La Justicia ha dado su aval a los cambios que la Comunidad de Madrid introdujo en la normativa urbanística para permitir el macroproyecto denominado Madrid Nuevo Norte, conocido como operación Chamartín. El Tribunal Superior de Justicia, en una decisión recurrible ante el Supremo, ha rechazado recursos de varias asociaciones, empresas y particulares y ha avalado el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de marzo de 2020, que proyecta la construcción de 348 edificios de oficinas y 10.500 viviendas y equipamientos públicos en torno a la estación de Chamartín.
Este macroproyecto de desarrollo urbanístico fue diseñado hace casi tres décadas pero las obras no fueron inauguradas hasta noviembre del año pasado. Un total de 2,4 millones de metros cuadrados puestos a disposición del proyecto después de que el Convenio de Colaboración fuera firmado por el Ayuntamiento de la capital, la Comunidad, Adif y Crea Madrid Nuevo Norte.
Esta última es una sociedad participada en su mayoría por el BBVA, la constructora San José y la inmobiliaria Merlin Properties, recientemente enfrentadas en un proceso de arbitraje que ha puesto en manos del banco la decisión de si vende o no parte de sus acciones sin respetar el derecho de tanteo de los otros dos socios. Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es en 2019, los archivos de la operación que mostraban los cambios que había sufrido a lo largo de los años en cuanto a la superficie afectada, el precio y hasta la adjudicataria, que pasó de ser el banco público Argentaria a ser el banco privado BBVA.
Asociaciones como Ecologistas en Acción o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) llevaron el acuerdo de 2020 que modificaba el Plan General de Ordenación Urbana en relación a la prolongación de la Castellana y a la colonia Campamento, unos recursos que acaba de rechazar la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Madrid: “Se mantienen los objetivos de regeneración y rehabilitación urbana, de cosido urbano para cerrar la cicatriz generada por las infraestructuras en el tejido de la ciudad y, en definitiva, de integración de las infraestructuras ferroviarias en ésta”, dice sobre una de las alegaciones esta sentencia.
Tampoco hay irregularidades en cuanto a la intervención de Distrito Castellana Norte, hoy Crea Madrid, en los acuerdos alcanzados con Adif y el Ayuntamiento de Madrid. “No podemos deducir la existencia de desviación de poder o de actuación arbitraria en la aprobación de la modificación, porque basta con acudir a los antecedentes de planeamiento para advertir las razones de la necesaria y obligada colaboración de las administraciones en la ejecución y desarrollo del nuevo ámbito urbanístico, que no queda desdibujado por la integración de la empresa privada en la ejecución definitiva del mismo”.