La Fiscalía vuelve a señalar a la diputada del PP en la Asamblea de Madrid Belén Rodríguez Palomino al apreciar “fundados indicios de criminalidad” en su gestión como alcaldesa de Villa del Prado, un municipio madrileño en el que lleva gobernando con mayoría absoluta desde 2007.
El Ministerio Público ya denunció a la diputada por un “delito continuado de prevaricación” al entender que había fraccionado contratos como regidora que recaían reiteradamente en las dos mismas empresas sin concurso público. Entre 2014 y 2015, el consistorio les abonó 358.000 euros y dos años después la cantidad ya llegaba a los 640.000 euros. Este asunto, denunciado inicialmente por un concejal de Vecinos por Villa del Prado, ya está admitido a trámite por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha pedido a la Asamblea que acredite su condición de aforada, el paso previo para una posible imputación de la diputada.
Ahora se abre otra vía de investigación contra Rodríguez Palomino. La Fiscalía de Móstoles ha trasladado un informe al Ministerio Público del TSJM, órgano judicial competente para juzgar a una aforada, para hacerle conocedor de “los indicios racionales de responsabilidad penal contra la alcaldesa” tras las diligencias practicadas. El informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, recoge tres delitos: nombramientos ilegales (aunque estaría prescrito), usurpación de funciones públicas y prevaricación urbanística.
El documento expone que Rodríguez Palomino contrató como arquitecto municipal a través de un concurso-oposición a un trabajador con condición de personal laboral cuando la ley obliga a que este puesto sea cubierto por un funcionario de carrera. Según el fiscal, la alcaldesa firmó varios decretos para conceder licencias con informes de este arquitecto no funcionario pese a que varios secretarios municipales advirtieron de que no estaba amparado por la legalidad.
Esta ilegalidad de partida, argumenta el fiscal, implica que el arquitecto ha ejercido “funciones públicas que no le correspondían” y que, como consecuencia, todos los informes preceptivos firmados por él carecen de validez y se declaran nulos. Esta figura es la responsable en un Ayuntamiento de emitir los informes técnicos para que el gobierno municipal otorgue las licencias urbanísticas de primera ocupación y de obras.
El escrito se basa para apreciar el delito de prevaricación administrativa en al menos tres informes de secretarios municipales fechados entre 2017 y 2018 que avisaban “con nitidez” de la “infracción de la legalidad en que incurría cada decreto” firmado por la alcaldesa para otorgar esas licencias. “La presunta responsable dictó numerosas resoluciones administrativas finales (decretos) por los que concedió la oportuna licencia en contra del informe jurídico preceptivo emitido por quien tiene encomendado el asesoramiento jurídico de los órganos municipales”. Es decir, según la Fiscalía, Rodríguez Palomino perseveró en su conducta “haciendo sido advertida de dicha ilegalidad por diversos secretarios municipales del Ayuntamiento”.
eldiario.es ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la alcaldesa, que ocupa este cargo en Villa del Prado desde 2007 aunque ya en 1991 era primera teniente de alcalde en un municipio donde el PP gobierna con mayoría absoluta. Desde 2017, Rodríguez Palomino tiene condición de aforada por ser diputada en la Asamblea de Madrid. Accedió al escaño en la cámara regional en septiembre de 2017, en sustitución de la actual candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular Isabel Díaz Ayuso. Según la web del PP, Rodríguez Palomino es también secretaria de administración de la Vicesecretaría de Organización del partido en Madrid.
La situación que describe la Fiscalía de Móstoles ya fue puesta en conocimiento de la justicia por otro denunciante, Fernando Jabonero, pero las diligencias se archivaron tras una respuesta de la secretaria municipal, Ana María Valcarce, en diciembre de 2017. El portavoz del grupo municipal de Vecinos por Villa del Prado, José Manuel Martín, presentó una nueva denuncia que subrayaba las “inexactitudes” de la contestación del Ayuntamiento a la petición anterior de información de la Fiscalía y ha motivado la reapertura de las diligencias.
La Fiscalía del TSJM tendrá que decidir ahora, sobre la base del duro informe del fiscal de Móstoles –que dice, entre otras cosas, que “la concesión de una licencia urbanística sin el preceptivo informe técnico supone la mayor vulneración imaginable del control de la legalidad urbanística”– si desarrolla su propia investigación sobre el asunto, mientras la diputada espera una probable citación para declarar como investigada por otro “delito continuado de prevaricación” por fraccionar contratos.
El Código Ético del PP de Madrid, aprobado cuando Cristina Cifuentes estaba al frente de la gestora tras la salida de Esperanza Aguirre, obliga a la renuncia voluntaria al cargo a los “investigados formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social, ante cualquier órgano jurisdiccional”. La dirección regional, por tanto, establece en sus normas que la citación como imputado es suficiente para dimitir, sin esperar a la apertura de juicio oral. Al menos dos diputados, el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz y Josefa Aguado, dejaron forzadamente su acta en la Asamblea por imputaciones en tramas de corrupción.