“Arquitecta especialista en modificar locales para convertirlos en loft”. Así presentaba la revista Habitania a Rocío Monasterio en 2003, actual diputada de Vox en Madrid. Ese año, Monasterio todavía no disponía de la titulación necesaria para poder ejercer como arquitecta, aunque eso no le impidió presentarse como tal ante potenciales clientes. En el artículo, ella misma explicaba la filosofía de su negocio: reformar locales comerciales para convertirlos en viviendas. Comprar barato para cambiar el uso de esos bajos en zonas privilegiadas de la capital.
El problema es que, según denuncian algunos de los compradores, la actual dirigente del partido de Santiago Abascal lo hizo a través de engaños a clientes y a la propia administración. El negocio fue rentable para Rocío Monasterio durante algunos años, pero las irregularidades pueden pasar factura a su carrera política e incluso en los tribunales.
Los escándalos de su despacho de arquitectura cercan a la portavoz de la extrema derecha en la Asamblea de Madrid. La Fiscalía de Madrid tiene desde este viernes sobre la mesa una denuncia contra ella por presunta “falsedad documental”.
Según la última información publicada por El País, Monasterio habría utilizado un sello falseado del Colegio de Aparejadores de Madrid para las obra del loft del presentador y actor Arturo Valls en 2016, solo tres años antes de que se convirtiera en diputada autonómica. Entonces, la dirigente de Vox ya formaba parte de la dirección del partido de Santiago Abascal e incluso lideró la candidatura de la formación a la Alcaldía de Madrid en 2015.
Más Madrid entiende que si hubo delito no ha prescrito, algo que sí ocurre con las demás irregularidades desveladas fundamentalmente por El País y también por eldiario.es, tales como firmar planos y certificados de obra sin tener el título de arquitecta ni estar colegiada.
Además de esta denuncia, el presentador de Ahora Caigo mantiene una querella contra la dirigente de extrema derecha y el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) ha abierto una investigación por intrusismo laboral que le podría costar la titulación.
De momento, quien no quiere investigar es el Ayuntamiento de Madrid pese a que la documentación fue presentada en la corporación local al ser la administración que concede la licencia para habitar los locales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no es “función” del Ayuntamiento investigar o personarse ante las supuestas irregularidades del visado, ya que el Consistorio “no es parte de la relación jurídica”. El primer edil, que llegó al poder gracias a los votos de Vox, que necesita para sacar adelante sus iniciativas en el Pleno, ha defendido que sería como asumir que el Ayuntamiento debería investigar y personarse en “cualquier relación jurídica que suceda en Madrid” y en la que pudiese haber alguna anomalía legal.
El litigio con Arturo Valls
Arturo Valls contrató a Monasterio para acondicionar un local en la calle Rodas, 7 de uso comercial de su propiedad y convertirlo en una vivienda. Estas obras nunca fueron legalizadas, ya que el inmueble no pudo obtener la licencia de habitabilidad que concede el Ayuntamiento de Madrid.
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid advirtió en noviembre de que no constaban en sus archivos siete planos que Rocío Monasterio presentó ante el Ayuntamiento de Madrid en 2005 acerca de estas obras. “El 'plano de ejecución calle Rodas número 7, plano estado actual', con el cajetín del estudio Monasterio & Asociados y con una firma en color azul en dicho recuadro, no se corresponde con ningún documento que obre en los archivos de esta corporación”, aseguró la entidad en un comunicado.
Según las últimas informaciones, Monasterio utilizó ese mismo sello en diferentes proyectos que presentó en el Ayuntamiento de Madrid en 2005, 2011 y 2016.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid se defendió este viernes argumentando que “aportar en el Ayuntamiento en 2016 copias de un expediente de hace 15 años, no es falsear un visado. Es cumplir con lo que te piden, falsearlo sería aportar algo distinto”.
Pero Más Madrid desmiente tal afirmación en la denuncia presentada ante la Fiscalía, y a la que ha tenido acceso eldiario.es. Según sostiene la formación, los planos incluidos en el documento registrado en los expedientes de los años 2011 y 2016 son completamente diferentes a los del documento que se había visado originalmente en 2005, “quedando completamente descartado que hayan sido integrados como documentación de referencia en el Proyecto de acondicionamiento de carácter puntual con cambio de uso de local comercial a vivienda”.
“El número de planos visados en 2005, un total de siete, difiere sustancialmente con los que contienen el sello en los años 2011 y 2016, que ascienden hasta diecinueve”, recoge la denuncia de Más Madrid presentada ante la Fiscalía.
Monasterio da a entender que no es ella, sino la arquitecta técnica, la que habría firmado los planos dado que el sello visado correspondía a esta profesional, pero según explican desde Más Madrid “el documento de 2011 que vuelve a registrar en 2016 lleva su firma [la de Rocío Monasterio] en la última hoja declarando que es la autora del proyecto”.
A estos casos de irregularidades hay que sumar otras polémicas. La más clamorosa obligó al matrimonio que Rocío Monasterio y Espinosa de los Monteros a afrontar el pasado septiembre la clausura y precinto de la mansión familiar en la que residían ilegalmente desde 2014. El chalé carece de la licencia de primera ocupación obligatoria para poder residir en él y tampoco tiene la licencia de funcionamiento, necesaria para desempeñar allí actividades económicas. La construcción incumplió los compromisos de la licencia de obra que solicitaron. El matrimonio logró paralizar in extremis la clausura y precinto de su chalé presentando un nuevo proyecto que ahora el Ayuntamiento de Madrid estudia.