Ayuso negó el colapso de la sanidad madrileña mientras hacía protocolos para que los geriátricos no mandasen ancianos

24 de marzo de 2020. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuenta al Financial Times que Madrid “pronto” estará en disposición de ofrecer ayuda a otros territorios. Lo decía la presidenta de la región más castigada por la pandemia que registraba diariamente un tercio de los contagiados y los fallecidos de todo el país.

Esas declaraciones al diario económico tienen lugar la misma semana en que la Consejería de Sanidad envía a todos los hospitales públicos y residencias de Madrid los protocolos de exclusión para evitar el traslado de ancianos y personas con discapacidad a los centros sanitarios. Entonces, esa información aún no se conocía oficialmente –familiares y residencias ya lo denunciaban– y Ayuso negaba en su gira por los medios –igual que hizo durante los siguientes dos meses– que la sanidad hubiera colapsado como advertían alarmados los profesionales médicos.

“La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos”, dijo la dirigente del PP el 21 de marzo en una entrevista en 13TV. La información a la que Ayuso llamaba “bulos” venía directamente de los hospitales. El 20 de marzo dos centros públicos de la Comunidad de Madrid hicieron un llamamiento desesperado de ayuda. La oleada de pacientes provocada por la pandemia de la COVID-19 saturó por completo el Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, y el Severo Ochoa. Ambos colgaban el cartel de completo y alertaban de que no podían asumir más pacientes en lasurgencias.

En cuestión de días esa saturación se extendió al resto de hospitales de la red hasta el punto de que los médicos intensivistas tuvieron que organizarse a través de chats para hacer recuento de camas y realizar traslados de pacientes entre unos centros y otros ante la falta de habitaciones. “Tenemos listas de espera en las UCI, eso sin contar a los que ya descartamos”, decía entonces una médico del Gregorio Marañón a eldiario.es.

Los criterios de exclusión también habían llegado a la Atención Primaria. Durante la fase aguda de la pandemia, la Comunidad de Madrid también estableció criterios para que los médicos de los ambulatorios designaran qué pacientes con coronavirus podían y cuales no podían ser trasladados desde sus casas a hospitales. El protocolo con fecha de 23 de marzo, como desveló eldiario.es, recomendaba dejar fuera a pacientes con “compromiso respiratorio” si tenían más de 80 años y “enfermedad en órgano terminal”, aquellos con demencia moderada o grave, con cáncer en fase terminal o si tenían una enfermedad con “expectativa de vida inferior a un año”.

La realidad chocaba con la propaganda que Ayuso soltaba en su tour de entrevistas. Entonces, la presidenta regional solo culpaba al Gobierno de la falta de material sanitario. Ahora, 78 días después, y cuando las noticias sobre la exclusión de los ancianos de residencias en los hospitales acorralan a su Gobierno, con una investigación judicial en los tribunales ya en marcha, Isabel Díaz Ayuso ha reconocido por primera vez que la sanidad madrileña “colapsó”.

“Noches de altísima tensión donde los hospitales y las urgencias estaban colapsadas”, fueron las palabras de la presidenta madrileña este jueves en el Pleno de la Asamblea regional para describir lo que sucedió en Madrid durante la última quincena de marzo y la primera de abril. Ayuso respondía a las preguntas de la oposición sobre esta cuestión que ha abierto un boquete sin precedentes dentro de su Ejecutivo.

“Hay que decírselo a las familias una y otra vez: se ha hecho lo humanamente y técnicamente posible con lo que se tenía, con lo que se conocía en esas noches de altísima tensión, donde los hospitales, donde las urgencias también estaban colapsadas. [El virus] entró como una ola, como una exhalación y precisamente cuando nosotros decretamos el cierre de los colegios, justo a continuación estuvimos soportando ese pico inasumible que si lo hubiera tenido cualquier otra comunidad hubiera pasado exactamente lo mismo”, admitía la presidenta en el parlamento regional. Ayuso reconoció algo más: solo 921 personas de más de 70 años han ingresado en las unidades de cuidados intensivos (UCIs) desde el 1 de marzo.

