Un instituto sin instituto. Uno de los barrios más ricos de Madrid, Aravaca, lleva más de 20 años peleando por tener un centro público de Secundaria. En 2019, antes de la llegada de Isabel Díaz Ayuso al Gobierno regional, la Consejería de Educación accedió a su reclamación histórica con una estrambótica solución: el instituto echaría a andar sin edificio físico y funcionaría con aulas prestadas en uno de los colegios del barrio durante este primer curso.
Cinco meses después de que se iniciara el experimento, el solar donde debía empezar a construirse el IES Ana Frank no está ni siquiera vallado por completo y no hay nada que haga pensar que allí hay una obra para levantar un edificio. En Aravaca, un barrio residencial con una de las rentas medias más elevadas de la capital, plagado de colegios concertados y privados, los que eligen la escuela pública no lo tienen fácil.
La Comunidad de Madrid ya ha confirmado a las familias que el instituto no estará disponible tampoco para septiembre, como les prometieron, y sus hijos e hijas deberán pasar un curso más en otro colegio. Además, como el centro existe como entidad jurídica, continuará matriculando alumnado nuevo, de manera que habrá que hacer hueco para dos clases nuevas de 1º de la ESO. Educación aún no sabe dónde los meterá pero asegura que no echará mano de barracones, como ha hecho otras veces.
Las familias temen que la situación desincentive las matrículas para el curso próximo. “El día que entren aquí las máquinas lograremos convencer a la gente, a nuestros vecinos, de que el IES Ana Frank existe. Ahora existe y tiene a muchas familias comprometidas pero no hay edificio”, dice una madre de un alumno de 1º de la ESO. La AMPA del instituto se constituyó en octubre y lleva meses intentando reunirse con la Dirección de Área Territorial para tener información de primera mano sobre su futuro. De momento, dice, no han tenido respuesta.
La Consejería de Educación se sacude la responsabilidad en estos retrasos y explica que el problema ha sido del Ayuntamiento, que es el titular de la parcela. “Pedimos al Consistorio en enero la cesión del terreno y en septiembre nos dijeron que ni siquiera constaba esa parcela como propiedad municipal porque no se había inscrito. Eso ha retrasado todo”, afirman fuentes de Educación sobre la gestión de Manuela Carmena. El convenio de cesión tampoco se ha firmado todavía con el Consistorio de Martínez-Almeida y el presupuesto para ejecutar las obras dependen de la aprobación de las cuentas de 2020. De momento, las prorrogadas de 2019 solo recogen una inversión para elaborar el proyecto y mover la tierra para preparar el terreno.
Aravaca es un barrio anexo a Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de España, que pertenece al distrito madrileño de Moncloa, aunque está aislado por la Casa de Campo. Las asociaciones vecinales han acusado siempre la falta de servicios públicos precisamente por el alto nivel adquisitivo de sus vecinos. El barrio tiene una renta media disponible de 61.500 euros, muy por encima de la media de España, situada en 25.000.
“La gente se queda alucinada con que no haya ningún instituto público en una población de 27.000 habitantes. Hasta ahora, los que queríamos pública nos teníamos que ir a Pozuelo. Aquí cunde la sensación de que no se necesitan los servicios porque la gente puede pagárselos”, explica Mario Lozano, de la asociación Osa Mayor. Esta entidad vecinal forma parte, junto a las AMPAS de los dos colegios públicos de Aravaca, el IES Ana Frank y la asociación deportiva Acrola, de la plataforma recién creada en defensa del nuevo instituto público.
Las familias cuentan que en el barrio hay vecinos que han elegido la concertada o la privada porque “no había otra alternativa” si querían que el centro estuviera cerca de casa. “Queremos mandar el mensaje de que el IES Ana Frank existe y nadie lo va a parar. Ahora no vamos a permitir que nos lo quiten”, manifiesta una de las madres. En los alrededores hay al menos seis centros concertados o carísimos privados. Entre ellos el Santa María de los Rosales, donde estudian la princesa de Asturias y su hermana, la Infanta Sofía.
Marian es la directora del instituto fantasma. Recibió la propuesta de la Consejería de Educación de dirigir este proyecto sin edificio y lo aceptó: “Todo en la vida hay que empezarlo de cero. Estuve hasta matriculando sola al principio”, expone desde un despacho mínimo donde convive con el jefe de estudios. Apenas hay margen entre las mesas pero aparentan normalidad.
“El mensaje de la solidaridad, de compartir lo poco que tenemos, es muy bueno”, añade Marian. Los chicos y chicas de 1º de la ESO han sido ubicados en dos espacios que se han tenido que reformar para poder ser utilizados como aulas permanentes y ahora están en perfectas condiciones. Las clases tienen pocos alumnos: una 18 y otra 20. Desde la dirección del centro insisten en que el objetivo es dar la “mejor educación pública”, aunque a veces “las cosas no salen como las piensas”.
El CEIP Rosa de Luxemburgo se enclava en medio de una urbanización de casas bajas construidas en los ochenta y vinculadas a Comisiones Obreras. La puerta de entrada ofrece un aspecto singular: hay dos carteles, casi pegados, con un nombre cada uno. En la práctica, aquí está también el IES Ana Frank.
El activismo de las familias ha permitido que una situación anómala se vistiera de cierta normalidad. Pese al cabreo, hay ilusión por que el proyecto salga adelante. El ejercicio de fe con el centro empezó el día de la matrícula: los padres y madres apuntaron a sus hijos a un instituto sin nombre. “En la documentación ponía IES Aravaca”, comenta Andrés, el presidente de la AMPA.
La Consejería de Educación insiste en que es un “compromiso” que el edificio se construirá. “No va a estar para septiembre de 2020 pero queremos que haya una entrega importante para el siguiente curso”, explican fuentes del Gobierno regional. Este instituto ya no se construirá por fases. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha constatado que esta planificación alarga los tiempos porque algunas empresas les han “dejado tirados” en el proceso. “Se ha sopesado y se ha visto las obras durante cinco o seis años con los niños dentro ocasiona problemas”, añaden las mismas fuentes.
El departamento que dirige Enrique Ossorio confirma que hay otros tres centros públicos de la región tienen a su alumnado distribuido en aulas de prestado de otros. Además, en 19 más los estudiantes conviven con obras porque las fases están en marcha o han tenido que ser desplazados a aulas de música o de biblioteca dentro de los propios colegios porque las previsiones de construcción no han cumplido los plazos y no caben. Esto ha pasado en ocho centros, según los últimos datos actualizados por el Gobierno regional.