El círculo de la polémica operación inmobiliaria con la que una fundación vinculada a la Iglesia liquidó 14 bloques de viviendas en el centro de Madrid procedentes de una herencia con fines benéficos se empieza a cerrar con dos nombres: Ana Agag, la hermana de Alejandro Agag, y su marido Álvaro Portanet. Las 14 empresas opacas que participaron en la compra de los inmuebles, donde viven dos centenares de personas cuyo futuro ahora es incierto, y la matriz que las agrupa, Tapiamar SL, tienen el domicilio social en la residencia del matrimonio, situada en la calle Apolonio Morales, como ha podido comprobar eldiario.es.
Las sociedades cuya dirección coincide con la casa de los Agag-Portanet son: Tapiamar Partners SL, Alprozan Premium SL, Balancho Market SL, Canderax Corporate SL, Monroya Proyect SL, Gaspatax District SL, Neoxata Trade SL, Novavilum Forum SL, Pironolita Iberomarket SL, Pirosca Market SL, Promater Logistia SL, Prozarmo Partners SL, Silexio Global SL, Openia Experts SL y Terroxa Corporate SL. La hermana de Alejandro Agag asegura a eldiario.es que no conoce estas empresas, de las que apenas hay información en el Registro Mercantil. Ninguna tiene teléfono, ni socios, ni personal empleado.
La vinculación del matrimonio con la operación inmobiliaria que puede dejar a 200 vecinos sin casa no solo es postal. Este diario tiene constancia de al menos tres 'recibís' estampados con la rúbrica de Agag que dan acuse de recibo a los burofaxes enviados por vecinos afectados y que se dirigían a dos de las empresas compradoras: Neoxata Trade SL y Alprozam Premium SL. Todas esas cartas llegaron a la residencia de los Agag-Portanet. El grueso de las misivas corresponden a inquilinas de renta antigua que manifiestan su oposición a la venta y reclaman que no se ha respetado su derecho a tanteo y retracto.
Ana Agag reconoce que firmó estos acuses de recibo pero alega que no sabía qué estaba rubricando. La arquitecta también asegura que no conoce ninguna de las empresas domiciliadas en su residencia familiar: “No sé por qué esta todo eso en nuestra casa”.
Las empresas vinculadas a los Agag-Portanet compraron los bloques de la Fundación de Santamarca y San Ramón y San Antonio (Fusara) para hacer negocio con unos alquileres que hasta ahora se han dedicado a fines sociales y han empezado a dar síntomas de que su objetivo es vaciarlos.
Cinco inquilinos ya han sido informados de que deben abandonar sus hogares porque el contrato no se renueva. Dos de ellos tenían de fecha límite este viernes 15 de noviembre para entregar las llaves y marcharse, pero no lo han hecho. Los otros tres pueden quedarse hasta el 15 de enero. El calendario impuesto por los nuevos propietarios choca con las escrituras de venta de los inmuebles, que blindan los alquileres hasta junio de 2020, según ha publicado El País. Una treintena de vecinos ya ha presentado una querella contra la fundación por la venta.
Las 15 sociedades domiciliadas en Apolonio Morales están cortadas por el mismo patrón. Fueron creadas entre abril y junio con idéntico capital social, 3.010 euros, y estaban administradas en origen por la misma persona, María Elena García Pastrana, que vive en Badalona y tiene 1.012 empresas vinculadas a su nombre, según el Registro Mercantil. Dos días después de efectuarse la venta, el 1 de agosto de 2019, García Pastrana desaparece de todas las sociedades y aparece un nuevo nombre como representante de las empresas: Rodrigo de Juan González, un viejo conocido de los Agag-Portanet.
De Juan y Álvaro Portanet han compartido varios negocios. Según Ana Agag, son amigos del colegio. De Juan sucedió al marido de Ana Agag como admistrador único de Idonae Grupo Inmobiliario S.L, una empresa dedicada a la “adquisición por cualquier título de valores mobiliarios”. Portanet dejó el cargo el 18 de octubre de 2016 y en esa misma fecha tomó posesión De Juan como administrador solidario, según el Registro Mercantil. Un año después heredó el puesto inicial de Portanet, hasta hoy. El apoderado de esa sociedad, además, es el hermano de Álvaro Portanet, Javier Portanet.
Ambos nombres vuelven a coincidir en otra empresa también dedicada al negocio inmobiliario: Six Grupo Empresarial S.L. De Juan comenzó a ser representante de esta sociedad cuando Portanet dejó este mismo título.
Toda la operación se ha desarrollado alrededor de unos edificios donados por dos familias adineradas a principios del siglo XX: una condesa, Carlota de Santa Marca, y una burguesa, Antonia González y Pérez. Este patrimonio sirvió para abrir dos fundaciones que se fusionaron en 2008 y dieron como resultado la Fundación Santa Marca y San Ramón y San Antonio (Fusara), que cuenta entre su patrimonio dos colegios concertados y dos residencias de estudiantes.
Con la fusión de entidades se perdió en parte el espíritu inicial de las fundaciones. Antonio González y Pérez, uno de los donantes, dejó por escrito en su testamento que los edificios eran para “los pobres de Madrid y su provincia” y debían destinarse a “fundar un establecimiento benéfico” mantenido con las rentas de alquiler que generaran los inmuebles. La operación firmada un siglo después de que se sellara este testamento choca con aquel mandato.
La entidad actual tienen un patronato presidido por el Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Y en él también está la delegación del Gobierno y la Alcaldía de Madrid. La operación, en el aire en el Registro de la Propiedad por algunas irregularidades, fue aprobada con el beneplácito de todos los patronos, aunque estos dos últimos delegaron el voto y no estuvieron presentes.
Esta semana el regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se ha desentendido de la venta. “La decisión la tomó el patronato en el que estaba Manuela Carmena y Mauricio Valiente. La pregunta es por qué no hicieron nada para evitarlo”.