A distinto ritmo y por diferentes vías, decenas de investigaciones judiciales continúan abiertas para conocer lo que sucedió en las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia. Entre marzo y mayo de 2020, más de 7.000 personas fallecieron en los centros de mayores. Los procedimientos que se están instruyendo por ahora únicamente apuntan a directivos y médicos que atendieron en los geriátricos a sus usuarios durante la pandemia; las plataformas de afectados consideran que los impulsores de los protocolos que obstaculizaron la derivación de los mayores son los grandes olvidados en las causas que van avanzando en los juzgados.
Actualmente hay un “gran número de procedimientos abiertos en los 21 partidos judiciales de Madrid”, apuntan fuentes judiciales, que explican que este tipo de casos que se van dispersando por distintos juzgados, que se litigan por diferentes vías –penal o civil– y que avanzan a ritmos dispares son definidos en su jerga como “bombas de racimo”.
“Esta actuación [dividida en decenas de juzgados de la Comunidad] es bastante desconcertante para la persona que está en nuestra situación. No es una cuestión económica. Sientes que te están mareando en un asunto que se ha saldado con vidas humanas”, apunta Carmen López, una de las portavoces de la plataforma Marea de Residencias, que cuenta con varios centenares de familias involucradas. Según los datos recopilados por este colectivo, a fecha 31 de julio tenían activos alrededor de 20 procedimientos en distintos juzgados de la región.
Una de las demandas recientes, que se ha archivado, se dirigía contra cuatro residencias de grandes grupos –Vitalia, Domus Vi, Aralia y Amavir– en Leganés. Estos centros acumularon a lo largo de la primera ola 130 muertos por COVID o por síntomas compatibles con la infección. 32 familias se unieron en dos querellas para denunciar a los responsables de los centros y altos cargos de la Comunidad de Madrid por delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación. El pasado 13 de julio, el juzgado de instrucción número 5 de Leganés rechazó estas acusaciones, alegando que “no se desprende” de los hechos descritos por la defensa de los familiares “indicio alguno de la comisión de uno o varios ilícitos”.
7.600 residentes fallecieron en la primera ola
Entre marzo y mayo de 2020, durante la irrupción de la pandemia y en los momentos en los que los centros de mayores se convirtieron en el principal foco de la emergencia sanitaria, el 18% de los usuarios (7.600) de residencias madrileñas fallecieron. Para tratar de esclarecer lo que sucedió en esos emplazamientos, varios colectivos y familias a título individual acudieron a los juzgados hace más de un año. Además de los casos particulares, también pretendían que se investigasen los polémicos protocolos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que impidieron el traslado de estos mayores a los hospitales durante el peor momento de la pandemia.
En el periodo en el que se registró el mayor número de muertes la Fiscalía llegó a acumular más de un centenar de denuncias. De ellas, la mayor parte se archivaron. El Ministerio Público siguió adelante con menos de una decena de esos procedimientos, incoando demandas contra médicos y gestores de residencias, a los que acusan, en algunos casos, de omisión del deber de socorro o, en otros, de homicidio imprudente.
Más de 50 denuncias fueron impulsadas en la Fiscalía por la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare). Solo en una décima parte de las demandas presentadas por este colectivo el Ministerio Público ha encontrado indicios de delito y ha continuado el procedimiento acusando a trabajadores de la residencia, según expone su presidente, Miguel Vázquez. Por ahora, no se ha ido más allá y no se ha acusado a ningún exalto cargo del Gobierno autonómico, según las fuentes consultadas.
Víctor es otro de los centenares de denunciantes que acudieron a la Fiscalía para solicitar una investigación tras la muerte de su abuela el 13 de abril de 2020 en la residencia Orpea Carabanchel. En mayo dirigió un escrito al Ministerio Público y un año después, escuchando la radio se enteró de que la demanda se había estimado y los fiscales denunciaban a dos doctoras del centro, a las que han acusado de omisión del deber de socorro y homicidio imprudente.
La Fiscalía considera que las facultativas denunciadas “no realizaron el oportuno seguimiento médico”. “La ausencia de un control y seguimiento de enfermería y médico en la residencia, unido a la falta de activación del protocolo de valoración de una posible derivación a centro hospitalario, fue lo que privó a la mujer de una adecuada atención sanitaria y razonablemente puede concluirse que influyeron en el fatal desenlace de su enfermedad”, expuso el Ministerio Público en una nota de prensa.
