Una antigua funcionaria de los juzgados de la localidad madrileña de Móstoles cumple condena en prisión tras varias condenas por falsificar documentos judiciales en su propio beneficio: para engañar al seguro y cobrar por robos inexistentes o, incluso, intentar borrar su nombre de los registros de morosos por sus deudas bancarias. Los tribunales para los que trabajaba, después de tener que ponerla en búsqueda y captura, acaban de firmar una condena de tres años y un mes de cárcel que se suma a otra sentencia anterior de más de cuatro años de prisión.
El historial de esta funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa destinada en el juzgado de instrucción número tres de Móstoles arrancó en las últimas semanas de 2015. En ese periodo elaboró una denuncia falsa que supuestamente había presentado ante la Policía Nacional denunciando un robo que nunca había existido dentro de su coche en un centro comercial. La denuncia nunca se interpuso pero consiguió una indemnización de 200 euros del seguro.
Volvió a repetir la operativa dos veces más: en junio de 2016 y en marzo de 2017. Denunció falsamente haber sido víctima de un tirón del bolso y consiguió una segunda indemnización de 605 euros. Fue cazada en su tercer intento, cuando volvió a elaborar una denuncia falsa afirmando que alguien había robado en el interior de su coche mientras estaba aparcado en el Hospital Rey Juan Carlos de la localidad. Ahí llegó incluso a falsificar documentación judicial para convencer al seguro, que se negó a pagar por la sucesión sospechosa de robos.
Esa primera colección de denuncias falsas y documentos falseados le costó una primera condena de cuatro años y medio de cárcel por un delitos continuado de falsedad en documento oficial en concurso con otro de estafa, firmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2020 y ya declarada firme. Pero su historial criminal no terminó ahí. Unos pocos meses después de elaborar la última denuncia falsa para engañar al seguro, en octubre de 2017, volvió a usar su puesto en el juzgado para intentar sacar su nombre de las listas de morosos donde estaba por sus deudas con el banco.
Su nombre figuraba en las listas del fichero Asnef, donde entre otras cosas figuran las personas que tienen deudas con su banco. Y ella, según las sentencias a las que ha tenido acceso elDiario.es, estaba en el fichero y decidió falsificar documentación para intentar salir. Elaboró un escrito del juzgado falsificando la firma del letrado judicial y advirtiendo al fichero de que su nombre y el de otras personas debían borrarse inmediatamente bajo amenaza de incurrir en un delito de desobediencia si no lo hacían. Entre los nombres que dio no solo estaba el suyo sino también el de una prima suya.
La razón de incluir el nombre de su prima hermana no era intentar ayudar a un familiar y matar dos pájaros de un tiro. Según explicó su prima cuando testificó en la causa, ella misma había denunciado a esta funcionaria por lo penal por abrir una cuenta a su nombre sin que ella lo supiera, donde se fueron acumulando las deudas que llevaron a ambas a las listas de morosidad. En ese caso, dijo la prima de la acusada, la funcionaria devolvió el dinero y el caso fue archivado.
Cazada por un fax
Esta segunda falsificación de documentos judiciales perpetrada a finales de 2017 fue descubierta poco después cuando llegó un fax al juzgado de Móstoles. Una comunicación en la que la empresa de gestión de las listas de morosos informaba a la Justicia de que su orden de borrar varios nombres de las listas de impagos había sido cumplida. Una orden que, según comprobó el Letrado de la Administración de Justicia, no había dado nadie porque no existía ninguna investigación en curso sobre ese asunto.
Las dos causas contra ella discurrieron en paralelo aunque esta segunda investigación fue un poco más abrupta. En este caso tanto sus compañeros y compañeras del juzgado de Móstoles testificaron, las pruebas periciales apuntaron a la funcionaria como autora del documento falsificado y, además, su prima dio una explicación creíble para los jueces sobre por qué estaban en las listas de morosos. Pero la funcionaria dejó de comparecer y, en un momento dado, los tribunales tuvieron que dictar una orden de búsqueda y captura contra ella y ordenar su ingreso en prisión para que estuviera a disposición de los jueces.
El resultado es una segunda condena de la Audiencia Provincial de Madrid, todavía no firme, de tres años y un mes de cárcel por un delito de falsedad documental, además de una multa de 2.700 euros y tres años más de inhabilitación para ejercer como funcionaria. Condena que sumada a su sentencia anterior suma siete años y siete meses de presidio.
En este segundo caso, los jueces entienden que la funcionaria elaboró un “documento oficial falso” para salir del fichero de morosos. “La única deducción posible”, afirma la Audiencia de Madrid después de examinar todos los testimonios, las periciales y toda la documentación, es que fue ella la que falsificó la firma de su compañero para dirigirse al fichero. En un primer momento la Fiscalía había pedido cuatro años y medio de cárcel para ella, pero los jueces dejan la sentencia en tres años y un mes, teniendo en cuenta entre otras cosas el “lapso temporal considerable” que ha pasado desde que arrancó la causa hasta que ha sido condenada.