Uno de los puntos negros de la gestión de Isabel Díaz Ayuso está en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. No solo por los miles de muertos durante la pandemia, tras una orden política para no derivar a los ancianos con Covid-19 a los hospitales en las peores semanas de la crisis sanitaria. También por las condiciones en las que algunos de estos ancianos viven aún hoy. En febrero, los familiares de las personas alojadas en la residencia pública Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares, un municipio al este de Madrid, denunciaron las pésimas condiciones de este centro, especialmente por la alimentación en mal estado que recibían los residentes. La respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pocas semanas después, el 6 marzo, fue poner en marcha una campaña institucional para sacar pecho de su gestión gastando casi un millón de euros en medios generalistas e hiperlocales de la región.
Son 899.913,89 euros para una campaña que comenzó el 6 de marzo y que debía ejecutarse a lo largo de ese mes, hasta el día 31, casi con la precampaña de las elecciones autonómicas del 28M comenzada. Bajo el título Mi residencia es mi casa el objetivo era “comunicar a los ciudadanos madrileños todos los servicios, actividades y recursos asistenciales dirigidos a los mayores de la región, con cerca de 500 centros residenciales a disposición de sus usuarios”, explicaron desde la Consejería de Políticas Sociales y Familias. Varios ancianos explicarían sus vivencias en las residencias para concluir que son verdaderos hogares.
La resolución en poder de esta redacción sobre cómo debía distribuirse la campaña se firmó el 28 de febrero y consta de dos lotes: uno de 494.913,92 euros para medios offline –prensa de papel y radios– y otro de 404.999,97 euros –para medios online–. La distribución de estas cantidades en los diferentes medios de comunicación la llevó a cabo la agencia de medios Irismedia S.L., a la que previamente, en noviembre de 2022, se le adjudicó un contrato marco de 27,5 millones de euros para realizar precisamente este tipo de campañas publicitarias en medios de comunicación a lo largo de este año.
Según se detalla en la documentación, se han beneficiado de la campaña un total de 79 medios de comunicación, entre generalistas, radios y otros pequeños de información hiperlocal de Madrid y otros municipios. El País, El Mundo, ABC, 20 Minutos, La Razón y el Periódico de España son los medios de comunicación escritos generalistas que han recibido dinero de esta campaña institucional –elDiario.es no se encuentra entre estos medios–. También las radios Cadena Ser, Cope, Onda Cero o esRadio –liderada por Federico Jiménez Losantos–, Radio Marca o Radio Intereconomía. Después hay más de 60 medios de comunicación pequeños de toda la Comunidad de Madrid.
Los familiares denuncian las malas condiciones de una residencia
La campaña en medios de comunicación coincidió en el tiempo con las denuncias de los familiares de la residencia de Alcalá de Henares, perteneciente a la Comunidad de Madrid con 526 plazas, sobre las carencias cada vez más graves en la gestión de la misma. La problemática fue tal que el tema derivó en un choque político entre el ayuntamiento de la localidad –gobernado por el PSOE– y el Gobierno de Ayuso. En un pleno municipal bronco celebrado el 6 de febrero donde acudieron decenas de familiares para protestar por las condiciones de los residentes, se aprobó una resolución para exigir soluciones a la Comunidad de Madrid. Al día siguiente, precisamente la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso celebraba un consejo de Gobierno y se trasladó a la localidad, donde se quejó de la utilización “política”, dijo, del conflicto.
Pero este asunto no quedó ahí. El mismo día que se firmaba la resolución que autorizaba la campaña institucional en medios para publicitar la gestión del Gobierno regional de las residencias, el 28 de febrero, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares denunció que la residencia Francisco de Vitoria había negado la entrada de la inspectora sanitaria municipal tras las quejas de los familiares por la mala calidad de la comida y del agua que, aseguraban, no era potable. En este conflicto tuvo que intervenir incluso la Policía, para que se pudiera llevar a cabo la inspección.
El estudio realizado por la inspección municipal unos días después concluyó que la residencia en cuestión contenía unas cantidades “muy graves” de colonias de legionella pneumophila en el agua de las duchas, según ha denunciado este viernes el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, municipio madrileño en el que se encuentra el centro Francisco de Vitoria. La Comunidad de Madrid negó tal extremo.
“A estas alturas no sorprende a nadie lo de Ayuso no gobierna sino que hace propaganda”, dice la portavoz de Más Madrid y candidata a las elecciones del 28M, Mónica García, que considera que ese dinero se podría haber invertido en mejorar la calidad de los alimentos en las residencias. “Le preocupa más su imagen que la salud de nuestros mayores. Cuando se trata de la calidad de vida de nuestros mayores, siempre la opción más barata. Ahora si se trata de darse autobombo ahí no escatima”, lamenta la dirigente de Más Madrid.
La Comunidad de Madrid ha reducido en un 18% el presupuesto de alimentación de los centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social tras un concurso por lotes adjudicado a la baja. La inversión prevista pasó de 20,77 millones de euros para un año (prorrogable hasta cuatro)a 16,9 millones.
“Es una falta de escrúpulos, de vergüenza y de sentido democrático por parte de Isabel Díaz Ayuso”, dice Emilio Delgado, candidato en la lista de Más Madrid y quien ha llevado los temas de residencias desde la formación. “Después de cuatro años desoyendo las protestas de familiares y trabajadores por las condiciones de las residencias, se gasta un millón de euros de todos los madrileños y madrileñas con una campaña donde sale gente mayor diciendo qué bien se vive”, lamenta Delgado.
Un exconsejero de Ayuso declara ante el juez
La campaña institucional de casi un millón de euros en medios de comunicación para promocionar las virtudes de las residencias de la Comunidad de Madrid también coincidió en el tiempo con la declaración en los juzgados de Plaza de Castilla del exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, por los protocolos que impidieron el traslado de ancianos a los hospitales durante la pandemia. Reyero al igual que el exalto cargo de Sanidad que firmó esos protocolos, Carlos Mur, declararon el 23 de marzo como testigos en un juzgado de instrucción que investiga esa orden política.
“He tenido la ocasión de retrotraerme a hace tres años, al día 22 de marzo en el que me opuse por escrito, hablé de las consecuencias que tendría la aplicación de ese protocolo, creo que eso ha quedado muy claro”, dijo Reyero a preguntas de los periodistas a la salida del juzgado. La mayor parte de las preguntas del juez, explica, giraron en torno a estos protocolos: “He insistido en que los protocolos no se entiendan por sí mismos, sino relacionados con la ausencia de medicalización de las residencias, la no derivación a plazas privadas o a IFEMA”, señaló el exdirigente de Ciudadanos. La presidenta regional deseó ese mismo día desde la tribuna de la Asamblea de Madrid que su exconsejero saliera “imputado” de su declaración.
La campaña institucional para vender las bondades de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid duró 25 días, del 6 al 31 de marzo. Solo cuatro días después, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la convocatoria oficial para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
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