La última de las operaciones inmobiliarias que están desfigurando el paisaje de la propiedad en Madrid y expulsando a muchos vecinos del centro la protagoniza una entidad vinculada a la Iglesia. Se trata de la Fundación de Santa Marca y San Ramón y San Antonio, que ha puesto en marcha la venta de 14 edificios procedentes de una donación con fines benéficos en una operación plagada de interrogantes.
El Registro de la Propiedad ha suspendido la inscripción de compra de cinco de esos inmuebles tras encontrar irregularidades: no consta que la entidad haya informado de la compraventa al órgano de control de la Comunidad de Madrid para las fundaciones, el Protectorado de Fundaciones. Tampoco están inscritos en la venta todos los miembros del Patronato porque varios de ellos –la alcaldesa de Madrid y la delegada del Gobierno– no asistieron a la reunión en la que se aprobó la operación; y hay una persona vinculada con la entidad que ha ejercido un poder en la compraventa para el que no estaba facultado, al menos oficialmente.
Con estos mimbres, el futuro de la enajenación de estos cinco inmuebles queda en el aire hasta nueva orden: la fundación tiene 60 días para subsanar los errores. Los edificios, con 188 viviendas, están valorados en 54 millones de euros y el alquiler de los pisos generó unos ingresos de 2,5 millones en 2018, según las últimas cuentas publicadas de la fundación.
La operación, adelantada por El País, deja muchos interrogantes: cada edificio ha sido comprado por una sociedad distinta, 14 en total: Prozarmo Partners S.L, Alprozam Premium S.L, Pirosca Market S.L, Neoxata Trade S.L, Canderax Corporate SLU, Gaspatax District SLU, Balancho Market SLU... Todas se crearon en apenas unos meses y con un capital de 3.010 euros, cada una. Además, nacieron con la misma administradora única, María Elena García Pastrana, que desapareció de los documentos unos días después y fue sustituida por otra persona: Roberto de Juan González, según consta en el Registro Mercantil.
La madeja de sociedades cuelga de una matriz: Tapiamar Partners, SL. Y al final de la línea de puntos aparece una empresa catalana dedicada a la “constitución y venta de sociedades limitadas urgentes”. Así se anuncia en internet: “Ofrecemos la disponibilidad inmediata de sociedades listas para empezar la actividad en menos de 24 horas. Confidencialidad de los socios”.
La venta, firmada el 30 de julio de 2019 ha generado daños colaterales importantes. Los inquilinos de los edificios no saben qué será de su futuro. No fueron avisados del cambio de manos y solo tres meses después del cierre de la operación han recibido un burofax para domiciliar las rentas con su nuevo casero. En el caso de tres vecinos, esa carta ha venido acompañada de otra: la advertencia de que deben abandonar el piso en noviembre porque finaliza el contrato y la decisión de no renovarlo es “irrevocable”.
Tras ellos irán los demás, teme el resto del vecindario. Entre los inquilinos hay personas que nacieron entre esas paredes. Mujeres y hombres de 70, 80 y 90 años con rentas antiguas en muchos casos que ahora pueden verse en la calle. “Lo que he visto muchas veces en el telediario no sabía que me podía pasar a mí. Me veo incapaz de entender todo este entramado de especulación”, confiesa Piedad Martínez, que tiene 46 años y ahora está en paro. Su contrato se acaba en febrero. Los edificios donados por dos familias para fines benéficos son hoy activos inmobiliarios muy codiciados. Todos están ubicados en el centro de Madrid.
En el entramado hay otra pata. La nueva gestora de los alquieres no es Tapiamar S.L sino una vieja conocida del sector inmobiliario: Savills Aguirre Newman, una consultora vinculada con el hermano de la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, Santiago Aguirre. La firma representa a la propiedad ante los inquilinos. Uno de ellos, Borja Buenafuente, ilustrador de 41 años, cuenta que les ha pedido sin éxito una prórroga para buscar una alternativa. Tiene que irse antes del 15 de noviembre. La consultora asegura en declaraciones a eldiario.es que se encarga de las “notificaciones de cambio de domiciliación de las cuotas de alquiler” con “la máxima transparencia”.
El origen de la donación: “para los pobres de Madrid”
Toda la operación se ha desarrollado alrededor de unos edificios donados por dos familias adineradas a principios del siglo XX: una condesa, Carlota de Santa Marca, y una burguesa, Antonia González y Pérez. Este patrimonio sirvió para abrir dos fundaciones que se fusionaron en 2008 y dieron como resultado la Fundación Santa Marca y San Ramón y San Antonio, que cuenta entre su patrimonio dos colegios concertados y dos residencias de estudiantes.
Con la fusión de entidades se perdió en parte el espíritu inicial de las fundaciones. Antonio González y Pérez, una de las donantes, dejó por escrito en su testamento que los edificios eran para “los pobres de Madrid y su provincia” y debían destinarse a “fundar un establecimiento benéfico” mantenido con las rentas de alquiler que generaran los inmuebles, según ABC. La operación firmada un siglo después de que se sellara este testamento contraviene aquel mandato.
Los estatutos de Fusara –los vigentes a día de hoy– son más abstractos. Su finalidad es “recoger, educar y sustentar a menores de edad”, además de, como novedad, “ostentar la titularidad de los centros escolares donde se desarrollan las actividades fundacionales”. La entidad, contactada por eldiario.es, justifica que los pisos necesitan reformas y que no tiene “capital” para acometerlas, pero no revela cuánto dinero ha recibido por la operación. Las viviendas han terminado en manos de los que “ofrecían la mejor oferta”, asegura el secretario, Manuel Fernández Clemente.
