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Los técnicos alertaron del crédito público al padre de Díaz Ayuso que nunca se cobró
La Fiscalía de Madrid ha constatado que los créditos que Avalmadrid concedió a empresas en mala situación económica y cuyos accionistas estaban vinculados con su Consejo de Administración, como Arturo Fernández o Gerardo Díaz Ferrán, se dieron de forma “fraudulenta” y podrían constituir delitos, pero no ha entrado a valorar porque, de confirmarse esos indicios, todo estaría prescrito.
Son las conclusiones del escrito de archivo del Ministerio Público, al que ha tenido acceso eldiario.es, sobre las irregularidades en cuatro operaciones de préstamo realizadas por esta empresa participada por la Comunidad de Madrid y que fueron denunciadas ante el ministerio público. El fiscal argumenta que “los hechos descritos en la denuncia –puesta por la propia empresa semipública tras un expediente del Banco de España– podrían ser constitutivos de un delito de administración desleal”, castigado con hasta cuatro años de prisión.
Sin embargo, no entra a calificar expresamente si “hay o no indicios de criminalidad” y opta por cerrar la investigación “al considerar que los hechos denunciados, en el caso de que fueran constitutivos de delito, se encontrarían prescritos” por haber transcurrido “sobradamente” el plazo de cinco años. Los avales polémicos se concedieron hace más de cinco años: todos se firmaron entre 2009 y 2013.
“La conducta descrita consiste en la realización de operaciones por parte de los miembros del Consejo de Administración que han supuesto una disposición fraudulenta de los recursos de la sociedad a favor de personas vinculadas”, describe la Fiscalía.
Pese al archivo, el informe del Ministerio Público advierte de que regar con avales sin garantías a empresas amigas del círculo de poder de Avalmadrid “generó un perjuicio a la sociedad pues carecían de lógica económica al haberse concedido los avales a beneficiarios que no eran merecedores de los mismos por su situación económica y financiera”. Además, constata que los créditos se aprobaron en estos casos “en condiciones más ventajosas”.
La Fiscalía también se plantea en su escrito si las actuaciones podrían responder a un delito “de malversación de caudales públicos” al estar Avalmadrid supervisada y participada por organismos públicos (la Comunidad de Madrid tiene el 30% de su capital social).
“Mal uso” de los caudales públicos
En este sentido, el fiscal considera que se hizo un “mal uso” de los caudales públicos pero no se sustrajeron. Este matiz hace que los hechos señalados no tengan encaje en la redacción del delito de malversación que tenía el Código Penal antes de la reforma de 2015. “Este artículo no estaba en vigor al tiempo de los hechos y no podemos aplicarlo retroactivamente, en la medida en que le sería desfavorable a los denunciados”, argumenta.
Las diligencias de la Fiscalía se abrieron a raíz de una denuncia de la propia Avalmadrid. La empresa, participada por la Consejería de Economía y Hacienda, tuvo que llevarse a sí misma ante el Ministerio Público. En verano de 2018, el Banco de España le había abierto un expediente disciplinario que alertaba de que durante años se dieron demasiados créditos con un “riesgo individual significativo” con “informes de seguimiento deficientes” y que no evaluaban correctamente “la capacidad de pago” de los avalistas.
Muchos de esos avales nunca fueron pagados. Como ocurrió con los 400.000 euros que Avalmadrid prestó al padre de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Los técnicos alertaron de que había riesgos en la concesión del crédito, entre otras cosas porque la nave que figuraba como garantía era ilegal y podía ser demolida, pero la operación siguió adelante. Ocho años después, el préstamo aún no se ha recuperado: Avalmadrid ejecutó la finca pero no ha sido suficiente para saldar la deuda, que ha acumulado intereses en este periodo.
Ante tales conclusiones, Avalmadrid decidió encargar una auditoría externa para analizar los préstamos que el Banco de España puso en la picota: un total de 162 operaciones que movieron más de 82 millones de euros. La empresa semipública solo incluyó en su denuncia cuatro de ellas por su “apariencia de discrecionalidad, sin atender a razones de lógica económicas” y por encontrar “vinculaciones” entre quienes aprobaron la operación o socios de la empresa y las compañías avaladas.
Entre esos créditos arriesgados que acabaron mal aparecen los nombres de Arturo Fernández y el condenado Gerardo Díaz Ferrán. El primero, amigo personal de Esperanza Aguirre, recibió prestado más de 2,6 millones de euros cuando era presidente de CEIM para Central de Compras Cantoblanco S.L. No fue consejero de Avalmadrid, pero la patronal madrileña se sentaba en el Consejo de Administración de la empresa semipública.
A Díaz Ferrán le avalaron siete créditos por valor de casi tres millones de euros destinados a dar financiación a varias empresas vinculadas con el grupo Marsans –Rural Tours S.A y TRAP S.A– cuando “ya se encontraba en situación de insolvencia”. El empresario era entonces presidente de la CEOE pero había sido el líder de la patronal madrileña CEIM hasta 2007. En el Consejo de Administración que dio el visto bueno a la financiación se sentaban dos viceconsejeros de CEIM.