3.000 euros por una biopsia de mama. Más de 5.000 por una intervención de fimosis. 3.500, por quitar unas varices. La asistencia sanitaria en un hospital concertado le cuesta a las arcas de la Comunidad de Madrid hasta seis veces más que en uno público. Los datos son de la Cámara de Cuentas, el organismo responsable de fiscalizar los fondos de las Administraciones públicas en Madrid. En su último informe este órgano destaca, tras analizar el gasto sanitario entre 2011 y 2015, que lo que se paga a la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, con la que la administración tiene suscrito un Concierto Singular, supone un coste “considerablemente más elevado del que resultaría de aplicar el precio público o una financiación en base a la cápita media de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud”.
Esta conclusión está recogida en el anteproyecto del órgano fiscalizador sobre el gasto sanitario y farmacéutico entre 2011 y 2015, al que ha tenido acceso eldiario.es a través del buzón anónimo y seguro Fíltrala. Ese dictamen cuantifica ese exceso de coste en “desviaciones de hasta el 743%”, especialmente en las cirugías ambulatorias, las operaciones más frecuentes que no requieren ingreso (intervenciones menores de rodilla, de pie, de ojos, de varices...). En cinco años la administración pública ha pagado a la fundación más de 1.721 millones de euros, a razón de una media de 350 millones al año, según los datos recogidos por la Cámara de Cuentas.
El anteproyecto, un texto aún no definitivo sobre el que ha presentado alegaciones la Comunidad de Madrid, refleja que en 2012 la propia Consejería de Sanidad detectó que era posible ahorrar hasta 37 millones de euros anuales de más de 312 si se renegociaba el convenio y planteó varios escenarios para hacerlo: con “financiación capitativa (considerando lo que se paga por cápita, es decir, por paciente)” o teniendo en cuenta “las tarifas medias (precios públicos)”. En este segundo caso el ahorro ascendería a 58 millones, según recoge el órgano fiscalizador. La Consejería de Sanidad confirma a eldiario.es que ya ha presentado sus alegaciones al informe y declina “entrar a valorar su contenido” porque no es el “proyecto definitivo”.
El órgano fiscalizador focaliza parte del problema en las “cláusulas adicionales”, que comprenden los pagos que se hacen a la Fundación Jiménez Díaz, al margen de la actividad básica (llamada sustitutoria) en concepto de facturación extra por la actividad complementaria, la lista de espera y la libre elección. Esto es, los pacientes de fuera de zona que acuden libremente a la Fundación o son derivados de otros centros a este para aligerar la lista de espera en caso de intervenciones o de otros hospitales con carteras de servicio inferiores. Las cuantías por estos conceptos se han multiplicado entre 2011 y 2015: de 7,6 millones de euros a 58.
En el texto provisional, la Cámara de Cuentas refleja cómo el SERMAS midió ese exceso de gasto en 2015 comparando el coste de algunas operaciones ambulatorias y de la hospitalización en la Fundación Jiménez Díaz con otros centros públicos del mismo grupo (con una cartera de servicios similar). Esta comparación se ha hecho sobre la base de un ítem, los Grupos Relacionados por el Diagnóstico, que es el método de los hospitales para medir su actividad.
El resultado es que una biopsia de mama multiplica por tres el coste (de 1.000 a 3.000), una operación de fimosis por cinco (5.000 euros frente a 1.000) o una intervención de ojo alcanza los 3.737 euros cuando en un hospital público similar se sitúa en 510 (más de siete veces más). Las operaciones de varices o extraer un lunar o un lipoma cuestan en la Fundación a unos 3.500 euros frente a los 1.000 de media en los públicos. Y lo mismo pasa con las operaciones de pie (juanetes o dedos martillo), que cuestan tres veces más con este concierto, según los datos recabados por la Cámara de Cuentas.
“De los 25 GRD más frecuentes en Cirugía Mayor Ambulatoria, se verifica que en todos los casos la tarifa de la fundación es muy superior a la media y a la de otros hospitales”, concluye el órgano fiscalizador. Estas intervenciones no requieren hospitalización y es frecuente que los pacientes procedan de otros hospitales dentro los planes para reducir las listas de espera.