“Dos días después de escucharlo por la radio me llegó una notificación de la Fiscalía. Estoy muy satisfecho con el trabajo que han hecho. Nos han enviado una resolución de diez folios con una investigación muy profunda sobre cómo funcionó la residencia en ese tiempo”, expone el denunciante, que trabaja como enfermero en un hospital. Tener conocimiento sanitario le ayudó a darse cuenta de la situación en la que se encontraba su abuela. Tras la denuncia del fiscal, su familia se plantea personarse en la causa para reclamar también que “nadie del sistema público atendió a su familiar durante el mes que estuvo en pandemia”. El grupo Orpea asegura que las denuncias “no son contra sus residencias ni contra la compañía”, insisten en que los procedimientos abiertos por la Fiscalía “son contra personas físicas” y, por lo tanto, no aportan información sobre esas causas.
Con las denuncias de la Fiscalía ya presentadas en el juzgado, Pladigmare está valorando sumarse a algunas causas como acusación particular para introducir en el procedimiento los protocolos de derivación. “Hasta ahora nadie se ha cuestionado la actuación de los protocolos ni la actuación de la Consejería de Sanidad. Queremos dirigirlo a ese punto: ¿qué hicieron durante la pandemia?”, indica Vázquez.
Las órdenes elaboradas por la Consejería de Sanidad para limitar la derivación de residentes desató un conflicto en el Gobierno de coalición que en ese momento estaba el frente de la Comunidad. El consejero de Políticas Sociales que ocupó la cartera en los primeros meses de la pandemia, Alberto Reyero, cargo escogido por Ciudadanos, llegó a asegurar que esas instrucciones fueron “poco morales” y “posiblemente ilegales”.
Reyero envió varios correos electrónicos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cargando contra esos documentos que fueron enviados a los hospitales en marzo de 2020. En una entrevista con elDiario.es, el exconsejero reflexionaba sobre las consecuencias de esas órdenes. “En las dos o tres semanas posteriores a la puesta en marcha del protocolo de derivación, los fallecidos en las residencias fueron aproximadamente un 83%, el resto en hospitales, y eso no es en absoluto normal”, apuntó. Y añadió: “Pueden fallecer, porque es verdad que puede haber personas que no sea adecuado trasladarlas a un hospital, pero no en unos números tan grandes. Por lo tanto, evidentemente se aplicaron [los protocolos]”.
Las denuncias contra trabajadores se asumen con “desasosiego”
En la misma línea se posicionan otras plataformas y también miembros de la patronal. Los portavoces de Marea de Residencias sitúan como “responsables” de la tragedia vivida en los centros de mayores a los promotores de los protocolos: “Desde la máxima dirigente hasta la responsable de la gestión sanitaria de las residencias, pasando por el firmante de los documentos y la gerencia de la Comunidad”. “No vamos contra los trabajadores. Ni se nos ocurre”, añaden.
Las querellas archivadas en Leganés se dirigieron contra responsables de los centros y altos cargos del Gobierno autonómico: la presidenta, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y el responsable de Justicia, Enrique López. En el auto emitido el 13 de julio, la magistrada recuerda que estos responsables políticos fueron excluidos del procedimiento por la Audiencia Provincial. Sobre los protocolos, aclara que determinar si “fueron o no acertados” es una “cuestión ajena a los directores y demás personal de las residencias, que se limitaron a cumplir lo que se les ordenaba”.
Entre las decenas de procedimientos que todavía siguen abiertos, fuentes del sector aseguran que “está causando mucho desasosiego ver cómo se está juzgando a los directores de las residencias cuando no tenían competencias” para desoír los protocolos que impulsaron. “Es muy duro que no pudiesen hacer derivaciones al hospital, vieran cómo se les estaban muriendo los residentes sin que nadie hiciera nada y, encima, se tengan que sentar ahora en un juzgado siendo el responsable de un homicidio”, añade un portavoz de la empresa Amavir.
Según añaden estas fuentes de la compañía, en la investigación abierta para conocer lo sucedido en Amavir Ciudad Lineal ya “se ha tomado declaración a personal del centro” –la directora lo hizo como investigada– y han aportado “toda la documentación” requerida. En ella han incluido “todas las evidencias” de lo sucedido: “Hacer derivaciones hospitalarias nos resultó imposible”. En el segundo procedimiento que tienen abierto impulsado por el Ministerio Público para dilucidar lo sucedido en el centro de Patones aseguran que por ahora no han “recibido ninguna comunicación del juzgado” que confirme su admisión a trámite.
Entre los procedimientos abiertos impulsados por Marea de Residencias, se está investigando lo sucedido en dos centros públicos, el de Alcorcón y la Gran Residencia de Carabanchel, como confirman desde la Consejería de Políticas Sociales. En la primera causa el juez de primera instancia ha llegado a citar a declarar como testigo al geriatra del Hospital Universitario de Alcorcón, según informa Europa Press. Con la instrucción de estos casos, los familiares esperan que los responsables de los centros “aporten explicaciones y expliquen por qué cumplían el protocolo”, asegura López.