El Gobierno de Ayuso pretende aprobar sanciones de hasta 100.000 euros por manifestaciones no autorizadas en la universidad

Ayuso sitúa a la Universidad, y a la protesta estudiantil, en el disparadero de sus políticas educativas. El borrador de la Ley de las Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid articula un reglamento sancionador que abriría la puerta a penalizar escraches universitarios, como los sufridos por el exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la facultad de políticas de la Complutense en febrero. También se recogen sanciones por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus”.

El texto regula específicamente como una infracción grave “permitir que las manifestaciones o acciones no autorizadas o comunicadas impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones o actividades que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus”, según el borrador adelantado por El País y consultado por elDiario.es.

Eso fue lo que sucedió durante el acto al que asistió Espinosa de los Monteros, y que fue boicoteado por centenares de estudiantes. El expolítico de Vox iba a participar en un evento de la asociación conservadora 'Libertad sin ira', finalmente se canceló debido a la oposición estudiantil. La propia presidenta sufrió una protesta en sus carnes cuando fue a recoger el título de alumna ilustre que le otorgó la Universidad Complutense. En aquella ocasión el Gobierno regional había convocado a miembros de Nuevas Generaciones, su organización juvenil, para contrarrestar a los centenares de estudiantes que se manifestaron.

Las infracciones graves se penalizarán, si se aprueba el borrador tal cual está redactado, con una multa de 15.000,01 a 100.000 euros. En esa categoría también se incluyen sanciones por “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias, así como de la docencia, a la que los alumnos y el personal tengan derecho”, un supuesto que podría abrir la puerta multas por las acampadas que se han realizado en universidades públicas en defensa del pueblo palestino.

La Consejería de Educación del Gobierno de Ayuso asegura que interpretar que este régimen sancionador castigará con hasta 100.000 euros los “escraches y las manifestaciones no autorizadas en la universidad” es una “manipulación hasta la falsedad el contenido” del texto. Además, aseguran que, aunque El País lo haya publicado este miércoles, el texto es un “un régimen sancionador anunciado y debatido desde 2024, y al que no se ha añadido ninguna novedad desde entonces”. La presidenta también se ha pronunciado, asegurando que la “noticia es falsa”.

“Con esto no se contraviene ninguna norma estatal. Al contrario, sigue la línea de la Ley nacional de convivencia universitaria aprobada por el Gobierno de Sánchez en 2022. Precisamente lo que protege la Ley de la Comunidad de Madrid es la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y de cátedra. Se protege el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus universitarios”, apuntan desde el Gobierno de Ayuso. Se ha pronunciado el consejero, Eduardo Viciana, que asegura que su equipo se limita “a poner de manifiesto la necesidad de contar con un marco jurídico para poder establecer una serie de sanciones que ahora mismo no existen en el ámbito autonómico”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado esta mañana el borrador de ley esta mañana. “Yo creo que está siguiendo la estela contra la universidad del señor Trump (el presidente de EEUU, que está en guerra abierta contra Harvard) y nos recuerda mucho el 'muera la inteligencia' de hace muchos años”.

La ministra entiende que Ayuso, con quien tuvo un encontronazo el pasado viernes en la Conferencia de Presidentes, está desplegando “una guerra contra el pensamiento crítico y contra la libertad de expresión dentro de los lugares donde no le hacen la ola o no son vasallos suyos”. La presidenta regional sufrió una multitudinaria protesta en el campus de la Complutense cuando fue a recoger la distinción como alumna ilustre que le otorgó la universidad, y ha comentado en ocasiones que está colonizada por la izquierda.

UCM x la Pública, la organización que está canalizando las protestas en la Complutense, ha emitido en la mañana de este miércoles un comunicado por el que valoran que la propuesta de Ayuso “responde al auge de la movilización por la Educación Pública en Madrid con una Ley que amenaza con astronómicas sanciones y con condenarnos al ostracismo por ejercer los derechos fundamentales de manifestación y protesta”. “En lugar de querer silenciar y controlar la universidad, exigimos al gobierno de la comunidad que dote de presupuestos dignos y no estrangule la universidad, convirtiéndola en un negocio privado sin calidad”, añade la plataforma.

Otras acciones sancionables

Otros hechos sancionables contemplados en el borrador se producirán si, “en el ejercicio de la autonomía universitaria por parte de las autoridades académicas”, se permite “el hostigamiento de los miembros de la universidad o las personas que visiten o sean invitadas al campus, por acción u omisión”.

Además, el borrador contempla multas si se “discrimina” a “asociaciones legítimamente constituidas en la asignación de instalaciones, fondos, actividades y participación general en la vida universitaria”. Con todo el texto, busca imponer medidas disciplinarias graves si se impide “el libre ejercicio del derecho de manifestación y protesta con la debida autorización o comunicación, y dentro de los límites legales”.

El consejero de Educación, Eduardo Viciana, defendió hace unas semanas un régimen sancionador para “garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, la libertad de expresión, de cátedra y de asociación”.

El responsable de la enseñanza madrileña aseguró que protestar está muy bien, pero “no se puede permitir que este tipo de actuaciones impida el desarrollo de la vida universitaria, que se cierren espacios, que no se pueda acceder a las aulas”, y recordó que son los rectorados los encargados de hacer cumplir el orden. Preguntado específicamente por las acampadas, rechazó “bajar a ese nivel de detalle”, pero acabó concediendo que “no tiene por qué suponer una vulneración de la libertad”.

Las infracciones muy graves oscilarán entre los 100.000 y el millón de euros. Esas violaciones severas de la ley universitaria madrileña incluyen, entre otras, el incumplimiento de la Constitución, así como que “se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario, o no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”.

La Comunidad de Madrid prevé sancionar con hasta un millón de euros a aquellas personas o instituciones que dificulten “la acción legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del campus universitario”, y a aquellas que permitan “la celebración de referéndum ilegales”.

Con este régimen sancionador, la Comunidad asegura que dará “herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente”.

“Los casos más graves se reservan para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, contra la publicidad engañosa, que se cubran plazas públicas sin cumplir los requisitos y también, por supuesto, se sancionan la censura, discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales”, indican desde la Consejería de Educación.