La Iglesia está haciendo todo lo posible por reducir los daños de dos operaciones inmobiliarias vinculadas a la Diócesis de Madrid ante el cerco cada vez más estrecho de la Justicia. Se trata de la venta de 14 bloques ubicados en el centro de la capital donde viven cerca de 200 familias por 74 millones de euros a un entramado de empresas que terminan en el domicilio de la hermana de Alejando Agag; y de la enajenación por 37 millones de una parroquia y una residencia de mayores gestionada por una fundación religiosa en el entorno del estadio Santiago Bernabeu, una de las zonas más cotizadas de la capital. Son dos procesos opacos, judicializados y llenos de interrogantes que el Arzobispado de Madrid ya ha empezado a revertir.
Los nexos entre ambas operaciones fueron advertidos a principios de noviembre por Anticorrupción, que decidió enviar la cuestión a la Fiscalía de Madrid ante la sospecha de una única trama inmobiliaria. La venta de edificios de viviendas había sido denunciada por los vecinos afectados y estaba siendo investigada por estafa, corrupción y administración desleal por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, del juzgado número 51 de Madrid, cuando se presentó otra querella en Anticorrupción por parte de varios parroquianos tras conocerse que los 18.000 metros cuadrados de terrenos propiedad de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (SVSC) en la calle Padre Damián –donde se encuentra la residencia de mayores y la parroquia de San Jorge– también habían sido vendidos. En este caso a la Universidad Nebrija.
El Ministerio Público ve similitudes entre los casos y remitirá en “los próximos días” la segunda querella al juzgado donde es titular Rodríguez-Medel para que se investigue en paralelo, confirman fuentes de la Fiscalía a elDiario.es.
Ante la previsión de tormenta judicial, el Arzobispado de Madrid ha decidido mover ficha. El jefe de la Iglesia en la Comunidad de Madrid, Carlos Osoro, ha comenzado a abortar los dos pelotazos urbanísticos que le salpican indirectamente tutelando a las fundaciones y negociando directamente con los compradores para revertir las ventas. Ya lo ha logrado con la Universidad de Nebrija, como adelantó El Confidencial y confirmó elDiario.es.
El centro educativo y la Fundación SVSC han hecho público en un comunicado conjunto este jueves que dan marcha atrás a la operación porque es “la mejor opción para la defensa de los legítimos intereses de todas las partes”. Achacan que no tenían un “conocimiento real de la operación”. El Arzobispado también ha informado de la decisión, con la que “garantizan la continuidad de la parroquia en su ubicación actual”.
La venta se selló en noviembre de 2018 y la universidad privada ya había abonado a la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio 20 millones de euros de un total de 37. “El segundo pago, si se concreta la anulación, ya no se produciría”, precisan fuentes del centro universitario, que justifican que son “sensibles a la naturaleza de la actividad que se desarrollaba en la finca”.
Las fundaciones que impulsaron las ventas –Santamarca, San Ramón y San Antonio (Fusara) y Santísima Virgen y San Celedonio– tienen en la presidencia de su patronato al arzobispo de Madrid, que a su vez estaba representado por el delegado episcopal David López Royo. Este cargo de confianza, presente en 71 fundaciones en cuyos patronatos está la Iglesia, dimitió tras conocerse que 14 edificios donados “para los pobres de Madrid” a principios de siglo por dos familias adineradas habían acabado en manos de una red opaca de sociedades. El Archidiócesis siempre ha sostenido que la renuncia se comunicó en verano antes de que el escándalo saliera a la luz. El interventor de las cuentas del Arzobispado, el hombre de las finanzas de la Iglesia en Madrid, también abandonó su cargo en octubre de este año. Se llama Julio Lage y había dado el visto bueno a las operaciones.
Así, desde hace un año las renuncias y el avance de las acciones judiciales de los afectados han ido extendiendo la madeja de sospechas. Tanto, que el arzobispo de Madrid impulsó en junio una investigación. Al frente puso a un asesor que ya ha trabajado para el Vaticano para esclarecer el ovillo imposible de vínculos e intereses que rodea a las operaciones. Según la Archidiócesis, Osoro informó a Roma de la situación y contrató a un “un investigador externo experto en derecho canónico”. Esta investigación “canónica” se desarrolla al margen de la judicial y, tras cinco meses, el Arzobispado ha pasado a la acción interviniendo directamente entre las fundaciones y los compradores. Las pesquisas quieren esclarecer “cómo se ejerció la autoridad delegada” y “qué información tenía la Diócesis” sobre las operaciones.
Los vecinos afectados ven cómo las piezas de la causa judicial van encajando, aunque echan de menos que el Arzobispado se involucrara antes. “Nos fuimos a manifestar, les pedimos citas y nos ignoraron. No han tenido más remedio que reaccionar”, apunta la abogada de la asociación de afectados por la venta, Mónica Sevil, tras ser contactada por elDiario.es. Los inquilinos afectados aún no han recibido ninguna comunicación de Fusara sobre si su futuro tendrá un golpe de suerte.
La reversión de esta compraventa es más compleja. Se hizo a través de sociedades pantalla, creadas con un capital social de apenas 3.010 euros cada una y unidas bajo una matriz llamada Tapiamar; domiciliadas en una misma dirección fiscal, que coincide con la residencia familiar de la hermana de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, y su pareja, el empresario Álvaro Portanet; y muy difícilmente rastreables. No se sabe quién es el comprador real, pero sí que la operación se hizo con un precio muy beneficioso para ese entramado de empresas por estar por debajo de mercado.
Nadie avisó a los vecinos de que sus pisos de alquiler se habían vendido. Se enteraron porque un repartidor dejó un burofax en la puerta de uno de ellos. La operación, además, se realizó de espaldas al Protectorado de Fundaciones y fue frenada, en una parte, por el Registro de la Propiedad tras hallarse irregularidades. Cuando una fundación cambia sustancialmente su patrimonio debe comunicarlo obligatoriamente a este órgano de control de la Comunidad de Madrid para estas entidades. Fusara quiere empezar a recuperar los edificios en manos de Tapiamar, siempre según la información publicada por El Confidencial.
Otra cuestión muy polémica de las operaciones es el destino de los 111 millones que las fundaciones habrían recibido tras las ventas. El plan de la Iglesia era comprar un solar por 48 millones de euros en Valdebebas para construir un bloque de oficinas, como publicó El País. Una hoja de ruta que queda lejos de la promesa del patronato de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio de crear una gran “ciudad de la Misericordia” en El Cañaveral. La adquisición de estos terrenos también ha quedado interrumpida por los derroteros que están tomando las operaciones, en vías de anularse: de momento, Fusara ha pagado a Metrovacesa –una inmobiliaria controlada por Santander y BBVA– la primera parte del pago, 23 millones de euros. La promotora y la fundación firmaron una cláusula que permitía a la filial de Santander quedarse con el terreno si Fusara incumplía el segundo pago, como ha ocurrido.
El último elemento que ha alargado el rosario de sospechas, destapado por varios medios, son los elevados honorarios pagados a un despacho de abogados, llamado bufete Chávarri, que actuó como intermedio en ambos procesos. El exdelegado episcopal del Arzobispo de Madrid, David López Royo, es el vicepresidente y director ejecutivo de la Fundación Chávarri por el Bien Común, vinculada directamente al bufete y creada para las acciones de Responsabilidad Social Corporativa.
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