El pasado 2 de octubre, Madrid notificó 1.005 nuevos casos de coronavirus en la región el día anterior. Solo una semana más tarde, para ese misma fecha, aparecen en las tablas oficiales de la Comunidad 2.422 positivos: más del doble. Otro ejemplo más reciente, el 9 de octubre: ese día declararon 1.428 positivos en la jornada anterior. Solo cuatro días después, este lunes, han reconocido 2.183 casos ese mismo día: un incremento del 53%.
Hay ejemplos aún más extremos. El 24 de septiembre, Madrid declaró 828 positivos. Hoy admite que ese día fueron cinco veces más: 4.324 nuevos contagios.
No son anomalías aisladas: es la norma habitual. Cada día, el Gobierno de Madrid va sumando nuevos casos en jornadas anteriores; contagios que se admiten a posteriori y que modifican la estadística de forma notable. La foto reciente nunca es completa: solo varios días después, hasta más de dos semanas, Madrid refleja en sus tablas oficiales toda la realidad.
En las últimas semanas, hay jornadas en las que Madrid no apunta en un primer momento ni la cuarta parte de los casos totales de ese día que después afloran. La foto solo está completa con retraso y los datos más recientes siempre ofrecen una imagen distorsionada, que minusvalora la pandemia.
No hay un solo día en la estadística de las últimas semanas que no esté enmendado. Siempre a posteriori, siempre para apuntar nuevos casos que en su momento no se contabilizaron.
Esta enorme dilación en los registros provoca dos cosas. La primera, que el dato del día siempre sea menos grave que la realidad. La segunda, que también se minusvalore la incidencia acumulada: ese indicador que hoy se ha convertido en el protagonista del debate político, en el enfrentamiento de la Comunidad de Madrid contra el Gobierno por el estado de alarma.
Con los casos notificados del 2 de octubre con los que arranca este artículo, ese día la incidencia acumulada era de 569 casos por 100.000 habitantes las últimas dos semanas en la Comunidad de Madrid. Con los contagios notificados una semana después –más del doble– ascendía a los 631 casos. Esa cifra todavía puede cambiar porque la Consejería de Sanidad aún seguirá sumando nuevos contagios a esa jornada, ya que lo hace hasta más de dos semanas después. La incidencia acumulada varía por tanto según el día en el que se mida.
La pelea entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño está hoy en ese indicador: la incidencia acumulada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó este martes al Ministerio de Sanidad de utilizar criterios aleatorios que buscan “aniquilar” la autonomía de la región.
En el Gobierno de Ayuso y en el PP defienden que Madrid ya está por debajo del umbral de incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes –el fijado junto a otros criterios para decretar el cierre de una ciudad– y piden el levantamiento del estado de alarma. El ministro Salvador Illa ponía, no obstante, el acento en los retrasos en la notificación de los datos que dan una foto distorsionada del virus en la región.
Y es que Ejecutivo Ayuso está aprovechando los retrasos que acumula a la hora de notificar los nuevos casos positivos de COVID-19 para hacer ver que la situación de la pandemia es mucho mejor que la real en su pelea para que el Gobierno prescinda del estado de alarma. Esta dilación provoca una caída media artificial de entre el 20 y el 30% en la incidencia acumulada de casos entre los datos recién publicados y su actualización al incorporar durante días después los positivos atrasados, como se aprecia en los listados del Ministerio de Sanidad.
Según los últimos datos, la Comunidad de Madrid ha notificado una incidencia acumulada para todo su territorio menor a 500 casos por cada 100.000 habitantes los días 7, 8 y 9 de octubre. Sin embargo, esa línea se sostiene apenas unos días a medida que van entrando los casos positivos retrasados. En la actualización del 13 de octubre, el día 7 ya ha superado ese nivel al llegar el cálculo a una incidencia de 524 positivos. Y aumentará según pasen los días porque Madrid notifica nuevos casos hasta semanas después.
Este modo de notificar los casos con retraso ni siquiera es nuevo. Desde hace meses, la Comunidad de Madrid comunica cada día un número de nuevos contagios que es bastante menor que el que certifica pasadas unas jornadas. Es decir, va incorporando durante semanas casos que corresponden a fechas anteriores a medida que va conociendo los resultados de las pruebas diagnósticas. Es lo que se llama en el decreto del estado de alarma para Madrid, “retrasos de notificación”. Los casos que se suman cada día dan como resultado la incidencia acumulada de la enfermedad en los últimos siete o 14 días. Esta actualización según se confirman contagios en los laboratorios ha sido la norma habitual durante la pandemia y algo que presentan muchas comunidades autónomas. Cosa distinta es la utilización de esos retrasos.
Esta dinámica hace que la incidencia acumulada más reciente esté sistemáticamente infravalorada respecto a lo que es la situación real de contagios en un determinado lugar. Y que, según pasan los días, se vaya conociendo cómo estaban las cosas de verdad en esa fecha determinada: porque una buena parte de los nuevos enfermos de COVID-19 eran desconocidos en ese momento, pero estaban ahí, solo faltaba que llegaran los resultados de los test y se incorporaran al total.
El ministro Salvador Illa también ponía el acento este martes en el hecho de que la Comunidad de Madrid ha disminuido significativamente el número de pruebas diagnósticas que realiza a la población. El 29 de septiembre, el Gobierno regional cambió el protocolo y dejó de hacer PCR a los contactos estrechos de casos positivos: desde ese día solo se realizan a personas convivientes, vulnerables o que tengan síntomas. Los tests han disminuido desde entonces a más de la mitad. El día que más se hicieron, el 27 de septiembre, se realizaron 24.249 PCR diarias en la última semana, frente a las 11.468 del 9 de octubre.
Todas estas circunstancias no son nuevas y eran conocidas por los responsables epidemiológicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Tanto, que las medidas aprobadas por votación en el Consejo Interterritorial de Salud del 30 de septiembre, incorporan una fórmula para paliar el problema y ofrecer una radiografía más fiel de lo que ocurre en cada localidad: la incidencia de los 14 días debe ser “medida hasta 5 días antes de la fecha de valoración”, dice el acuerdo. Es decir, si se evalúa una ciudad concreta en una fecha, debe mirarse la incidencia acumulada de cinco días antes, que habría sido actualizada –al menos parcialmente– con la incorporación de positivos confirmados durante esos cinco días.
De esta manera, se busca evitar casos como el de Madrid, que utiliza datos desactualizados que luego modifica días después para simular que la evolución de la pandemia va mejor. La guerra descarnada del Gobierno de Ayuso obvia sus propios retrasos. La ofensiva ya es total para que se levante el estado de alarma.