Técnicos de la Consejería de Sanidad consultados por este diario reconocen que esos protocolos de exclusión, al igual que el enviado a las residencias, se redactaron ante el colapso de los hospitales. “La sanidad madrileña explotó y se tuvo que priorizar”, dice uno de los que estaba en la elaboración de esos protocolos. “Una catástrofe sanitaria como la hemos visto nunca se había producido y todos pudimos hacer las cosas mejor”, lamenta.

Pero la hemeroteca de las declaraciones ofrecidas por la presidenta regional y el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante esos días son una sucesión de negaciones sobre el colapso de la sanidad madrileña y también sobre la situación dramática en la que se encontraban las residencias. Durante esas semanas críticas en las que la pandemia golpeaba a los geriátricos, Ayuso nunca quiso admitir que los hospitales eran incapaces de atender a todos los enfermos que necesitaban asistencia. Ayuso centró entonces todo su discurso, al igual que hizo después, en ensalzar el hospital de campaña de Ifema, donde la mortalidad fue muy baja porque los pacientes que ingresaban eran los más leves.

Para la oposición, ese rechazo a reconocer el colapso de los hospitales es la causa de que el Gobierno regional no diera alternativa a los mayores. “Ayuso mintió y abandonó a nuestros mayores a su suerte. Mintió negando durante días desde su suite que las UCI estuvieran colapsadas. Parece de cajón que si no estaban colapsadas no haría falta excluir a nadie. Y abandonó a los mayores a su suerte, puesto que no puso en marcha ninguna alternativa. Nosotros propusimos evacuarlas, nos dijeron que no, que había que medicalizarlas. Al final no hicieron ni una cosa ni la otra. Es de una crueldad insoportable”, dijo el portavoz de Más Madrid, Pablo Perpinyà.

Ayuda de la UME en las residencias

El primer choque entre Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, se produjo precisamente porque el segundo solicitó ayuda ante la situación dramática de las residencias. Era 19 de marzo y Reyero había hecho un llamamiento desesperado al Gobierno central pidiendo refuerzos médicos por parte de la Unidad Militar de Emergencias. “Esta petición no sirve porque el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios, no tiene capacidad para llegar solo en Madrid a 500 residencias, y no digamos por todo el país”, replicó Ayuso en una entrevista en Onda Cero desautorizando a su consejero. Era un ejemplo más de cómo la dirigente del PP se resistía a pedir ayuda mientras negaba el colapso de los hospitales.

La ayuda, sin embargo, la reclamaban desde las organizaciones médicas. Seis días después de las declaraciones de Ayuso en el Financial Times donde aseguró que la sanidad madrileña estaba a punto de poder ofrecer ayuda a otros territorios, los médicos intensivistas reclamaron en una carta precisamente lo contrario: el traslado de pacientes a otras comunidades autónomas. “No se nos concedió y no entendimos por qué, estábamos usando máscaras de snorkel para mantener vivos a los pacientes hasta que podíamos disponer de una cama libre”, dice un sanitario a este diario.

Mientras el clamor de los sanitarios era para solicitar ayuda, en el Gobierno regional seguían negando que esta fuera necesaria en Madrid. “A día de hoy no está sobre la mesa ese escenario, la Comunidad sigue siendo capaz de gestionar el sistema sanitario y sobre todo las plazas que se ofrecen a los pacientes sin necesidad de recurrir a otros sistemas sanitarios autonómicos”, respondía sobre esta petición el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado.

Los organismos especializados, sin embargo, pedían que se movilizaran todos los recursos posibles de otras comunidades autónomas a los territorios más afectados, como era el caso de Madrid. La sociedad española de enfermería intensiva emitió otro comunicado en el que reclamaba ante la situación excepcional “la necesidad de movilizar recursos tanto de equipos (especialmente ventiladores), como de profesionales desde las comunidades autónomas menos afectadas a aquellas en las que ya en estos momentos no tienen más capacidad de ampliar sus recursos”.

