La fundación vinculada a la Iglesia, Fusara, vendió el pasado 30 de julio 14 edificios en el centro de Madrid a una red de sociedades. Los inmuebles eran donaciones de dos familias adineradas y han terminado en el centro de una operación inmobiliaria opaca que amenaza con dejar sin casa a 180 familias. Ahora, el Registro de la Propiedad ha frenado el proceso tras encontrar irregularidades en la inscripción de compra de cinco de esos edificios. Son los ubicados en la calle Churruca, 15; Santa Teresa, 8 y 9; Barquillo, 22 y Castillo, 4. Todas en el centro de Madrid.
Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es y ha adelantado ABC, Fusara no inscribió a todos los miembros de su Patronato en los documentos entregados, entre ellos están el alcalde de Madrid y la delegada del Gobierno. Ambas personas, o sus delegados, tendrían que haber aprobado la venta en mayo pero no estuvieron presentes ni delegaron el voto (al menos en el segundo caso). El Patronato lo preside el Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Ningún portavoz de la institución ha querido hacer declaraciones a este medio sobre la operación.
El registrador de la propiedad también señala que no hay constancia de que la enajenación se comunciara al Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, el órgano encargado del control de estas entidades. La última irregularidad hallada tiene que ver con el exsecretario de la fundación, Ignacio Olmos, que ejercía un poder para el que no estaba facultado. Al menos oficialmente.
Es el mismo registrador de la propiedad, el número 28 de Madrid, el que paraliza la inscripción de los cinco inmuebles con una justificación calcada: “Suspendida la inscripción por no constar inscrita la totalidad de los miembros que componen el patronato, ni la inscripción del poder general otorgado a don Ignacio Olmos Estaban en el Registro de Fundaciones de Madrid, ni la comunicación de la compraventa al Protectorado ni que en la misma se haya hecho constar en dicho Registro”.
Los actores que han participado en la compraventa tienen 60 días para subsanar las irregularidades, según la Ley Hipotecaria. Cada uno de los edificios señalados por el registrador ha sido adquirido por una sociedad diferente: Canderax Corporate SLU, Gaspatax District SLU, Balancho Market SLU y Prozarmo Partners SLU. La solicitud, sin embargo, ha sido formulada por otra SL diferente: Rosevil Productions.
Los edificios vendidos fueron donados por dos familias a principios del siglo XX y con ellos se constituyeron dos fundaciones que en 2008 se fusionaron en una: Santa Marca y San Ramón y San Antonio. Los inmuebles estaban en régimen de alquiler y las rentas debían destinarse a fines benéficos. La Fundación Santa Marca y San Ramón y San Antonio asegura que el dinero obtenido por la operación –que se niegan a revelar– será destinado al mantenimiento de sus dos colegios concertados y dos residencias de estudiantes.
Todos los inmuebles están ocupados por vecinos y vecinas que tienen contratos de alquiler con Fusara. Los nuevos propietarios solo se han comprometido a mantener los acuerdos mientras estén vigentes y ya hay tres vecinos con una comunicación oficial e “irrevocable” para abandonar la vivienda porque sus contratos cumplen el mes que viene. En los edificios hay personas de 70, 80 y 90 años con rentas antiguas.