El Gobierno de Ayuso aprueba su polémica ley Ómnibus que modifica 50 normas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha dado este miércoles luz verde a su polémica ley Ómnibus, un ambicioso proyecto que pretende modificar hasta 50 normas legislativas autonómicas después de que se haya cerrado ya la consulta pública. Las críticas a esta norma que dio el primer paso en plenas fiestas navideñas con su publicación en el portal de transparencia, nacía con críticas de los sectores sociales y la oposición por el procedimiento utilizado, con apenas diez días para presentar alegaciones en plenas navidades, pero también por su contenido que modifica leyes de prácticamente la totalidad de las áreas de gobierno.

La ley Ómnibus trata de una reforma legal que actúa sobre 50 textos normativos, entre ellos 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. En este cómputo se incluye la derogación total o parcial que el proyecto realiza sobre cuatro leyes y otros cuatro decretos. Tras su aprobación en Consejo de Gobierno, el texto se remite ahora a la Asamblea de Madrid para que inicie la tramitación parlamentaria, según ha informado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio este miércoles en una rueda de prensa.

El anteproyecto legislativo recibió hasta 600 alegaciones pese a que se tramitó por la vía de urgencia en plenas fiestas navideñas, lo que dejó apenas siete días. El consejero madrileño ha asegurado que se han atendido “bastantes” sin mayor especificación. Ossorio ha defendido, no obstante, que se continuarán aportando modificaciones en el período de enmiendas en la Cámara de Vallecas.

La norma presenta varios puntos polémicos ya que incluye medidas que merman el control parlamentario a algunas decisiones del Gobierno, plantea la creación de una agencia sanitaria que puede ser el germen de futuras privatizaciones, según denuncian algunas organizaciones políticas y sociales, y termina con la obligación de las constructoras a que tengan que ceder suelo a los ayuntamientos, además de restar competencias a los municipios. Bastaría en ese caso con el pago de una compensación económica. Un adiós, por ejemplo, a las dotaciones públicas en los desarrollos residenciales.

El anteproyecto de ley salió a audiencia pública el mismo día que Ayuso lograba sacar sus primeros presupuestos desde que es presidenta gracias al apoyo de Vox. Dos días antes de la Nochebuena, pero publicada ese día, la ley bautizada como Ómnibus recibía la luz verde del Ejecutivo regional y afecta a la práctica totalidad de las áreas del gobierno: urbanismo, medio ambiente, carreteras, sanidad, transportes entre otras cuestiones. Modifica leyes centrales como la del suelo o la promoción de las apuestas.

La fecha de presentación, la omisión del trámite de consulta pública y el uso del trámite de urgencia que permitió reducir a la mitad, de 15 a 7 días laborables, el periodo audiencia e información pública, encendió a las organizaciones sociales, que a la vez calificaron el anteproyecto de ley de “otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes”.

Este miércoles, esas organizaciones han ofrecido una rueda de prensa para denunciar la ley y anunciar movilizaciones en contra de la misma. Medio centenar de colectivos y asociaciones de diferentes sectores de la sociedad civil han convocado una manifestación unitaria para el próximo día 26 contra el anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración regional, conocida como 'Ley Ómnibus', al considerar que atenta contra la democracia en la región y favorece la privatización de servicios públicos.

La protesta tendrá lugar el día 26 a partir de las 12 horas entre Atocha y Sol y está impulsada por colectivos sociales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción de Madrid, los sindicatos CCOO de Madrid y UGT Madrid, organizaciones que ya impulsaron una recogida de firmas dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para reclamar la retirada del proyecto.

Oposiciones docentes

Otro de los acuerdos alcanzados este miércoles en Consejo de Gobierno es la aprobación de la oferta Pública de Empleo de 2022 con un total de 2.228 docentes, tal y como ha informado el consejero. De ellos 1.112 corresponden a puestos de trabajo de maestros de Infantil y Primaria, que se incorporarán a los colegios públicos de la región en el inicio del próximo curso 2022/23, y 1.103 a profesores de Secundaria, 7 de Artes Plásticas y Diseño y 6 de Inspectores de Educación, que empezarán en el 2023/24.

Las nuevas plazas se suman a otras dos convocatorias de oposiciones abiertas con un total de 3.412 plazas públicas tras su publicación este mes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). De ellas, 1.624 son del Cuerpo de Maestros que llegarán a las aulas el próximo curso tras superar los exámenes. Los aspirantes podrán presentarse hasta el 4 de marzo y las pruebas serán a partir del 18 de junio.

El plazo de presentación de solicitudes está previsto que sea en enero de 2023 y las pruebas selectivas correspondientes a la fase de oposición comenzarán en junio de ese mismo año.