“La situación no puede ser más desoladora”. La reunión que han mantenido este jueves los sindicatos y la consejería de Sanidad para la reapertura de las urgencias de Atención Primaria no ha podido terminar peor. Las organizaciones sindicales han abandonado la reunión ante la propuesta “inamovible” del Ejecutivo madrileño y han convocado movilizaciones y una huelga indefinida de los profesionales de los Servicios de Atención Rural (SAR), que son, a su juicio, los mayores perjudicados de la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias, junto a los pacientes.
“Estamos en un punto en el que, ante el tremendo empeoramiento de condiciones laborales que supone querer cubrir 78 puntos de atención con el personal de los actuales SAR (41), no nos ha quedado otro remedio que plantear una situación de unión de las cinco organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial y plantear un conflicto en forma de huelga de los afectados, que será registrado su preaviso en las próximas horas o a primera hora del día de mañana”, ha avanzado la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.
A la huelga están convocados los 698 profesionales, entre médicos de Atención Primaria (228), enfermeras (270) y celadores (200), de los Servicios de Atención Rural, a los que la consejería quiere cambiar ahora sus condiciones laborales, para reabrir con este personal los antiguos SUAP, cerrados durante los últimos 31 meses. Es decir, abrir servicios sin ampliar personal.
La de este jueves era la tercera reunión de la Mesa Sectorial, en la que están presentes CCOO, Amyts, el sindicato de enfermería Satse, CSIT Unión Profesional y UGT, para abordar la reestructuración del servicio de urgencias extrahospitalarias, que incluye la reapertura de los SUAP que la Comunidad cerró por la pandemia y que todavía no ha reabierto. Esos cambios incluían el cambio de nombre, tanto de estos como de los SAR, que pasarán a llamarse Puntos de Atención Continuada. Pero ese era el menor.
En principio, eran los mismos recursos que había antes del estallido del COVID-19, pero los sindicatos denuncian ahora el “maltrato al que se va a someter a los profesionales del servicio de atención rural y de los servicios de urgencia de Atención Primaria, modificando sus condiciones laborales e incrementando la presión asistencial”, explica el portavoz de CCOO Sanidad, Sergio Fernández. Según ha anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo que ha hecho la administración es “detectar cuándo acuden los madrileños a lo largo de una jornada de 24 horas”. El 90% lo hacen en horario diurno y el 10%, por la noche.
Con esta información, el plan de la consejería pasa por forzar a los profesionales de los SAR a “adaptar sus jornadas para reforzar las tardes y las noches dejarlas para actividad complementaria”. “Rechazamos la propuesta del SERMAS, en la que claramente se propone aumentar la jornada laboral de los profesionales de 1.536 horas anuales a 1.642,5 horas anuales, la modificación radical de sus turnos de trabajo y una previsible minorización de sus retribuciones”, justifican los sindicatos.
“Es una pena llegar a esta situación cuando, recordemos, hay un plan de urgencias y emergencias negociado, de 2004 a 2007, que recogía que tenía que ser revisado cada tres años. Nunca se produjo esa revisión y ahora se hacen las cosas deprisa y corriendo”, lamenta Hernández. En junio, Ayuso anunció la reapertura de 17 de los 37 servicios de urgencias que había cerrado en marzo de 2020 para después del verano, pero solo 10 con médico. La presión social hizo que rectificara unos días después y afirmase que los abriría todo en cuanto tuviera ocasión.
La última actualización de fechas del Gobierno regional ha sido que estas reaperturas se producirían a lo largo del mes de octubre, algo en lo que se ha ratificado esta mañana el consejero del ramo, Enrique Ruiz-Escudero, antes de conocerse la convocatoria de huelga. “No hemos visto una contestación muy crítica con lo que ellos planteaban”, llegó a señalar.
Sin embargo, los sindicatos llevan semanas denunciando la falta de información y el escaso, sino nulo, margen para la negociación que les da la consejería. “Coincidimos en que esta negociación es un fracaso desde el inicio por presiones políticas ajenas a la Mesa y por la obligación de querer cerrar un asunto tan importante en un breve espacio de tiempo. Por eso, no consideramos que la negociación haya sido iniciada en ningún momento”, afirman las organizaciones sindicales en un comunicado.
Entre otras reivindicaciones, los sindicatos exigen mantener los 41 SAR con sus actuales condiciones laborales, incluyendo jornada, adscripción geográfica y funcional, ofrecer al personal del SUMMA 112 que trabajaba en los SUAP en marzo de 2020 la posibilidad de incorporarse a los nuevos PAC y finalizar el proceso de reapertura de los 78 dispositivos sin que ningún profesional tenga perdidas retributivas de este cambio. Y, por último: “Garantizar la calidad y seguridad de la asistencia de carácter urgente extrahospitalario de la población de la Comunidad de Madrid, así como promover la atracción y sobre todo el mantenimiento de profesionales de todas las categorías afectadas, que de otra forma se corre el riesgo de que dejen la sanidad madrileña por una medida precipitada, impuesta y unilateral por parte de la Consejería de Sanidad”.
Este no es el primer conflicto laboral que enfrenta a Ayuso con los sanitarios madrileños. En marzo de 2021, los sindicatos convocaron una huelga de Atención Primaria por la elevada carga asistencial que padecían los médicos y las médicas, las malas condiciones laborales y económicas y la falta de medios. La convocatoria quedó desactivada la misma mañana de la convocatoria. Fue el día que la presidenta madrileña convocó elecciones anticipadas. El pasado mes de mayo, los especialistas y facultativos de la Comunidad de Madrid protagonizaron un paro, que se alargó durante 10 días, para exigir el fin de la temporalidad, que en algunos casos se perpetuaba durante lustros.