Quedan por delante casi cuatro meses clave para saber qué pasará en España con los VTC (vehículos de transporte con conductor) –como los explotados por Uber o Cabify–, que han acaparado polémicas e incertidumbres en los últimos años. Por un lado, porque el 1 de octubre vence la moratoria de cuatro años que concedió el Ministerio, entonces encabezado por José Luis Ábalos, para que las comunidades –o los ayuntamientos– regulasen esta actividad en sus territorios, lo que permitió a estos vehículos seguir operando. Por otro, porque en paralelo hay una maratón judicial para decidir si la regulación en vigor es compatible con las normas europeas: el Tribunal Supremo ha preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si es legal limitar el número de VTC a uno por cada 30 taxis.
El próximo capítulo que decidirá si empresas como Uber, Bolt o Cabify pueden seguir operando, en este caso en Madrid, va a desarrollarse este mismo jueves con la votación en la Asamblea regional de la regulación que acaba con esa moratoria; da vía libre a los VTC para seguir operando en trayectos urbanos, a la espera de un reglamento que entre al detalle sobre cómo se tiene que ejercer esa actividad; y que, por lo tanto, ha vuelto a poner en alerta al sector del taxi.
Como aperitivo, los taxistas han convocado una concentración este miércoles, el mismo día en el que se reúne el Consejo de Gobierno de la Comunidad. El colectivo está llamado a manifestarse a las 10.00 entre la plaza de Neptuno y de Colón. “Dejaremos nuestros coches e iremos caminando hasta la Puerta del Sol para entregar una oferta al Gobierno regional, que seguro no podrán rechazar. Es un acto cívico de protesta, sin algaradas, y cumpliendo siempre las indicaciones de la Delegación del Gobierno”, asegura la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM).
En la votación del jueves, será determinante el respaldo o abstención de Vox ante una regulación que puede perfilarse como la línea a seguir por otras comunidades –básicamente, las gobernadas por PP– y que se trata a solo dos semanas de las elecciones andaluzas, lo que eleva su carga política.
Por lectura única, sin verse en comisión y sin enmiendas
El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso aprobó el pasado 4 de mayo un proyecto que modifica la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, de 1998, que acaba con esa moratoria de cuatro años y permitirá a los VTC seguir operando por la capital a partir de octubre. A la espera de cómo se redacte el desarrollo reglamentario, los vehículos con conductor funcionarán como hasta ahora: no pueden circular vacíos buscando pasajeros por la calle, tienen que precontratarse vía aplicaciones y no disponen de paradas específicas. Podrán, por tanto, seguir operando dentro de la ciudad y no solo para servicios interurbanos, para lo que, en un principio, estaban definidos los VTC.
“El Ejecutivo regional apuesta por garantizar la mejor y más completa oferta de transporte a los madrileños, fomentar la libertad de elección, la actividad económica, el empleo y la competencia, por lo que convivirán todas las modalidades de desplazamiento de viajeros”, aseguró el Gobierno madrileño, que pretende aprobar la norma por lectura única. Esto es, por la vía rápida, sin debate en comisión ni posibilidad de que la oposición presente enmiendas.
Esta fórmula, consideran desde Más Madrid, “cercena la labor de los diferentes agentes y restringe su participación a la hora de presentar enmiendas y debatir en profundidad el objeto de la Ley”. Por eso, el grupo parlamentario presentó una proposición no de ley para exigir la retirada de un proyecto que llega “tarde y mal”. “Regular, lo que se dice regular, no regulan nada”, indican desde la formación, que puntualiza que no se controlan las tarifas, permiten a las licencias seguir “funcionando tal cual” y “fían a un posterior reglamento cualquier requisito específico”, como el porcentaje de vehículos que deben estar adaptados, la formación, la precontratación o la captación.
