Las personas atendidas por servicios sociales en la región de Madrid viven con una “cobertura de riesgo” por el “desequilibrio entre la cobertura de servicios y prestaciones, la falta de fundamento jurídico y la carencia de planificación pública”. Lo dice el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que lleva años midiendo a través de un índice (DEC) el nivel de desarrollo de estos servicios en todas las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid solo suma 3,5 puntos de 10 en la escala del índice, una cifra que ha caído tres décimas respecto a 2015. Es la región que más desciende, solo por detrás de Cantabria, que baja cinco puntos pero sobre un índice más elevado (de 5,15 a 4,6). Y se encuentra muy por debajo de la media nacional, situada en los 5,08 puntos.
La región en su conjunto, teniendo en cuenta los servicios prestados por el gobierno de Cristina Cifuentes y por todos los ayuntamientos, gasta 309 euros en servicios sociales por habitante y año frente a los 339 de media en el conjunto de las comunidades. Lo que representa este gasto sobre el PIB regional es tres veces inferior en Madrid (0,94%) que en Extremadura, por ejemplo.
En el siguiente mapa puede verse cuál es la situación de los servicios sociales comunidad a comunidad. Canarias, Comunitat Valenciana y Murcia continúan con un índice inferior que Madrid, pero muestran evoluciones positivas:
“No solamente hablamos de las comunidades autónomas, sino de los ayuntamientos. En un ranking reciente sobre prestaciones sociales en administraciones municipales nos encontramos que el Ayuntamiento de Madrid tiene un gasto importante pero hay otros muy pobres”, explica Gustavo García, coordinador del informe.
Solo cuatro comunidades van a peor
En el mapa global, son cuatro comunidades –Madrid, Euskadi, Asturias y Cantabria– han deteriorado sus servicios sociales en los dos últimos años en una dirección inversa a la tendencia general a la recuperación en casi todas las variables que mide el índice: gasto consolidado por habitante y año, porcentaje del gasto respecto al PIB regional, cobertura de la dependencia, cobertura y cuantía de la Renta Mínima de Inserción, plazas residenciales públicas para mayores de 65 años, ayuda a domicilio, atención a la infancia, a las víctimas de violencia de género, a las personas con discapacidad y a las que no tienen hogar.
Sobre algunos de estos servicios, las administración regional y las municipales de Madrid no han aportado los datos solicitados, como remarca el informe, que no ha podido medir, por ejemplo, la evolución en las plantillas de trabajadores sociales públicos o las plazas en centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.
Sí se han podido analizar el porcentaje de beneficiarios del Sistema de Atención a la Dependencia sobre el total de la población potencialmente dependiente (un 8,4% frente al 8,5% de media) o la cobertura de la Renta Mínima de Inserción, que llega a una mayor proporción de la población que en el conjunto de todas las comunidades. Sin embargo, la cuantía es menor en relación con la renta media, según el informe publicado este miércoles.
No obstante, algunos datos hay que tomarlos en contexto porque no están actualizados más allá de 2015: concretamente el 20% de las cifras utilizadas para ponderar el índice DEC. El 37% de los datos corresponden a 2017 y el 34% a 2016.
La Consejería de Políticas Sociales, responsable de algunos de estos servicios, defiende que “algunos datos están desactualizados” y argumentan que la Comunidad de Madrid destina 9 de cada 10 euros de su presupuesto de 2018 a “políticas sociales”. “El presupuesto dedicado a Renta Mínima de Inserción ha aumentado de 93 millones a 168 para 2018 y se atiende a 6.000 familias más, además se han reducido los tiempos de espera”, explican fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, que remarcan que hoy atienden a 115.000 personas dependientes frente a las 88.000 de 2015.
Residencias y ayuda a domicilio
En número de plazas residenciales públicas para mayores de 65 años, Madrid también está peor en “índice de cobertura” que la media, según el informe. Las polémicas sobre la atención en los centros de la red pública han sido constantes en los últimos meses y se han saldado con dos residencias (Arganda del Rey y Alcorcón) investigadas por la justicia. El Gobierno regional presentó un plan en octubre que admitía que estos centros, salpicados por accidentes mortales de internos, precisaban “actuaciones inmediata” y que preveía la contratación de 1.000 trabajadores para la red pública. Aunque dos meses después intentó cerrar uno de los 25 centros de gestión enteramente pública que quedan.
La “intensidad” de la ayuda a domicilio es, de igual modo, menor que la media. Este servicio, cuya gestión está en el aire porque ninguna empresa se ha presentado al concurso de la Comunidad de Madrid para llevarlo por el bajo presupuesto, comprende pocas horas mensuales pero alcanza a un porcentaje de usuarios en consonancia con la media estatal.
“Falta de coordinación entre administraciones”
El estudio también alerta de la “falta de coordinación entre administraciones” en el territorio madrileño. “Conocemos que está tomando decisiones en contra de la eficiencia de gasto público. Está demostrado que lo bueno viene de la buena coordinación entre ayuntamientos y comunidad: se hacen mejores cosas con menos recursos”, sostiene el coordinador del informe Gustavo García en referencia a la decisión de la Comunidad de Madrid de hacer depender por primera vez del gobierno regional la valoración de los dependientes de grado I, que hasta ahora era competencia de los ayuntamientos.
La Consejería de Políticas Sociales defiende esta medida como una forma de homogeneizar criterios. “Aunque sus criterios eran objetivos, cada municipio valoraba de una manera. Con esto va a dejar de pasar y al depender de la Comunidad de Madrid permite que se liberen trabajadores sociales para hacer otras labores de atención primaria”.
Para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, las previsiones para la región en mejora de servicios sociales no son muy halagüeñas. “No tenemos indicios de la vaya a ir a mejor mientras sí nos pasa con que iban peor en el ranking (Canarias y Comunitat Valenciana)”, concluye García.
Por el momento, recuerda el informe, en la región de Madrid continúa sin haber una ley de servicios sociales “que reconozca nuevos derechos subjetivos y establezca la obligatoriedad de concretarlos en una cartera o catálogo”.