De la tregua a la guerra total en los tribunales. El PP ha pasado en tres días de aparentar una voluntad de diálogo con el Ayuntamiento de Madrid sobre Madrid Central a recurrirlo ante la justicia. La ofensiva, además, se ha rematado con una carta del presidente de la Comunidad de Madrid a la alcaldesa, Manuela Carmena, en la que amenaza también con recurrir el nuevo protocolo anticontaminación si el Ayuntamiento no lo declara nulo en el próximo mes.
El clima de paz del pasado viernes tras la reunión bilateral entre administraciones ha pasado a la historia. De hecho, tanto el partido en Madrid como el Gobierno reprochan la actitud conciliadora de la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, que rebajó la bronca comprometiéndose a una comisión técnica conjunta para coordinar un plan de movilidad ante las restricciones parciales al tráfico privado que incluye Madrid Central. Fuentes municipales consultadas aseguran que encontraron en la consejera de Transportes “mucha disposición a llegar a un acuerdo”, pese a que a priori veían difícil el entendimiento.
En el PP se declaran “sorprendidos” y consideran que Gonzalo se “equivocó” porque “Garrido llevaba otro tono desde el martes”. El propio presidente, Ángel Garrido, ha señalado públicamente el error de la consejera: “Se pudieron malinterpretar las palabras y a veces no todos estamos especialmente felices a la hora de expresarnos”, ha dicho este martes en la Puerta del Sol, donde ha reafirmado que el “proyecto debe paralizarse sine die”.
Las nuevas acciones del PP contra la política de movilidad del Ayuntamiento, por tanto, se han canalizado por una doble vía: por un lado, el grupo municipal popular ha recurrido ante el contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el acuerdo plenario del 5 de octubre en el que se propuso la aprobación de la ordenanza de movilidad sostenible que incluye Madrid Central. El recurso pide la suspensión de la ordenanza, que también reduce la velocidad de circulación y regula el tráfico de los patinetes eléctricos, como medida cautelar.
El PP sostiene que su implantación, con Madrid Central incluido, tendrá “una indudable repercusión presupuestaria” que no se ha medido ni plasmado en ninguna memoria económica, según los argumentos plasmados en el recurso al que ha tenido acceso eldiario.es. Ponen como ejemplo la instalación de un “sistema de paneles a la entrada del Área Central de Cero Emisiones”, con un presupuesto de un millón de euros.
El concejal-presidente del distrito Centro y también delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Jorge García Castaño, ha asegurado a eldiario.es que la dotación presupuestaria y la memoria económica para Madrid Central se ha aprobado este lunes junto al decreto que establece su entrada en vigor el próximo 30 de noviembre. El Gobierno local se ha encontrado durante la rueda de prensa para informar de la aprobación del decreto, un día que Sabanés ha calificado de “histórico”, con la noticia del recurso presentado en el TSJM, anunciada por el portavoz municipal José Luis Martínez Almeida. Para Castaño, el recurso “tiene poco recorrido”.
La otra vía de presión sobre las políticas anticontaminación ataca directamente al nuevo protocolo del Ayuntamiento que entró en vigor el pasado 8 de octubre y que endurece las medidas ante altos episodios de polución. La Comunidad de Madrid ha dado, a través de una carta firmada por el presidente y remitida este lunes a la alcaldesa, un ultimátum de un mes al Ayuntamiento para anular el protocolo. De lo contrario, el Gobierno regional amenaza con acudir también a los tribunales para pararlo. El equipo de Ángel Garrido alega que el Gobierno municipal ha “incumplido la prescripción legal” que exigía la presentación del protocolo en la Sección de Calidad del Aire de la Consejería de Medio Ambiente antes de su aprobación definitiva.
La delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, ha desmentido que el Ayuntamiento se saltara este paso y en el propio Gobierno regional admiten que no fue así. La propuesta de protocolo se presentó el pasado 3 de septiembre pero, según recoge El Mundo, “no había tomado en consideración las alegaciones formuladas en el periodo de información pública”, entre las que están las que presentó el Ejecutivo regional. Por este motivo, según el mismo periódico, el Gobierno envió un escrito a Cibeles para que aportara “una versión” con posibles modificaciones incorporadas tras recibir todas las alegaciones.
Ante las amenazas del Gobierno de Garrido y el recurso presentado por el PP municipal, Sabanés ha anunciado que si continúa “la escalada de acoso” por parte de la formación y la administración regional pedirá amparo ante la Comisión Europea por el intento de “intromisión de su autonomía local”. Como ha recordado la edil, el Ayuntamiento recibió una carta de la Comisión advirtiendo de que las medidas que Madrid había puesto en marcha hasta la fecha para reducir la contaminación “eran insuficientes”. España incumple desde 2010 los niveles máximos permitidos de polución y se enfrentaba a sanciones de más de dos mil millones de euros.
Las medidas presentadas por Madrid y Barcelona convencieron a Bruselas, y España se ha librado por el momento de la sanción económica y de los tribunales comunitarios, a diferencia de seis países, entre los que se encuentran Francia y Alemania. “Si alguien torpedea esto, será que está dispuesto a asumir el coste de las sanciones”, ha reprochado la concejala.
Sabanés entiende que de seguir la ofensiva del PP, que ha calificado de “electoralista”, tanto la Comisión Europea como el Gobierno central, que ha esquivado la multa de Bruselas, deben pronunciarse.
Los ultimatums del PP, recurriendo incluso a la justicia, han coincidido este lunes con la presentación del último informe de calidad del aire de la Agencia Europea de Medio Ambiente. “La contaminación es el mayor riesgo mediombiental para la salud”, ha asegurado el órgano comunitario que ha cuantificado que más de 400.000 personas mueren de forma prematuramente en Europa por la polución del aire que respiran.
Sin avances en la comisión urgente
El aumento de las tensiones a cuenta de Madrid Central mantiene por el momento paralizada la comisión técnica urgente que acordó el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid este viernes. Fuentes municipales aseguran que han remitido una propuesta por escrito para que el grupo de trabajo eche a andar este martes, sin obtener por el momento respuesta. “Ya se ha enviado también el listado de componentes” que aporta el Consistorio, según las mismas fuentes.
El Ayuntamiento asegura que está a la espera de que la Comunidad fije una fecha para remitirle el expediente de Madrid Central porque así se acordó en la Junta de Gobierno de la comisión. A su vez, el Gobierno regional debe enviar “los estudios que dice que tienen al respecto”, añaden estas mismas fuentes municipales.
Desde la Consejería de Transportes solo confirman que, de momento, “la comisión no se ha constituido”. El Gobierno regional, por tanto, no tiene aún entre sus manos el expediente completo de Madrid central que llevan semanas reclamando sin éxito. El pasado viernes, la delegada de Medio Ambiente entregó a la consejera un dossier de diez folios que fue criticado por escaso por el Gobierno regional cuando tuvo que salir a matizar a la consejera.
El objeto de la comisión es, según acordaron las administraciones, “identificar las necesidades y todo lo que pueda afectar en el despegue de Madrid Central”. La consejera de Transportes aseguró el viernes que el grupo de trabajo implica “empezar a trabajar de cero técnicamente y hacerlo de forma intensa”, unas declaraciones que no comparten su propio jefe, el presidente del Gobierno, y su partido, el PP de Madrid. “El objetivo de la reunión del viernes era que nos aportaran la documentación”, remacha una dirigente del partido.
El desarrollo de los acontecimientos de los próximos días desvelarán si la comisión del diálogo sobrevive a la ofensiva o se muere antes de empezar.