En las últimas semanas se han producido varios movimientos para conocer qué sucedió en los centros de mayores de la Comunidad durante la pandemia. Un juzgado de instrucción ha imputado a la directora de una residencia pública, la Fiscalía ha denunciado a las responsables de otra privada y se ha reabierto la investigación en cuatro centros de Leganés
La justicia sigue la pista de las denuncias interpuestas por familiares de usuarios de residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. En los últimos días se ha conocido que un juzgado de instrucción ha imputado a la directora de una residencia pública por un presunto delito de homicidio al no derivar a una anciana al hospital. La Fiscalía también ha actuado: ha denunciado a la gerente y la facultativa de un centro de mayores privado por la muerte de una usuaria.
Hasta ahora la tendencia general en la Fiscalía de Madrid había sido el sobreseimiento de las denuncias presentadas por hechos sucedidos en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. En aquellos meses, el 18% de los usuarios de estos centros fallecieron entre marzo y mayo. La Comunidad informó de la muerte de 7.690 residentes, 1.203 casos confirmados de Covid-19. La falta de medicalización de estos centros, los protocolos que limitaron los traslados de mayores y la concentración de población vulnerable, entre otras razones, convirtieron a las residencias madrileñas de mayores en el más importante foco de la pandemia durante la primera ola.
El ministerio público llegó a acumular más de un centenar de denuncias relacionadas con muertes en residencias entre los meses de marzo y mayo. En octubre, desde la fiscalía se dio a entener que la mayoría de casos se estaba archivando. En una de las denuncias, impulsadas por la asociación el Defensor del Paciente contra una residencia de Madrid en la que fallecieron 23 personas con Covid-19, la Fiscalía concluyó que la actuación de los gestores se había ajustado “a su deber jurídico de garante en las especiales circunstancias en que se produjo la situación de riesgo, sin que se aprecie una actuación concreta cuya voluntaria omisión haya sido determinante para el resultado finalmente producido”.
Pero esta semana el Ministerio Público ha informado informó de que por primera vez actuaba contra un centro por unos hechos sucedidos en marzo y presentaba una denuncia contra la directora y la doctora de una residencia privada por varios delitos, entre ellos, homicidio imprudente, denegación de asistencia sanitaria y omisión del deber de socorro. En ese escrito sostiene que las responsables del centro no acataron el protocolo previsto para pacientes con la Covid-19, una decisión “que provocó el fallecimiento de una mujer de 85 años pocos días después de haber ingresado en el centro”, explica la Fiscalía en una nota de prensa.
En este caso, sucedido en una residencia privada con 46 plazas, la denuncia elaborada expone que la doctora “desatendió” todas las “previsiones que le eran –y debían ser- conocidas”, aludiendo de esta forma a los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid, que establecían “un sistema de comunicación con el hospital de referencia” donde se establece que el geriatra de enlace es el responsable de decidir si se derivaba o no a un anciano contagiado. Según expone la Fiscalía, la facultativa tardó ocho días en contactar con el responsable sanitario asignado por la Consejería de Sanidad.
Otra reciente decisión judicial va a sentar en el banquillo a la directora de una residencia pública. En febrero la responsable de la Gran Residencia, con capacidad para más de 400 mayores, tendrá que declarar como investigada ante el juez por un supuesto delito de homicidio. El auto se emitió el 26 de noviembre tras la querella presentada por la hija de una residente. Según adelantó la Cadena Ser, la usuaria del centro falleció el 27 de marzo sin haber sido derivada a un hospital.
El colectivo Marea de Residencias, impulsora de la denuncia contra la directora de la Gran Residencia, valora positivamente estas últimas decisiones judiciales. “Aparentemente, parece que hay un cambio de tendencia”, apunta Carmen López, una de las portavoces de la plataforma, que considera que el punto de inflexión se produjo con la decisión de la Audiencia Provincial de reabrir la investigación en cuatro centros de Leganés, que había sido archivada por el juzgado de instrucción número 5 del municipio madrileño.
A pesar de que un magistrado de primera instancia rechazó en agosto estudiar la querella presentada al considerar que se basaba en “conjeturas”, la Audiencia Provincial revocó la decisión, apoyándose en que los familiares de los residentes no tenían posibilidad de “presentar evidencias de los hechos que se relatan en el escrito de querella”, por lo tanto defendió que el instructor era el encargado de “practicar las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos relatados”.
Por su parte, desde la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) no se aventuran a atisbar un cambio de tendencia en la investigación judicial de las muertes en residencias durante la primera ola de la pandemia. “Lo que está sucediendo es que en los casos particulares en los que los familiares han denunciado se comprueba que los que la falta de atención y la no derivación son ciertas”, responde Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare. Este colectivo ha optado por presentar denuncias en Fiscalía. Según detalla su máximo responsable, solo han recibido respuesta de tres de los 59 procedimientos iniciados, en esos tres casos la causa se ha archivado.