Tratar un ictus cuesta el doble
El SERMAS también hace la misma comparación pero con los costes de hospitalización por patologías y, con ese análisis, la Cámara de Cuentas llega a una conclusión parecida: “de los 25 GRD más frecuentes en hospitalización, únicamente en cinco procesos la tarifa de la fundación es inferior”. Tratar una insuficiencia cardiaca o un ictus cuesta el doble, mientras los costes están más equilibrados en procesos como psicosis o cesáreas.
Si el correlato se hace con los precios públicos –lo que costaría si fuera un servicio privado– la diferencia es aún más pronunciada: se han detectado desviaciones que alcanzan hasta el 1.000%, es decir, un coste multiplicado por diez, con datos de la liquidación del gasto de 2014. De haberse aplicado las tarifas del precio público los ahorros anuales habrían ascendido, según el órgano fiscalizador, a más de 55 millones en 2014 y 61 en 2015. Para la Cámara de Cuentas, además, es llamativo que mientras “los gastos reales de la mayoría de hospitales públicos del grupo 3 (al que pertenece la Fundación)” disminuyeron “en torno al 10%” entre 2010 y 2014, “los de la Fundación Jiménez Díaz se incrementaron un 23%”.
Este hospital concertado, de 600 camas, atiende a una población de 430.000 personas en Madrid y funciona con este modelo desde 2006. Desde entonces, el concierto se ha revisado en dos ocasiones. La primera fue en 2011, cuando se firmó un Acuerdo de Novación que amplió el número de pacientes que corresponden al centro por zona (de 402.000 a 434.754) y triplicó los años de duración del contrato (de 10 a 30). La segunda, en 2015, cuando se introdujo un cambio de financiación que, sin embargo, no ha dado lugar al descenso de costes, como acredita la Cámara de Cuentas.
En este sentido, el órgano fiscalizador revela que la Comunidad de Madrid redujo en 2013 en 20 millones de euros la financiación básica recogida en los Presupuestos Regionales para “homogeneizar los criterios de financiación de la FJD a la del resto de Hospitales del Servicio Madrileño de Salud” (de 216 millones a 193). Un cambio en la forma de retribución que la Cámara de Cuentas no ve reflejado en los costes finales, por lo que concluye que no se está aplicando.
La Consejería de Sanidad tampoco ha aportado al órgano ninguna “resolución en la que se acuerde la no aplicación del régimen económico por financiación capitativa contemplado en la referida ley de presupuestos ni los motivos para seguir retribuyendo” del mismo modo, que “supuso un mayor gasto”.
Por eso, la Cámara de Cuentas conmina ahora a la Comunidad de Madrid a “renegociar el convenio singular marco en aras de adecuar el coste de los servicios sanitarios al precio público y así reducir el gasto de la actividad sanitaria sustitutoria”. El órgano fiscalizador remata que de este reajuste depende también la “sostenibilidad del sistema sanitario madrileño” al reducirse “un coste considerablemente más elevado”.
Un gigante del negocio sanitario, detrás del hospital
La Fundación Jiménez Díaz pertenece al grupo Quirónsalud, que también gestiona tres hospitales de la red pública de Madrid (Villalba, Móstoles y Valdemoro). Quirónsalud es la antigua Capio y fue comprada en 2017 por 5.760 millones de euros por el gigante alemán Fresenius, un gran grupo europeo de sanidad privada que admite que el negocio más rentable de la adquisición de Quirónsalud procede de los conciertos que tiene firmados con la sanidad pública, especialmente, la madrileña.
“Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado”, dijo públicamente Stephan Sturm, consejero delegado de Fresenius, tras anunciar la compra de Quirónsalud por 5.760 millones de euros al fondo de capital riesgo CVC. Además de la Fundación, el grupo gestiona tres de los cuatro hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid.
La Cámara de Cuentas, además de entrar a analizar los costes desorbitados de la asistencia sanitaria en la Fundación Jiménez Díaz, desmonta con estos y otros datos y afirmaciones que la privatización sanitaria sea más eficiente en el gasto público, la principal tesis de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González (PP) para justificar ante los madrileños los planes, interrumpidos parcialmente por los tribunales, para dejar una gran parte de la sanidad pública en manos privadas. El asunto también está en manos de la Fiscalía, pendiente de admitir la denuncia de Podemos por supuestos sobrecostes de 3.000 millones de euros en siete hospitales construidos por Esperanza Aguirre.