Elena Kocheulova, rusa de Kazajistán, habla también inglés y castellano, da clases de idiomas y ejerce de guía turística, un oficio que en la vida la ha llevado de Europa al extremo oriente, pasando por Asia central. Desde 2013, sin embargo, vive en un piso en Puente de Vallecas, en una calle estrecha, por la que los coches apenas pasan cuando hay otros aparcados. A sus 55 años, recuerda que en 2019 estuvo cerca de conseguir un trabajo estable en una empresa de viajes bien asentada, pero la posibilidad no cuajó. Después vino el coronavirus, los turistas se evaporaron y también su fuente de ingresos. “No sé cómo sobreviví”, dice. Pasado lo peor de la epidemia, el futuro de Elena no se despeja. Ante el impago, su casero emprendió el procedimiento de desahucio, que tenía fecha para este miércoles. Con la presión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, el desalojo se ha retrasado 15 días.
A las puertas del primero de mayo, y a pesar de que el escudo social del gobierno prohíbe los desahucios de personas vulnerables, el goteo de procedimientos sigue dejando a la gente sin casa en Madrid. La PAH de Vallecas tenía marcada esta semana en rojo en el calendario, porque había previstos hasta cuatro lanzamientos. Este miércoles se han paralizado dos. Uno fue el de Elena, que respira cuando la comisión judicial dice que de acuerdo, que se van, aunque en dos semanas volverán, previsiblemente con los antidisturbios. A Elena le falta demostrar su situación de vulnerabilidad, que las administraciones no acaban de dar por acreditada. La mujer presentó la documentación en la oficina del distrito que no era y ahora le dicen que la petición no consta, según alega.
Los voluntarios de la PAH siguen al pie del cañón y la consigna es no resignarse, pero aún así cunde un cierto desánimo en algunos integrantes de los movimientos por la vivienda, fatigados por tantos combates. “Son 13 años ya, hay una sensación de derrota”, dice una activista veterana, harta de que la ley no acabe de dar cobertura a todas las situaciones de desamparo. En la negociación a pie de calle, un partidario del casero le espeta a Elena que por qué no se va a vivir con su hijo, que tiene una habitación libre. Ella no entra al trapo, explica después que la relación familiar es mala. De fondo, los cánticos de la treintena de miembros de la plataforma, tan familiares: “Este desahucio lo vamos a parar”; o bien, “no estás sola, estamos contigo”. La pareja de la policía local que ha acompañado a los funcionarios mira de reojo, no vaya a ser que la tensión se descontrole, pero el encontronazo no pasa de ahí.
A la calle por 70 euros
También en Vallecas vive Mayra Villota con su madre, Fátima, su hermano y sus dos hijos menores de edad. Víctima de malos tratos, Fátima abonaba un alquiler social reducido y reconoce que alguna vez se le pasaban unos días del plazo. Cuando el verano pasado se acercaba el momento de volver a renovar el contrato, el dueño, que en este caso es el BBVA, remoloneó, dice la hija, mientras la madre asiente. Un par de meses después, les dijeron que debían 530 euros. En el apremio del juzgado la cifra indicada, sin embargo, es de 600. La familia dudó, pagó la cantidad inicial y no volvió a tener noticia hasta que el 19 de abril apareció por el domicilio el funcionario judicial. El procedimiento seguía en marcha por los 70 euros de desfase.
Como Fátima puede pagar, el banco se ha avenido a negociar y solicitó al juzgado que paralizase el desahucio. La noticia llegó hacia las 10 horas, ante el aplauso de los voluntarios que montaban guardia. Diego Sanz, de la PAH, instaba a las mujeres al rato a no entrar en la rueda de los servicios sociales, sino a reclamar el fin de un proceso judicial que partía de un desajuste en las notificaciones, casi un error técnico. El hombre, que ya lleva años enfrentándose a estas situaciones, apunta que los procedimientos de desahucio por impago son más rápidos que los que derivan de la extinción del contrato.
Evitada la crisis, Fátima y Mayra se unieron a la comitiva para ir a socorrer a Elena, que esperaba a unas calles de allí. La mujer, que también entiende bien el ucraniano, intenta estos días echar una mano como traductora de refugiados, quizás conseguir algún encargo que le permita seguir tirando. “Tengo una prima en Odesa”, cuenta, con preocupación. Cuando se van los señores del juzgado, sonríe; la victoria es pírrica, pero algo es algo. “Muchas gracias a todos. El piso es pequeño, pero quien quiera está invitado a un café”, ofrece. El viernes hay previsto otro desahucio en Vallecas. La PAH volverá a estar allí.