Cristóbal Montoro ha tomado este martes una decisión sin precedentes: la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Nunca antes el Ministerio de Hacienda había puesto en marcha una medida así en una corporación local. La intención: controlar el gasto del Gobierno de Manuela Carmena. “Pretenden que no podamos realizar nuestra actividad normal”, resumían desde el Consistorio al conocerse la noticia.
El único precedente similar se produjo el pasado 15 de septiembre cuando Hacienda asumió el control de las cuentas de la Generalitat, aunque entonces el ministro aseguró que se trataba de una medida “excepcional” para evitar la fuga de fondos al referéndum del 1-O. Este martes, el propio Montoro ha enlazado el control de la capital con la actuación en Catalunya, recordando que el Gobierno intervino las finanzas de la comunidad autónoma “a través de la Ley de Estabilidad”.
El temor por que algo así llegase al Ayuntamiento no ha dejado de crecer desde la intervención de las cuentas catalanas, según confirmaron diferentes fuentes municipales. Un temor que finalmente se ha hecho realidad menos de dos meses después, pese a los datos económicos de la gestión de Ahora Madrid: cerró 2016 con más de 1.000 millones de superávit y ha reducido la deuda un 40% desde que gobierna (más de 2.000 millones).
Acabar con la obra pública
“Hay una intención clara de acabar con toda la política pública de infraestructuras del Ayuntamiento”, apuntaba hace apenas una semana un miembro de la Corporación local a eldiario.es. Montoro este martes lo ha expresado así: “Si quieren más gasto social que lo hagan, pero que renuncien a otro tipo de gasto ordinario, de manera que cumplan la regla de gasto”. “No estamos pidiendo que se reduzca ni que se hagan recortes, sino que se establezcan prioridades”, declaraba el ministro en los pasillos del Senado.
El Ministerio ha solicitado en su comunicación remitida a la alcaldesa, a la que ha tenido acceso eldiario.es, información semanal de las movimientos económicos del Consistorio de la capital. Según han asegurado fuentes del Hacienda, se trata de una fiscalización para garantizar que no se toquen partidas afectadas por los acuerdos de no disponibilidad. El Ministerio exige en el documento reducciones de gasto de 238 millones de euros en 2017 y 243 millones para 2018.
Lo que se desprende del nuevo paso de Hacienda interviniendo las cuentas municipales y de las declaraciones del ministro va en la línea de los requerimientos que el Consistorio recibió en verano, cuando la Delegación de Gobierno solicitó la anulación de parte del presupuesto municipal (302 millones de euros) previsto este año para pequeñas obras públicas, que se financiaba con partidas denominadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) gracias al remanente de tesorería -unos 700 millones en el caso del Ayuntamiento de Madrid-. Con esa partida se financian 577 proyectos de pequeña obra pública: para el asfaltado de calles, la reforma de colegios, centros de mayores, reparación de cementerios, y otras obras similares.
Dichos acuerdos fueron la respuesta del Ayuntamiento de Madrid al recorte previo en el presupuesto de 238 millones que le impuso Hacienda por incumplir la regla de gasto en 2016, una posibilidad que está contemplada en los presupuestos generales del Estado de este año. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con los votos de Ahora Madrid y PSOE, aprobaron la no disponibilidad de crédito por esa cantidad como pidió Hacienda, y meses después la subsanaron con las otras partidas, algunas apoyadas también por Ciudadanos y PP. Por tanto, al considerar que se cumplía con la ley, Ayuntamiento desoyó los requerimientos y Hacienda le ha llevado a los tribunales.
Mientras la resolución de la Justicia llega, el Ministerio se asegura con la intervención de las cuentas que el Ayuntamiento de Madrid no gastará ese dinero previsto para obra pública o para renovar el parque móvil de la EMT comprando autobuses de emisiones cero. Pero la medida no afecta solo a este ejercicio, el Ayuntamiento de Madrid se encuentra elaborando en estos momentos su presupuesto para 2018 y fuentes de Hacienda ya han advertido de que la intervención de las cuentas se alargará hasta que “se cumpla con la regla de gasto”, lo que quiere decir que solo soltará el control cuando se aprueben los recortes que requieren desde Hacienda.
Las infraestructuras que pueden peligrar en 2018
“En la resolución se rechaza la reformulación del PEF aprobada en pleno del Ayuntamiento el 16 de octubre de 2017 y se exige una enmienda al Plan presentado que recoja medidas de ahorro adicionales que ascienden en el período 2017-2018 a 481 millones de euros”, explican fuentes del consistorio. “Si sumamos a esta cantidad lo que ya habíamos dicho que íbamos a ahorrar en 2017 (127 millones de euros), nos estarían pidiendo unas reducciones en un año y dos meses de 608 millones de euros”, añaden.
Se trata precisamente del año crucial para el Gobierno de Ahora Madrid, que desembocará en la precampaña de las municipales y autonómicas de 2019, un tiempo de descuento para poner a prueba el cambio que la candidatura de Ahora Madrid prometió en 2015.
Prácticamente la mitad del presupuesto municipal, que este año se ha situado alrededor de los 4.700 millones de euros, se destina al pago de nóminas de funcionarios. El incremento del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid respecto a años anteriores, se produjo para aumentar el gasto social y las inversiones públicas.
Ahora, estos más de 600 millones menos pueden suponer que el Ayuntamiento renuncie a las gran obra pública que está prevista para la segunda mitad de legislatura. Entre ellas, la remodelación de Gran Vía, la nueva Plaza España e incluso el proyecto Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, un acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento. Como ha dicho Montoro: “No estamos pidiendo que se hagan recortes, sino que se establezcan prioridades, si quieren gasto social que renuncian a otros gastos”.