En plena explosión de la crisis social que ha dejado el coronavirus, el Ayuntamiento de Madrid ultima la creación de una tarjeta para que las familias que reciben ayudas para comer puedan acudir de forma autónoma a los establecimientos a hacer la compra. El área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, dirigida por Pepe Aniorte (Ciudadanos), pretende poner en funcionamiento la medida en dos semanas, confirman fuentes municipales. La iniciativa formará parte del pacto de reconstrucción que se negocia desde hace semanas en el Ayuntamiento: este lunes ha pasado por la mesa social y ha recibido el respaldo de todos los grupos. Se trata de uno de los primeros acuerdos cerrados, aunque aún debe formalizarse.
Era un punto fácil, admiten varios grupos municipales. Fue una de las primeras propuestas de Más Madrid para combatir la “estigmatización” en la emergencia social y el PSOE también la ha defendido. Además, estaba incluida en el programa electoral de Ciudadanos como herramienta “para mejorar la gestión de las ayudas económicas de alimentación, ropa y material escolar”. Vox no ha puesto oposición en este punto. Fuentes del área de Familias explican que el plan era aprobar este mecanismo el año que viene pero la crisis ha acelerado el calendario. Hasta ahora, el Ayuntamiento no había puesto en marcha ningún contrato integral para hacer frente a la emergencia social de forma trasversal en todos los distritos.
La medida llega en un momento de necesidad sin precedentes. Los Servicios Sociales están desbordados y las redes de apoyo vecinal surgidas al calor de la crisis denuncian que el Ayuntamiento deja desatendidas a una parte de las familias porque no hay ni plantilla ni recursos suficientes. Estas personas recalan en las despensas solidarias de los barrios, a veces en una búsqueda desesperada de soluciones; otras, derivadas por el propio Consistorio, que admite que recomienda acudir a los bancos solidarios cuando la situación “es muy acuciante”. Hasta que se tramitan las ayudas.
Es común el relato de personas que aseguran que han contactado con el 010- teléfono de atención general del Consistorio- para pedir una ayuda alimentaria y que esperan una llamada de Servicios Sociales. En Villaverde Alto, varias personas han recibido citaciones para 2021, según la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que se ha reunido este lunes con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. En el encuentro, el regidor ha confirmado que están ultimando un contrato con distribuidoras de alimentos para poner en marcha la tarjeta monedero. “Se ha mostrado como una solución al desborde en las ayudas a la alimentación”, señala el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, en conversación con eldiario.es. La FRAVM ha mostrado su preocupación con la compatibilidad de estas ayudas con la Renta Mínima de Inserción y con la situación de las personas sin papeles que no están empadronadas en Madrid (este último es un requisito para acceder a las ayudas).
El Ayuntamiento de Madrid ha aumentado la plantilla de trabajadoras sociales y administrativas en 264 personas durante la crisis para absorber toda la demanda. 88.000 personas reciben hoy por hoy ayudas de emergencia y otras 45.000 acuden a bancos de alimentos semanalmente para recoger cestas de comida. En las despensas, la demanda se ha duplicado respecto a marzo y a abril, mientras las donaciones empiezan a caer. Algunas redes vecinales ya se plantean acabar con los repartos o espaciarlos. Otras, comienzan a movilizarse para denunciar la falta de recursos institucionales. La semana pasada hubo una primera concentración ante la Junta de Distrito Centro.
El Consistorio se ha comprometido a que los distritos se reunirán con cada una de las despensas solidarias para conocer la situación y “coordinar” la respuesta, aunque no va a poner en marcha las mesas conjuntas que prometió el área de Familias. Y la coordinación queda al arbitrio de cada concejal presidente. En Centro, Chamberí y Fuencarral, los grupos vecinales denuncian la actitud de “oposición” por parte de los políticos a sus iniciativas. En el primer distrito, el Ayuntamiento ha decidido reconvertir un local cedido por concurso en los últimos meses de Gobierno de Manuela Carmena, la Casa del Cura, en un centro de servicios sociales sin ofrecer un espacio alternativo a los vecinos de Malasaña.
Reuniones sin actas
Al margen de este primer acuerdo de la tarjeta monedero, los grupos de trabajo montados alrededor del pacto de reconstrucción afrontan su última semana de trabajo. El Ayuntamiento de Madrid pretende convocar un pleno el próximo 7 de julio para aprobar la propuesta definitiva, lo que retrasaría unos días más el acuerdo. El diálogo se está canalizando a través de cuatro mesas sectoriales (social, de economía y empleo, de modelo de ciudad y de cultura) en las que han participado ya comparecientes de la sociedad civil.
Las reuniones se celebran a puerta cerrada -virtualmente en muchas ocasiones- y su contenido es opaco. Hasta el momento no se ha levantado acta de ninguno de estos encuentros. Más Madrid ha solicitado que, al menos, se haga tras las reuniones de las mesas sectoriales (cada una tiene, a su vez, varios grupos de trabajo). Los acuerdos de estas mesas pasan, como último trámite, por las mesas de coordinación.
Todos los grupos inciden en el buen clima de la negociación, a excepción de algunas tensiones en la mesa de Cultura, según varias fuentes consultadas. La mesa de modelo de ciudad, que incluye movilidad, también avanza a buen ritmo en acuerdos sobre transporte público o movilidad ciclista y peatonal, aunque aún tiene que debatir sobre calidad del aire y limpieza, a pocos meses de que se publiquen los nuevos pliegos de contratación de los servicios integrales.