El 8 de abril, cuando los hospitales seguían por encima de su capacidad descartando a pacientes de residencias y de domicilios, el Ayuntamiento de Madrid anunció el envío refuerzos sanitarios del SUMA a Castilla y León. Una veintena de profesionales del Samur-Protección Civil y otros 20 voluntarios de este cuerpo se iban a incorporar temporalmente a los centros hospitalarios de Soria y Segovia, dos de las provincias de esa comunidad en las que se habían registrado una tasa importante de infectados. Era un acuerdo al que había llegado el Gobierno municipal de José Luis Martínez Almeida con el Ejecutivo de Castilla y León ante la llamada desesperada de ayuda de este segundo.

Reyero, el consejero de Ciudadanos que gestionó las residencias hasta que Ayuso le quitó esa competencia, se mostró ya entonces muy crítico sobre esta colaboración y lamentó que no se enviaran esos refuerzos a los geriátricos que seguían sin medicalizar. “No entiendo que se hable de repliegue sanitario y no se utilice a esas personas en residencias. Soy partidario de la solidaridad entre territorios, pero que vaya el SAMUR a Castilla y León y no se utilicen esas personas en residencias... Hay un tema de competencias entre el Ayuntamiento y la Comunidad que tenemos que resolver”, lamentó.

Ayuso ya había tenido varios encontronazos con su consejero, que negaba que las residencias estuvieran medicalizadas mientras la presidenta decía lo contrario. Las dos alas del Gobierno siempre discreparon sobre lo que implica la medicalización de estos centros, que Ciudadanos reclamó desde el minuto uno de la crisis.

La presidenta madrileña afirmó el 17 de marzo que las residencias estaban medicalizadas en su totalidad. Ayuso no decía la verdad. Y esa ayuda asistencial no terminaba de llegar. “Una residencia medicalizada no es solo una residencia con atención sanitaria, es algo más”, defendió el consejero de Políticas Sociales en el Pleno regional. “No podemos decir que las residencias están medicalizadas porque hoy por hoy no es así”, aseguraba después Aguado en una entrevista en eldiario.es respaldando a su consejero. Varios ayuntamientos llevaron a la Comunidad de Madrid a los tribunales y diferentes jueces obligaron al Gobierno regional a proveer a las residencias de los servicios sanitarios necesarios.

Durante esas semanas críticas en las que la pandemia golpeaba las residencias de mayores, ni Ayuso ni el PP quisieron admitir que la sanidad madrileña se saturó. Mientras su Consejería de Sanidad enviaba los protocolos a los geriátricos y los hospitales que impedían el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales, la presidenta madrileña negaba en todos los medios el colapso.

De lo único que hablaba Ayuso durante todo este tiempo era del hospital de campaña improvisado en Ifema, al que la presidenta madrileña llamaba “milagro” y convertía en el centro de toda su propaganda. El horror que se vivía en los otros hospitales madrileños, donde sí entraban los pacientes graves y que llegaron a registrar 300 fallecidos al día, nunca tuvo hueco en el discurso público de Ayuso.

A esos centros sanitarios tampoco hubo excursiones con el presidente de su partido, Pablo Casado. Ni fotos. Y solo ahora, más de dos meses después, Ayuso reconoce que la sanidad madrileña, esa que ha sufrido años de recortes y privatizaciones y que sacó a la calle a miles de personas con las mareas, colapsó en el momento más grave de la pandemia. Para familiares y médicos ese reconocimiento llega “tarde” porque su negación “impidió la llamada de socorro que requería la situación”. Pero el PP ya tiene en marcha su siguiente campaña: culpar de lo sucedido en los geriátricos al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Lo escriben estos días los argumentarios de Pablo Casado y lo repiten los principales dirigentes del partido, incluida Ayuso.