La justicia está investigando a seis policías nacionales –cinco agentes y un mando que ordenó– acusados de delitos de lesiones en las cargas policiales que se produjeron en un desalojo el pasado mes de enero. La causa se ha abierto a raíz de la denuncia de una decena de activistas que intentaban frenar pacíficamente el desahucio de una familia con tres menores en Alcalá de Henares y que terminó paralizándose tras una negociación con la comisión judicial in situ. Antes, sin embargo, se produjeron cargas y el día se saldó, además, con tres activistas detenidos que fueron puestos en libertad unas horas después sin cargos.
Los denunciantes, entre los que se encuentran dos de los detenidos, aseguran que los policías “emplearon una fuerza y violencia desmedidas contra los civiles concentrados en el portal. Tiraron al suelo, golpearon, zarandearon, tiraron del pelo usando una fuerza bruta excesiva y fuera de contexto”, según la denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, que se acompaña de los informes médicos de los activistas. Estos documentos recogen, entre otras lesiones, un “traumatismo craneal sin pérdida de conocimiento”, “policontusiones”, “eritemas y erosiones” en varias zonas del cuerpo (cuello, pómulo, rodillas) y “crisis de ansiedad”.
El proceso penal por “posible delito de lesiones” –castigado con penas de prisión de entre tres meses y tres años o multas– se encuentra en fase de instrucción en el juzgado número 3 de Alcalá de Henares. La jueza tomó declaración a los diez denunciantes el 23 de noviembre y el siguiente paso es que acudan los policías denunciados: cinco agentes y el jefe del operativo.
Reabierta la causa por “nuevos elementos”
La causa se inició por una denuncia individual de uno de los activistas que terminó archivándose. Dos meses después se presentó una conjunta, firmada por diez personas, que la ha reabierto. Por “la aportación a la causa de nuevos elementos, que desvirtúan los motivos que determinaron el sobreseimiento, procede dejarlo sin efecto para acordar la práctica de las diligencias encaminadas a la determinación de la naturaleza del hecho presuntamente delictivo”, dice el auto de la jueza Begoña López Anguita, fechado en 26 de octubre.
Los activistas, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), hacen un relato coincidente sobre el momento en que se iniciaron las cargas. Remedios, la madre de la familia que iba a ser desalojada por ocupación ilegal de un piso, empezó a encontrarse mal por la tensión de la situación y llamó al Summa. Una vez llegaron los servicios de emergencias, la policía intentó subir junto a los médicos al piso, contaron los denunciantes ante la jueza, como queda recogido en las declaraciones a las que ha accedido este medio. Entonces, los activistas dijeron que no podían hacerlo porque aún no estaba presente ninguna representación del juzgado que ordenaba el desalojo.
“Si queréis lo hacemos por las buenas, os quitáis del portal ahora y listo. Si no, lo hacemos por las malas y llamamos a Madrid (entendemos que se referían a llamar a la UIP)”, recoge la denuncia como palabras atribuibles a los agentes. Algunos denunciantes también contaron en su declaración que la policía impidió que tomaran imágenes y confiscó las que recogió un medio local (Mira Corredor) y explicaron cómo identificaron a los policías. Algunos, dijeron, no llevaban placas y otro compañero de la PAH testigo de lo ocurrido les pidió la identificación.
“Todo ocurrió antes de que llegara la comisión”
Finalmente el desahucio se paró tras la negociación con la comisión judicial. Fue después de las cargas, según todos los denunciantes. “Todo ocurrió antes de que llegara la comisión”, queda recogido en una declaración. “Los abogados subieron a hablar con Remedios para comentarle los hechos y mientras eso se produce la policía dio una orden” para comenzar a actuar, dijo ante la jueza otra denunciante. Algunos de los activistas contaron en sede judicial que estaban dentro del portal y otros fuera en ese momento, “reunidos de forma absolutamente pacífica”. Había varias decenas de personas, coinciden, y primero unas cuantas patrullas, a las que luego se sumó algún furgón, según las declaraciones.
Varios denunciantes refieren que desde que se produjo el episodio de violencia han tenido dificultades para dormir o incluso se encuentran en tratamiento. Entre las agresiones, relatan empujones que los precipitaron al suelo o contra coches y puñetazos. También ser arrastrados por el suelo o cogidos por el cuello. A una de las personas se le rompieron como consecuencia las gafas y a otra se le cayeron los audífonos, según la denuncia.
La Jefatura Superior de la Policía de Madrid comunicó ese mismo día que siete de sus agentes habían resultado heridos leves. El Summa atendió in situ a seis personas por contusiones, entre ellas un agente, según informó Emergencias 112. En la causa están incluidos los informes que resultaron de dicha atención, además de otros firmados por médicos de la Casa de Socorro del municipio en el mismo día o posteriores.