreto de evaluación y promoción de curso en ESO y Bachillerato que su Gobierno había aprobado una semana antes con el objetivo de “garantizar la calidad educativa” frente a la Lomloe. De nuevo ante un recurso de CCOO, tres de los cincos jueces entendieron que las pretensiones de la Comunidad de enmendar el sistema colegiado que había planteado el ministerio en la norma estatal para evaluar si un alumno promocionaba de curso o no, tanto en Bachillerato como en la ESO, invade competencias.
La Lomloe permite que los docentes decidan sobre cada alumno de manera individual, lo que permite tener en cuenta situaciones concretas y, en la práctica, da carta de naturaleza a una práctica que ya estaba bastante extendida. No obstante, no fija mayorías ni proporciones. Sí lo hacía decreto educativo de la consejería que dirige Enrique Ossorio: por mayoría cualificada de dos tercios para promocionar y por consenso o mayoría absoluta el resto de decisiones. La Justicia tumbó provisionalmente este punto, además de aquellos que ponían un límite de asignaturas suspensas para pasar de curso y establecía distinciones entre las materias de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, y el resto.
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha recurrido esta paralización cautelar y está a la espera de una respuesta por parte de la Justicia que espera que resuelva pronto el asunto. Desde CCOO lamentan que “en un momento donde el foco lo tenemos en si Catalunya cumple o no cumple una sentencia, en Madrid llevamos semanas con órdenes de que no se cumpla la ley”.