“Nunca hemos dicho que acaben con el servicio de VTC, les hemos dicho que les pongan normas, que tengan exigencia para prestar el servicio. Tanto hablar de la competencia y se les olvida que para esto tiene que haber igualdad y normas claras”, señala la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que considera que cuando al Ejecutivo de Ayuso “se les pone una gran corporación delante, agachan las orejas”.
La coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso, ha lamentado que la presidenta haya “tomado partido por las multinacionales y los viejos conocidos del PP, que son los que poseen las grandes flotas de vehículos VTC”. “Mientras tanto, incumple sus promesas, cierra la puerta al diálogo y abandona a los trabajadores del taxi, la mayoría autónomos. Hablamos de 25.000 familias de la Comunidad de Madrid”, indica. Este grupo, uno de los que más claramente se ha posicionado del lado de los taxistas, apuesta por el “diálogo entre las partes y la defensa del taxi”. “Sabemos qué es lo que ha pasado cuando se ha privatizado el servicio en otras capitales: que llega la especulación y hacer un trayecto de tu casa al hospital en vez de diez euros puede costarte 20, porque apenas quedan taxis y no existe un tope de precios”, advierte Alonso.
El PSOE también ha mostrado su disposición a votar en contra de la lectura única. Así las cosas, la viabilidad del proyecto de ley del PP, que tiene en contra al sector del taxi, depende de la decisión que Vox tome en los próximos días. Desde la formación de extrema derecha están todavía estudiando el tema antes de avanzar cuál será la posición de su grupo en la Asamblea, que puede facilitar con su apoyo o su abstención la tramitación por lectura única o, por el contrario, impedir que salga adelante con su negativa, algo que no suele ocurrir en la Cámara regional, donde los de Rocío Monasterio han facilitado todas las iniciativas importantes que han presentado los conservadores.
Los taxistas buscan convencer a Vox
A solo unos días de la cita en la Asamblea, el sector del taxi reconoce que está tratando de convencer a Vox para que vote en contra del proyecto del Gobierno de Ayuso. “Estamos manteniendo contactos, reuniones. Tratamos de convencerlos”, argumenta Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. “La abstención no nos vale. Lo que necesitamos es el voto en contra de Vox y que se haga una ley en condiciones, con enmiendas y valoraciones de los grupos. Si hay intención de hacer las cosas bien, hay tiempo”.
Los taxistas se movilizan y reconocen que, si la regulación en Madrid sale adelante tal y como está planteada, la llevarán a los tribunales y pueden exigir compensaciones económicas porque golpearía el valor de sus licencias. “Puede haber responsabilidad patrimonial. Si yo he entrado en un sector con unas condiciones y te las cambian, hay un daño patrimonial”, recalca Sanz.
La clave es, por tanto, si Vox se pone o no del lado de los taxistas. Durante el gran conflicto del sector del taxi en 2019, con una huelga que se alargó durante 16 días, el partido de extrema derecha mantuvo un perfil bajo. Nada de fotos con los trabajadores, como ha ocurrido con los transportistas o con las manifestaciones del campo, aunque luego voten contra leyes que reivindican estos sectores, como la ley de cadena alimentaria, que impide vender a pérdidas. Entonces, solo hubo una propuesta, que pasaba por la liberalización del sector. La formuló Iván Espinosa de los Monteros a través de Twitter y consistía en “compensar derechos adquiridos”. El portavoz de Vox proponía también conceder licencias VTC a los taxistas durante los primeros años para que pudieran “venderla”, “pasarse a VTC” si creían que era más rentable o “explotar la licencia con un tercero”.
También en Madrid, en junio de 2021, el Ayuntamiento encabezado por José Luis Martínez-Almeida aprobó una nueva regulación del taxi, con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, que 'uberizaba' el funcionamiento de este servicio, al que ponía a competir con las plataformas VTC. La cuestión ahora es que la decisión que tiene que tomar el partido de extrema derecha afecta a cerca de 16.000 taxistas en la Comunidad, pero lanza un aviso a los propietarios de las 9.219 licencias de Andalucía, donde todas las encuestas apuntan que la formación será clave para la formación del nuevo Gobierno. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, todavía no ha aprobado una regulación, pese a que debe hacerlo antes de octubre.