Esta fundación está vinculada a la Iglesia católica hasta el punto de que el presidente de su patronato es el Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, si bien la lista de sus bienes no figuran en el catálogo de propiedades de la Iglesia. eldiario.es se ha puesto en contacto con el Arzobispado que no ha querido hacer valoraciones. En la entidad, Osoro tiene delegadas sus decisiones en un tercero, David López Royo, que tampoco ha respondido a eldiario.es.
Los vecinos están empezando a organizarse para denunciar a la fundación. Todos los inquilinos contactados por este medio remiten a un mismo nombre, Ignacio Olmos, el exsecretario de Fusara. En su Linkedin aparece como Responsable del Área Jurídica y Patrimonial de la Delegación Episcopal de Fundaciones. El Registro de la Propiedad le señala como una persona a quien se ha entregado en la operación un poder general“. Esas facultades nunca fueron inscritas, según el registrador, y ese extremo debe subsanarse también.
Los inquilinos lo describen como la cara visible de la entidad con los vecinos y la persona que les aseguró que los edificios “no podían ser vendidos porque eran donaciones”. Los contratos más antiguos, según los vecinos, sí incluyen el derecho a tanteo y retracto (la posibilidad de ser candidato a comprar en el caso de que se pongan en venta los pisos); los nuevos, sin embargo, eliminaron esta opción.
“Recuerdo que le hice muchas preguntas porque yo salía de una situación bastante dramática y había tenido que vender un piso familiar. Necesitaba quedarme en un lugar donde me dieran garantías de que iba a poder estar muchos años”, relata Piedad Martínez, que señala que Olmos utilizó como argumento para generar tranquilidad en ella que “había mucha gente mayor en el edificio” y que su alquiler iba destinado a un “bien social”, toda vez que esas cuantías, según Fusara, se destinan a mantener sus colegios.
Muchos vecinos hicieron reformas en sus casas porque los pisos son muy antiguos con el beneplácito de Fusara. Algunos han cambiado el suelo, las ventanas, las puertas y hasta la instalación eléctrica con desembolsos económicos importantes de miles de euros con la vista puesta a permanecer para siempre en esas casas.
La fundación se desentiende de los inquilinos
En la fundación coge el teléfono Manuel Fernández Clemente, el nuevo secretario. Ignacio Olmos dejó, confirma, este cargo y ya no puede hacer declaraciones. “Si alguien les dijo que esto no es iba a vender, es un error grande”, aclara. Fernández defiende que la venta se ha llevado a cabo dentro del marco de la legalidad y se desentiende de lo que pase con los inquilinos en el futuro. “No nos podemos sentir responsables. Hemos obligado al comprador a mantener todos lo contratos en el vigor. Ojalá todos los caseros sean así. No hemos lesionado ningún derecho”, justifica.
Fusara defiende que no ha obtenido beneficios con la venta porque todo lo recaudado lo va a destinar al funcionamiento de sus colegios y sus residencias. “Son edificios de hace 120 años en los que hay que acometer unas reformas e inversiones impresionantes y la fundación no tiene ese capital. Así que si tenemos que cumplir unos fines, que son ayudar a los chicos sin recursos a su educación, solo hay una forma: vender y cumplirlos con ese dinero”.
La decisión de poner a la venta los inmuebles fue aprobada en mayo por el Patronato que preside el Arzobispo de Madrid. Según Fusama ya entonces se confirmó a todos los miembros el precio de salida de la operación. En el órgano de Gobierno de la fundación también está el alcalde de la ciudad, la delegada del Gobierno, el Decano del Tribunal de la Rota –Carlos Manuel Morán Bustos–, dos párrocos –Pedro Pablo Dones Sabrido y José Andrés Silva Martín–y el secretario Fernández Clemente.
Otro de los agujeros negros de la operación se sitúa en el día que el Patronato dio el visto bueno a la operación, en mayo de 2019. El Registro de la Propiedad ha constatado que en la compraventa “no consta inscrita la totalidad de los miembros del patronato”.
Fuentes consultadas de Más Madrid aseguran que Manuela Carmena no estuvo en esa reunión y delegó el voto. En la Delegación del Gobierno también señalan que se ausentaron pero no lo delegaron. El secretario de Fusara dice que la decisión se adoptó por “unanimidad” de los presentes, aunque solo hacía falta la mayoría. “Había personas presentes y personas que delegan su voto. No te podría concretar”, añade.
En los bloques, entretanto, cunde la angustia. Muchos esperan el fin de su contrato para los próximos meses. “Da la sensación de que quieren tirar el edificio entero para hacer viviendas de lujo, un hotel... o no sé”, aventura. “Asumimos que esto se ha vendido para hacer negocio, el capitalismo salvaje. Por lo menos es inmoral y lo ha hecho la Iglesia”, indica Borja Buenafuente, uno de los inquilinos. “Yo llegué aquí a través de una amiga y me pareció que era una familia, que se podía confiar. Pero nos han mentido y ahora estas casas son objeto de un pelotazo en el que se ha forrado no sé quién. Porque no sabemos quiénes son los propietarios”, denuncia.
Otra inquilina, que prefiere no dar su nombre, pone en duda toda la operación. “No entiendo cómo las empresas van a hacer las reformas con un capital social de 3.000 euros”, dice. “Nos vamos a defender y vamos a defender el fin fundacional para que con nuestras rentas se ayude a la gente y no se especule”, concluye.
*Corrección: una primera versión de esta información incluía que el sobrino de Esperanza Aguirre estaba vinculado con Savills Aguirre Newmann.