El jurado declara inocentes a todos los acusados de crear una 'caja B' en la Complutense de Madrid

El jurado popular que ha estudiado el caso de la presunta 'caja B' de la Universidad Complutense ha decidido declarar inocente de un delito de malversación a Dionisio Ramos, exgerente de la universidad. Después de este veredicto será la sección 29ª de la Audiencia de Madrid la que dicte la sentencia del caso, además de supervisar que la decisión tomada por el jurado popular sea legal. El veredicto del jurado popular también declara inocentes al resto de acusados.

La Fiscalía acusaba a Ramos de haber encabezado el desvío de 1,4 millones de euros de las arcas de la Complutense entre 1995 y 2001 y al resto de acusados de haber aumentado la cuota malversada por encima de los cuatro millones de euros.

Según han explicado fuentes del caso a elDiario.es, los miembros del jurado popular han estado dos días estudiando las pruebas del caso y contestando a las preguntas con las conclusiones favorables y desfavorables planteadas por defensas y acusaciones. El veredicto ha sido comunicado hace unas horas a los acusados en la propia Audiencia de Madrid.

Fiscalía pide seis años

La Fiscalía había pedido un total de seis años de prisión para el exgerente de la UCM, Dionisio Ramos, por un delito de malversación, así como para tres administradores de colegios mayores. Para otros tres acusados, alumnos y subdirectores de colegios mayores, pidió cuatro años de cárcel como cooperadores necesarios de este delito.

Esta acusación planteaba que, entre todos, habían malversado 4,1 millones de euros, de los cuales un total de 1,4 millones de euros habían sido desviados entre 1995 y 2001, los años en los que Ramos fue gerente de la Universidad Complutense de Madrid. Él era quien gestionaba los fondos de la universidad y quien permitió que el dinero cayera en una cuenta corriente de la que se hacía un uso “injustificado” usando el dinero para fines “ajenos” al centro. El dinero, según la Fiscalía, salía de la cuenta en cheques al portador sin ningún tipo de supervisión para los acusados o para terceras personas. En 2002, el dinero que más de un millar de alumnos pagaron para reservar plaza en colegios mayores de la zona oeste tampoco fue ni contabilizado ni supervisado.