Fuentes de la consejería de Fomento de Andalucía señalan que “puede que el Estado apruebe una moratoria”, que evite a los gobiernos autonómicos tener que legislar sobre las VTC. “En Andalucía se ha pedido al Estado que regule para toda España”, aseguran estas mismas fuentes.
Las comunidades regulan, el Estado controla las licencias
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado vía libre a la continuidad de las licencias VTC, a la espera de saber qué pasará en la votación en la Asamblea y qué ocurrirá en otras comunidades autónomas. En teoría, si no se regulan estos vehículos por parte de comunidades y ayuntamientos, a partir del 1 de octubre, solo podrían hacer viajes interurbanos. De las 16.000 licencias VTC que existen actualmente a escala estatal, la mitad están en la región encabezada por Díaz Ayuso.
Autonomías y consistorios tienen baza para regular, pero su registro depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Desde el organismo encabezado por Raquel Sánchez explican que, en 2018, con Ábalos, “se abordó desde el principio este reto desde una perspectiva global, con el objetivo de lograr una competencia leal entre el sector del taxi y el del arrendamiento de vehículos con conductor, así como que esta materia se regulara desde las administraciones más cercanas a los usuarios, más 'pegadas' al territorio, como conocedoras de primera mano de cómo se puede dar una mejor satisfacción a las necesidades”.
El Ministerio explica que hace cuatro años “se habilitó a las comunidades autónomas, a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional, para los servicios en su territorio, incluyendo condiciones como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo”. Al mismo tiempo, “se determinó que las VTC de ámbito nacional quedaban habilitadas exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros, sin posibilidad de realizar transporte urbano, al finalizar un periodo transitorio de cuatro años”.
Es decir, según indica Transportes “tras ese periodo de cuatro años, es necesario que las comunidades autónomas o los ayuntamientos establezcan la regulación que consideren para la prestación de los servicios urbanos por parte de las VTC”.
Desde ese denominado 'decreto Ábalos', indica un portavoz de Transportes, “el Ministerio ha querido mantener un papel de facilitador, impulsando el subgrupo de trabajo técnico con las comunidades autónomas, dependiente de la comisión de Directores Generales de Transporte, creado para compartir buenas prácticas regulatorias y experiencias exitosas en la búsqueda de soluciones que faciliten una convivencia ordenada entre el taxi y las VTC y avanzar en la mejora de la experiencia del usuario en ambos sectores, y en este ámbito se centra su actuación”.
Respecto a la exigencia de que circule un VTC por cada 30 taxis, este requisito se mantiene en la regulación aprobada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el texto que salió de la Casa de Correos reconoce que “teniendo en cuenta las autorizaciones de la clase VT [los taxis]”, a fecha de la elaboración de la nueva ley “es de 15.772, y que el de VTC es de 8.425 (a fecha de la actualización de la memoria 15.388 y 8.405, respectivamente), la proporción se encuentra muy superada, por lo que hasta que la misma no alcanzase los valores de 1 a 30 no podrían otorgarse autorizaciones de las reguladas”.
“Se entiende que la norma no conlleva cargas administrativas no teniendo certeza de cuando las mismas vayan a poder otorgarse teniendo en cuenta la proporción descrita, por lo que no procede hacer una medición de cargas que no se sabe si van a producirse y, en su caso, cuándo”, incide, dejando la puerta abierta a que no haya nuevas concesiones de licencias.
En paralelo está también la vía judicial, donde no solo hay licencias paralizadas por la denuncias interpuestas en los últimos años, sino que el Supremo ha elevado a Europa la cuestión de si la limitación 1/30 es legal. En concreto, ha realizado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que opine y decida si esa condición es compatible con las normas europeas de libertad de establecimiento.