El miércoles, 2 de junio de 2021, estaba prohibido desahuciar a personas vulnerables en España. Ese día dos personas “de una gran corpulencia, altura y musculadas” acudieron a un edificio de Madrid y amenazaron a una mujer para que ella y su familia abandonaran lo antes posible la casa que estaban ocupando, o habría consecuencias. Ella, su marido y su hija dejaron el inmueble tres semanas después tras llegar a un acuerdo con la empresa Bastión Desokupación y los dos hombres “corpulentos, altos y musculados” que trabajaban para ella han sido condenados en firme por un delito de coacciones leves. Porque, según la Justicia, con su hostigamiento “actuaron por la vía de hecho para conseguir el desalojo del inmueble, quebrantando la voluntad de la moradora mediante el empleo de intimidación”.
Son unos hechos declarados probados en firme por los tribunales madrileños que contrastan con la proyección pública de estas empresas, que empezaron a proliferar hace menos de un lustro en nuestro país. Empresas como la Desokupa de Daniel Esteve que se presentan como capaces de desalojar a gente que ocupa una vivienda de manera ilegal más rápido que un juez, con menos papeleo y sin cruzar en ningún momento las líneas rojas del Código Penal. Unas empresas especializadas que han crecido en España al calor del debate público y la alarma en torno al fenómeno de la okupación ilegal de inmuebles, cuya incidencia en la vida de los afectados es enorme, pero su dimensión mediática no se corresponde con los datos oficiales.
En sus páginas web, estas empresas venden sus servicios de intermediarios pacíficos y legales para solucionar estas situaciones que, afirman, son muy frecuentes. Sus propios canales de comunicación se ven amplificados cuando los medios de comunicación serializan y emiten en directo estas desocupaciones, pero sin especificar detalles que sí examinaría un juez: si es el allanamiento de una vivienda habitual, si es la usurpación de un piso vacío propiedad de un banco o un fondo, si los ocupantes están en situación de exclusión social o si, en realidad, se está intentando expulsar a alguien que tiene título habilitante de algún tipo para vivir ahí.
Bastión Desokupación, la empresa cuyos dos empleados acaban de ser condenados en firme por un delito leve de coacciones cometido contra una familia con una niña pequeña en Madrid, lo explica en su página. “Nunca se viola ningún derecho y por supuesto ninguna ley”, afirman. Buscan, según su página oficial, “la resolución amistosa de la controversia” y la “evitación” de un proceso judicial.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid revelada el pasado fin de semana por elDiario.es, dictada el pasado mes de mayo y firme desde ese momento, dibuja un escenario distinto. En la mañana del miércoles 2 de junio de 2021 dos trabajadores de Bastión Desokupación –empresa a la que la sentencia se refiere como Bastión Desokupa– acudieron a una casa donde una mujer vivía con su pareja y su hija pequeña e instaron a la mujer a dejar el inmueble ya que vivía allí sin ningún derecho. Le dieron 20 días y, si no accedía, instalarían un “control de 24 horas en la puerta para que no pudiera entrar”. Volvieron por la tarde para repetir lo mismo. En su recurso ellos reconocieron el episodio pero alegaron que no hubo ningún tipo de intimidación por su parte.
La Justicia no refleja quién contrató a esta empresa de desocupación, si un particular, una inmobiliaria o un fondo de inversión. Pero sí refleja que consiguieron su objetivo: 26 días después la mujer firmaba un acuerdo con la empresa, aceptaba 1.200 euros y se marchaba de allí con su familia. Pero no lo hizo por decisión propia: actuó “como consecuencia del temor” que le habían causado los dos trabajadores de Bastión Desokupación. El temor a “no volver a entrar en su vivienda si la abandonaba”, el mismo temor que le había llevado a pedir a una vecina que llevara a su hija al colegio para no dejar la casa sola en ningún momento.
Según ha sabido elDiario.es, la actuación de estos dos trabajadores de la empresa de desocupación ha sido considerada como un delito leve de coacciones por parte de la Justicia. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la multa de 90 euros que un juzgado de la Plaza de Castilla impuso a ambos, en una resolución que especifica que no puede ser recurrida. La condena, firme, señala que las coacciones tenían por objetivo echar a esta familia de la casa y que la corpulencia de los dos condenados fue utilizada para atemorizar a la mujer. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que por el momento no ha contestado al ofrecimiento para dar su versión de los hechos.
La resolución es clara en sus hechos probados. “Son personas de una gran corpulencia, altura y tremendamente musculadas”, destaca el relato. Y confirma en sus argumentos que esto fue un arma para conseguir lo que buscaban. Lo que hicieron, dice la Justicia, “solo puede calificarse como una actuación intimidatoria” y destaca como “extremo relevante” el “aspecto físico” de los dos condenados, lo que “también contribuyó a la alarma o preocupación generada en la víctima, afectando a su libertad de obrar”.
