El juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha archivado la causa penal abierta contra el Gobierno municipal de Ana Botella por la venta de vivienda sociales a fondos buitre, confirman a eldiario.es fuentes municipales. El archivo llega menos de un mes después de la sentencia del Tribunal de Cuentas que condenó a Botella y su Ejecutivo a pagar 25,7 millones de euros por esta misma venta.
Botella y su equipo de Gobierno vendieron, en 2013, 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, según determinó el Tribunal de Cuentas. Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran a este diario que recurrirán el archivo penal acordado este miércoles.
El proceso penal que este miércoles se ha archivado lo iniciaron las asociaciones de afectados y el PSOE, y se adhirió posteriormente el Ayuntamiento de Madrid. El juez considera que “no existen elementos suficientes que permitan la continuación del procedimiento”.
El Juzgado de Instrucción asegura que la operación se realizó para “solventar la angustiosa situación económica” en la que se encontraba la EMVS. A diferencia de lo que consideró el Tribunal de Cuentas, el magistrado considera que “se llevó un proceso que con todas sus irregularidades formales, menores, respetó esencialmente los principios de publicidad, libre acceso y competencia adjudicando finalmente lo ofertado al grupo o empresa cuyas condiciones se consideraron, razonadamente, más ventajosas”.
Por el contrario, el Tribunal de Cuentas también se pronunció sobre este aspecto y concluyó que la venta “se articuló sin la elaboración de los oportunos pliegos administrativos, sin la preceptiva publicidad y concurrencia y, sobre todo, sin la previa fijación de un precio inicial de referencia basado en una tasación o en un estudio previo adecuado sobre el valor de los inmuebles enajenados”.
Archivo de la causa penal de las viviendas del IVIMA
Hace apenas doce días se producía otro archivo por otra causa penal contra venta de vivienda social. El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid acordó el sobreseimiento provisional de la causa por presunta prevaricación y malversación en la venta de casi 3.000 viviendas del IVIMA en agosto de 2013, con Ignacio González de presidente de la Comunidad de Madrid, al fondo de inversión Goldman Sachs. La investigación mantenía imputados desde 2016 a los directores del Instituto de la Vivienda de Madrid de esa época, Ana Gomendio y Juan Van-Halen.
En un auto, el tribunal estableció que la tasación pericial practicada en este procedimiento “permite sostener que con la venta no se produjo un perjuicio patrimonial al IVIMA, dado que el limitado margen porcentual entre el precio de la adjudicación y la tasación (un 3,62%)”.