El Ayuntamiento de Madrid pagó seis millones de euros menos por la cesión del contrato de Bicimad de lo que pedía Bonopark, la empresa a la que la exalcaldesa Ana Botella adjudicó el servicio público de bicicletas de Madrid. Bonopark ha tenido que responder ante la jueza acerca de la cesión del servicio al Consistorio que dirige Manuela Carmena tras una querella del Partido Popular.
La concesionaria ha asegurado, en un escrito presentado en el juzgado de instrucción número 52 de Madrid, al que ha tenido acceso eldiario.es, que cuantificó la cesión del contrato en 16,7 millones cuando la Empresa municipal de Transportes (EMT) planteó hacerse con él. El Ayuntamiento de Madrid no aceptó esta oferta y pagó finalmente 10,5 millones.
El Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid se querelló el pasado mes de enero contra la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, al considerar que hubo malversación de caudales públicos y prevaricación en el precio por el que el Consistorio adquirió el servicio. La querella ha sido admitida a trámite y la jueza investiga los contratos aunque aún no ha llamado a nadie a declarar.
El PP considera que el servicio de Bicimad se compró “a un precio muy superior al real”. Se basa en que, en octubre de 2015, Bonopark anunció al Ayuntamiento de Madrid que estaba al borde de la quiebra, ya que tenía pérdidas mensuales de 300.000 euros. La firma navarra solicitó entonces un reequilibrio económico por 3,6 millones de euros. De lo que se olvida el Partido Popular y su portavoz municipal José Luis Martínez Almeida es que además de esos 3,6 millones, la empresa también solicitó medio millón más al año. Por tanto, la solicitud de reequilibrio de Bonopark ascendía en total a los 8,8 millones.
Tras la denuncia del PP, la jueza ha abierto diligencias previas encaminadas a determinar los hechos y el procedimiento aplicable y ha ordenado diligencias documentales para que los querellados acrediten el modo en que se desenvolvió la operación de BiciMad. La magistrada se ha centrado en el delito de malversación e investiga si, como asegura el PP, 10,5 millones eran demasiado.
Entre esas diligencias documentales se encuentra las presentadas por Bonopark. Según explica la empresa concesionaria pese a que la oferta inicial que hicieron fue de 16,7 millones, aceptó la 10,5 millones del Ayuntamiento de Madrid “ante la pasividad del reequilibrio y el impacto constante en los resultados causados”. Bonopark asegura además que la operación no ha supuesto que se hayan desecho de la deuda que contrajo la empresa con la adquisición del servicio.
Deuda: un mal cálculo del vandalismo
Bonopark achaca las pérdidas económicas contraídas durante su gestión del servicio a que Bicimad “sufrió un vandalismo superlativo, muy aleado de las previsiones del Ayuntamiento y concesionaria”. La empresa navarra fijó una previsión anual de coste del vandalismo de 254.760 euros. “El impacto individual medio de cada bicicleta fuera de servicio por esta causa ascendía a 3.054 euros por unidad”, explica la concesionaria en el escrito presentado ante la jueza.
“En consecuencia, el número de unidades vandalizadas, previsto en el plan económico seleccionado por el Ayuntamiento de Madrid como adjudicataria ascendía a 83 bicicletas”. La realidad, detalla Bonopark, es que durante los primeros 14 meses, 1.086 bicicletas se vieron afectadas por vandalismo. La cifra por repartaciones, por tanto, ascendió a 3,3 millones de euros.
De hecho, Bonopark se queja, en su escrito en el juzgado, de que la oferta del Ayuntamiento de Madrid de 10,5 millones no tuvo en cuenta las pérdidas que el vandalismo ocasionó a la empresa. La concesionaria también señala que las bicicletas que se transfirieron también fueron superiores a las que aparecían en el inventario inicial, de 2.180 bicicletas a 2.539, que se transfirieron “sin que ello supusiera un incremento de precio para la EMT”.
Además, cuando el Ayuntamiento se hizo con el servicio, detalla Bonopark, la firma navarra había asumido ya unos costes de mejora del servicio por 541.000 euros que han supuesto “una notable mejora del servicio de BiciMad que ha determinado el incremento sensible de usuarios”, asegura la concesionaria.
Los 10,5 millones del Ayuntamiento
¿De dónde sale la cifra de 10,5 millones que el Ayuntamiento de Madrid decidió pagar por BiciMad? El precio, según ha detallado el Ayuntamiento en el juzgado, fue fijado por los servicios técnicos de la EMT en un análisis jurídico, laboral, contable, operativo y de recursos humanos. Para ello, contó con las cuentas anuales auditadas de Bonopark, los datos de explotación, auditorías técnicas, documentación de patentes y marcas, descripción funcional del sistema, contratos con proveedores, contratos laborales, planes económicos financieros...
A partir de ahí, la EMT calculó el valor de los elementos que se cederían a la EMT y cuantificó los beneficios que la empresa municipal obtendría como cesionaria del servicio. El 18 de febrero de 2016 fija ese primer preacuerdo en 10.500.000 de euros sobre la base de varios aspectos, después de haber situado el valor de la operación en una horquilla entre los 9,49 y los 11,13 millones.