Juan José de Gracia Gonzalo dimitió a principios de septiembre de su cargo de consejero de la socimi que en julio de este año anunció la compra, por 14,1 millones de euros, de la actual sede del Metro de Madrid, como informó eldiario.es. Gracia Gonzalo, antes de su fichaje por la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) Domo Activos desde marzo de 2017, fue alto cargo durante diez años en los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid en materia de vivienda.
“En fecha 3 de septiembre de 2019 la Sociedad ha recibido comunicación del consejero independiente Don Juan José de Gracia Gonzalo por la que comunica su dimisión al cargo de Consejero”, indicó Domo, que no informaba de las razones de la dimisión.
Ahora se desvela la incógnita: Juan José de Gracia Gonzalo dejó la sociedad para regresar a la administración pública, esta vez al Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside la popular Isabel Díaz Ayuso. Gracia Gonzalo fue nombrado el pasado 3 de septiembre director general de Suelo, un departamento dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación urbana. Por este cargo recibe una retribución de 93.855 euros anuales.
Antes de su fichaje por el Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos, la socimi de la que entonces era vocal anunció el pasado 30 de julio la compra de la sede que todavía hoy ocupa Metro. La transacción cerró el círculo que empezó a dibujarse a finales de 2014, cuando la empresa pública, 100% propiedad de la Comunidad de Madrid, vendió en subasta pública por unos 34,8 millones el inmueble y los terrenos adyacentes a la cooperativa Residencial El Andén del Retiro, gestionada por Domo Gestora de Viviendas.
Esta gestora ya está construyendo pisos en los solares adyacentes y está levantando una nueva sede para la empresa pública, cuyas obras deben concluir el próximo verano (cuando el personal de Metro será reubicado y Domo podrá reformar y ampliar el inmueble). Y es la que, a la postre, sacó a Bolsa Domo, en la que permanece como accionista con un 2%, aunque tiene mayoría de votos en su consejo de administración.
En ese órgano se sentaba desde marzo de 2017 el ahora dimitido Juan José Gracia. Pero antes, Gracia tuvo durante una década (hasta 2015 con la entrada del Gobierno de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid) un papel destacado en la política de vivienda de Gallardón y Botella en Madrid. Su último cargo fue el de coordinador general de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras del Ayuntamiento (2011-2015). Antes, entre 2005 y 2011, fue consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y coordinador General de Vivienda, entre otros cargos.
Gracia Gonzalo plantó en 2016 a la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid que fiscalizó la venta de 1.860 viviendas a fondos buitre. A las comisiones de la corporación municipal, a diferencia de las de las cámaras autonómicas y estatal, no es obligatorio asistir.
Esta operación de venta, que actualmente investiga un Juzgado de Madrid, fue censurada en diciembre por el Tribunal de Cuentas y condenó a Botella y otros siete altos cargos del Gobierno a pagar una multa de 25,7 millones de euros. Gracia Gonzalo no estaba entre los condenados. La sentencia fue revocada en julio por el mismo órgano fiscalizador y el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez Almeida ha decidido no recurrirla al Supremo.
Esta firma, que el pasado julio anunció la compra de la actual sede de Metro, ha cubierto la vacante de Gracia con otro exalto cargo de Gallardón y Botella. La nueva consejera de Domo, que en junio de 2016 también plantó a la Comisión de Investigación del Ayuntamiento que les había convocado para explicar la venta de los pisos de la EMVS, fue una de las personas condenadas por el Tribunal de Cuentas a finales del año pasado por la venta, en 2013, de 1.860 pisos sociales del consistorio al fondo buitre Blackstone a precio de saldo.
González llegó a estar imputada el año pasado en el caso Lezo por la compra de la colombiana Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II, aunque finalmente el caso fue sobreseído. Unos meses antes, a finales de 2017, tuvo que declarar como testigo en la Audiencia Nacional por la presunta caja B del PP al aparecer mencionada en una conversación pinchada en el caso Lezo sobre supuestas comisiones de empresarios.