El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da diez días al Gobierno de Cristina Cifuentes para que explique por qué negó a la oposición durante meses documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo. Según la notificación remitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo con fecha 14 de febrero, la Comunidad de Madrid ha dejado pasar el plazo ordinario para facilitar un “expediente administrativo” con esta información, lo que ha obligado a la justicia a reclamárselo de nuevo.
Fuentes del Gobierno regional aseguran que “se está preparando la documentación y se remitirá en los próximos días”. De ello se ha encargado, según las mismas fuentes, la Dirección General de Relaciones con la Asamblea de Madrid.
El reclamo del TSJM responde a un recurso presentado por Podemos en noviembre y que versa sobre la negativa del Gobierno regional a facilitar a la oposición las actas del Canal y otros documentos. Sin que la Comunidad de Madrid aporte la información que se le pide, Podemos no puede avanzar en esta vía. Dos meses después de abrirse, el Gobierno empezó a entregar la documentación una vez que un juez resolvió que no tenía nada que decir en ese proceso, pese a que estaba dentro del caso Lezo.
A finales de enero hubo un nuevo pronunciamiento judicial de la Audiencia Nacional –en respuesta a una consulta del Gobierno– que resolvía que el Poder Judicial no está facultado para entregar a esta información a la oposición. El Ejecutivo interpretó el auto del juez del caso Lezo comocomo victoria política que respaldaba su postura e incluso pidió a los diputados que devolvieran los documentos. El propio hermano de Pablo González esgrimió ese escrito en la comisión que investiga la corrupción para no contestar a las preguntas de los grupos. Fuentes del Gobierno regional concretan que este auto forma del glosario de documentos que va a remitir al TSJM.
La oposición abrió en noviembre la vía administrativa porque contaba con algunos precedentes favorables. En Valencia, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó en un caso similar que el secreto de sumario afecta a “documentos que forman parte del propio sumario y sólo de él”, y en ningún caso puede aplicarse sobre documentación que ya existía antes de iniciar la investigación y cuya “naturaleza pública es previa”.
El Supremo validó esta conclusión al asegurar que el secreto de sumario “no es razón que justifique la negativa a facilitar datos de unos contratos administrativos que nada dicen del proceso penal pues son previos a él y, ciertamente, no tienen por sí mismos carácter secreto, sino todo lo contrario”. Para el alto tribunal la existencia de un proceso penal no es “obstáculo para que las asambleas legislativas controlen la acción del Gobierno”.
Con esas sentencias en la mano, Podemos busca que el TSJM les de la razón. Tanto ellos como el PSOE quieren también que la Audiencia Nacional se pronuncie a su favor, en lo que supone más una victoria política porque la oposición recibió la mayoría de los documentos del Canal cuando eldiario.es desveló que la Comunidad de Madrid tenía desde agosto autorización judicial para entregarlas. No lo hizo hasta enero.
Podemos ha presentado un recurso de reforma para que el juez aclare el auto en el que decía que él no podía entregar las actas, y el PSOE pidió al magistrado algo más de tiempo para recabar argumentos antes de recurrir. Al igual que en la vía administrativa abierta en el TSJM, la resolución supondrá una victoria política para quien consiga que la justicia le de la razón en un caso que lleva meses enfrentando a Cifuentes con la oposición.