Lo que buscaban los dos trabajadores de Bastión Desokupación era “quebrantarle su sosiego personal y limitar su conducta, con la finalidad de condicionar su comportamiento y obligarle a abandonar la vivienda, una presión claramente dirigida a constreñir la libertad” de la mujer y su familia. Los dos condenados, empleados de esta empresa, buscaban según la sentencia lo contrario a un desahucio tutelado por la Justicia: “Actuaron por la vía de hecho para conseguir el desalojo del inmueble, quebrantando la voluntad de la moradora mediante el empleo de intimidación”.
Las cifras y los medios
Las empresas especializadas en la autodenominada “desokupación” han crecido en España al calor del debate público y la alarma en torno al fenómeno de la okupación ilegal de inmuebles, generalmente exponiendo casos fáciles de titular: familias que pierden sus casas a manos de okupas que, a veces, aprovechan su buena voluntad o directamente que se han ido de vacaciones. No incluyen en el catálogo mediático casos menos atractivos, como cuando usan sus métodos agresivos para, por ejemplo, expulsar a una familia que habita una casa vacía propiedad de un fondo de inversión.
Otros casos demuestran que, en ocasiones, debajo de esa retransmisión en directo de operativos casi militares en torno a casas de Madrid o Barcelona hay más de lo que vende la empresa de desocupación. Un intento de desalojo especialmente sonado fue el de una joven acusada de ocupar la casa de una anciana en el centro de Madrid de la cual cuidaba. Así lo expuso Desokupa y así lo reflejaron los medios de comunicación, pero tal y como reflejó el diario El País la situación era distinta.
La Policía ya había informado a la empresa de que esta joven no era una okupa, sino una estudiante extranjera que había pagado un alquiler mensual a la anciana por una habitación que, en teoría, no podía subarrendar al ser una inquilina de renta antigua que lo tenía expresamente prohibido en su contrato.
Partidos políticos como el PP o Vox hacen bandera electoral de un fenómeno que, según los datos oficiales, no tiene esa pretendida incidencia global aunque sí pueda suponer un quebranto enorme a quien lo padece. En 2018, en España, por ejemplo, hubo 285 condenas por allanamiento de morada, casos en los que la vivienda ya estaba ocupada por su legítimo propietario. Son más los casos de viviendas vacías ocupadas ilegalmente, con más de 6.000 condenas en ese mismo año. Viviendas cuyo propietario es un banco o un fondo de inversión, por ejemplo.
Esta sentencia que revela elDiario.es, demuestra que, en este caso concreto, el papel de la empresa Bastión Desokupación y sus trabajadores no fue de mera mediación sino, en palabras de los jueces, de intimidación delictiva. En este caso, según declara probado en firme la Justicia, lo que hicieron sus trabajadores fue intimidar a una mujer, amenazando con echar a su familia a la calle para que aceptara el acuerdo que ofrecían, aunque no quede escrito por encargo de quién. Una “acción intimidatoria” y una “actuación por la vía de hecho” para que el inmueble fuera recuperado.
Esta es la primera actuación punible de trabajadores de Bastión Desokupación, pero no es la primera que denuncian en público personas que han recibido su visita por encargo de un propietario que les ha contratado. Tal y como explicó El País hace un año, la empresa del sector inmobiliario Clikalia contrató a esta empresa para echar a gente y perpetrar la compraventa exprés de las casas tras adquirirla a un banco. Los afectados relataron al rotativo amenazas y coacciones para abandonar sus domicilios.
La resolución revelada el pasado fin de semana por elDiario.es proyecta dudas legales sobre los métodos que utilizan algunas de estas empresas para recuperar pisos, aunque lo ciñen a un posible delito leve de coacciones si la situación no pasa del aviso y la intimidación, penado con multa. Pero proscribe claramente el modus operandi del que presumen muchas de ellas: amenazar a los ocupantes con quedarse en la calle y sufrir consecuencias como una vigilancia de 24 horas al día si no aceptan sus condiciones, en ocasiones también introduciendo perros en el edificio, golpeando las puertas y gritando, como ha quedado documentado en casos de diferentes empresas del sector.
La línea que separa estas actuaciones de la ilegalidad es, en ocasiones, muy fina y depende de factores tan poco probables como que alguien que ocupa una casa ilegalmente denuncie este tipo de situaciones o haya documentado alguna de ellas. Las amenazas que documenta la sentencia revelada por elDiario.es no suelen tener lugar, en cualquier caso, cuando hay cámaras delante.