La Fiscalía de Madrid ha actuado por primera vez contra una residencia de mayores de la Comunidad, tras la cascada de denuncias recibidas por la actuación de estos centros durante la primera ola de la pandemia. El Ministerio Público ha presentado una denuncia contra las responsables de una residencia privada por varios delitos, entre ellos, homicidio imprudente, denegación de asistencia sanitaria y omisión del deber de socorro. La representante del Ministerio Público sostiene que la doctora y la gerente del centro no acataron el protocolo previsto para pacientes con la Covid-19, una decisión “que provocó el fallecimiento de una mujer de 85 años pocos días después de haber ingresado en el centro”, explica la Fiscalía en una nota de prensa.
El Ministerio Público defiende que la doctora “desantedió” todas las “previsiones que le eran –y debían ser- conocidas”, aludiendo de esta forma a los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid, que establecía “un sistema de comunicación con el hospital de referencia, a fin de que fuera el geriatra de enlace quien, sobre la base de la información suministrada por la residencia, realizando una valoración integral de los pacientes, decidiera si se beneficiarían más de su traslado hospitalario o de la asistencia en el centro residencial”, explica el departamento de prensa de la Fiscalía.
“La doctora no contactó hasta ocho días después con el servicio de geriatría del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en relación con la situación de una residente que había comenzado con problemas respiratorios el 22 de marzo. Pese al rápido traslado al centro hospitalario dispuesto por la geriatra de referencia, no se pudo impedir su fallecimiento al día siguiente, como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria”, sostiene el Ministerio Público.
Según detalla la Fiscalía, los síntomas del virus comenzaron a aflorar el 23 de marzo, cuando la fallecida presentó “un cuadro inespecífico, que incluía saturación de oxígeno en sangre por lo que la doctora denunciada le pautó gafas nasales, consiguiendo que aumentara la saturación”. Sin embargo, en vez de seguir las instrucciones pautadas por la Comunidad, que establecían que debía contactar “con la geriatra de referencia”, llamó a una facultativa de un centro de salud “para que tramitara la derivación hospitalaria”.
Al día siguiente la doctora denunciada constató que el traslado no se produjo, desde el centro de salud le explicaron que “no había sido posible porque el 061 estaba aplicando protocolos de priorización de pacientes en los traslados que realizaba”. “Lejos de llamar a la Fundación Jiménez Díaz para activar el protocolo de derivación que le correspondía, procedió a tratar a la usuaria en la residencia, donde no disponían de servicio de enfermería y a pesar de que su propio turno de asistencia terminaba a las 13:00 horas”, indica el Ministerio Público.
En los registros médicos aportados, la Fiscalía no ha encontrado anotaciones que constaten que en los dos días posteriores hubiese “consulta alguna con la geriatra de referencia”. Tampoco hay pruebas de que en el fin de semana del 28 y 29 de marzo, se dejase “solicitada visita de los médicos de urgencia del centro de salud”, ya que la trabajadora de la residencia estaba librando. Ante esta situación y las peticiones de los hijos de la fallecida para que los especialistas de Atención Primaria atendiesen a su madre, se encontraron con la negativa de estos profesionales. “No procedía, dado, además, que la habían evaluado durante la semana”.
Durante aquellos días, la gerente del centro tampoco estaba presente en las instalaciones, por lo que el cuidado de las usuaria enferma recayó en los “gerocultores, que carecían de cualificación sanitaria”. La denuncia del Ministerio Público también se ha presentado contra la responsable, al considerar que “era conocedora de la situación clínica de la paciente y de las posibilidades reales de tratamiento médico que tenía en su centro”.
Finalmente, fueron los familiares de la paciente los que contactaron con la geriatra de enlace, que comenzó el papeleo para trasladar a la usuaria al hospital y confirmó a los hijos de la anciana “que nada sabía sobre la situación de esta usuaria”.
Tras el fin de semana, un equipo médico y la doctora denunciada constataron que la anciana había sufrido un “notable” empeoramiento durante los días en los que no había recibido asistencia médica. “Desconociendo una vez más el protocolo, la doctora intentó una derivación a través del 061, siendo el personal de este servicio de emergencia quien le indicó que debía hacer la solicitud a través de la geriatra de referencia. En base a ello, realizó una e-consulta a las 11:56 horas, que fue inmediatamente contestada, a las 13:12 horas, por la (geriatra de referencia), quien gestionó personalmente el traslado urgente, enviando un mensaje de correo electrónico al jefe de guardia del SUMMA”, concluye la Fiscalía.