El Gobierno de Ayuso promete 60 viviendas sociales sobre el centro okupa de Vallecas desalojado

Los 3.935 metros cuadrados que abarca el hasta ahora centro social okupado de La Atalaya servirán para levantar 60 nuevas vivienda sociales que se entregarán “a familias vulnerables” en Puente de Vallecas. Es el anuncio que hace este martes la Comunidad de Madrid, coincidiendo con el desalojo policial de este antiguo colegio, que se ha producido por la mañana.

El Gobierno de Ayuso promete destinar unos 65 metros cuadrados a cada piso y entre uno o tres dormitorios por cada uno de ellos, a los que se sumarán cocina, salón baño, plaza de garaje y trastero, además de un sistema de calefacción y climatización. De la construcción se encargará la Agencia de Vivienda Social (AVS), un organismo adscrito al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los 60 pisos se sumarán a los 1.600 que esta misma entidad quiere levantar antes de que acabe la legislatura. La inversión, calculan desde Sol, podría rondar los 12 millones de euros.

El desalojo policial ha tenido lugar entre denuncias de los ocupantes porque, según ellos, tuvo lugar sin preaviso y sin notificación judicial. Fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructura y Vivienda del Gobierno regional y la Policía Nacional aseguran que el desahucio se ha producido con respaldo de los juzgados, aunque se desconoce qué orden ha sido la que desencadenó los acontecimientos.

El inmueble se sitúa en el número dos de la calle Puerto Milagro, y desde 2014 ha acogido múltiples actividades organizadas por los ocupantes que, en la última década, han ido alojándose en su seno. Esta tarde hay convocada una protesta de urgencia frente a la Asamblea de Vallecas, donde se concentra el poder político regional y se celebran los plenos autonómicos.

La operación policial para desalojar el centro se desarrolló a primera hora de la mañana, cuando varias unidades como la UIP (Unidad de Intervención Policial) o las comisarías de distrito accedieron al lugar tras recibir una orden judicial. La continuidad del movimiento okupa en su interior ya estaba en entredicho, pues previamente se había anunciado la intención del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de rehabilitar el espacio que rodea al parque que hay junto al inmueble, lo que les permitiría construir un itinerario peatonal entre miradores.

Por aquel entonces, ya desde el CSO (Centro Social Ocupado) se especuló con que podía ser una jugada urbanística para justificar un desalojo. No obstante la Comunidad, propietaria de la infraestructura a través del Ivima, el Instituto de Vivienda de Madrid, ya explicó a Somos Madrid que se trataba de un paso “lógico” teniendo en cuenta que el centro “llevaba décadas ocupado” y lejos del control de sus dueños sobre el papel, que son los responsables autonómicos.