El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso echa el freno cuando está a punto de asumir íntegramente las competencias en el control de la pandemia. A las puertas del fin del estado de alarma, que acaba el 21 de junio, el Ejecutivo autonómico que más ha confrontado con Sanidad –incluso con un recurso en los tribunales– por no aprobar en dos ocasiones su propuesta de avanzar en la desescalada extrema las precauciones. Estira al máximo su permanencia en la fase 2 bajo el paraguas del Gobierno de Sánchez y pedirá el lunes el paso a la fase 3 para el 22 de junio, pese a que ya no es necesario y no tendrá ningún efecto.
La cercanía a la recuperación de plenas facultades de los gobiernos autonómicos ha dado un vuelco a la actitud del Gobierno de Ayuso, cuyo partido, además de ejercer una durísima oposición al Ejecutivo de Sánchez, puso palos en las ruedas desde mayo para evitar que se prorrogara el estado de alarma con críticas al confinamiento y a “los poderes extraordinarios” del Gobierno. El PP terminó votando en contra de la validación de la prórroga en el Congreso el pasado día 20. Dos semanas antes, ya se había abstenido. Ahora, la decisión es cumplir la formalidad de solicitar la fase 3 ante un posible cambio en la situación epidemiológica que pudiera variar el calendario ya aprobado de Sánchez para hacer caer el mando único a finales de la semana que viene. Algo que hoy por hoy no está contemplado.
En el escenario actual, el Ejecutivo no solo ha dejado de pisar el acelerador –algo que marcó los primeros momentos de la desescalada– sino que estudia cómo mantener restricciones propias en la etapa de nueva normalidad. Con el calendario en vigor, presentar un informe al Ministerio con las capacidades asistenciales –como ha anunciado el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero– es solo un formalismo sin consecuencias al que, no obstante, el doctor Fernando Simón dio la bienvenida. “Todo lo que sea discutir en conjunto es beneficioso”, dijo.
Ruiz Escudero quiere cumplir con el proceso preventivamente. Madrid concentra casi la mitad de los nuevos contagios confirmados cada día en España. Este viernes 74 de los 155 se localizaron en la región, según los datos de Sanidad. En la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, van a analizar “consejería a consejería” las medidas que pueden tomarse más allá del estado de alarma.
El Gobierno regional estaría facultado, por ejemplo, para mantener las limitaciones de aforo propias de la fase 3 –establecimientos, cines y teatros al 50%; terrazas al 75%– hasta la primera semana de julio, cuando comienza la operación salida en España. También prevé mantener controles en las residencias, el gran agujero de gestión. Este sábado por la mañana, el vicepresidente, Ignacio Aguado, ha anunciado que “seguramente habrá restricciones, por ejemplo, a la apertura de discotecas y salas de baile”.
El Ejecutivo de Ayuso está preocupado con los efectos que puede tener sobre Madrid la recuperación de la libertad de movimiento en todo el territorio español. La capital es un nodo crucial de transporte con el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y varias estaciones importantes de tren. Actualmente, el 40% de los contagios que se detectan son importados de otros países, “fundamentalmente” de América Latina y EEUU.
Esta idiosincrasia en cuanto a la movilidad, que también se da el interior de la propia región, retrasó precisamente a Madrid respecto al resto de comunidades en la desescalada. Pasó lo mismo con Barcelona. Ahora, el Gobierno que vio tras la negativa de Sanidad de permitir el paso a la fase 1 en dos ocasiones un “ataque político” pone los ojos sobre los mismos lugares en los que los puso el Ministerio entonces como un posible foco de problemas.
La confrontación política de Ayuso con el Gobierno de Pedro Sánchez se desató en mayo, se llevó por delante a la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que no avalaba correr para dar los primeros pasos, y tuvo su punto álgido con un recurso ante el Tribunal Supremo basado en que la denegación del avance de Madrid, por parte del Ministerio, no estaba sujeta a “criterios técnicos” sino “políticos”. La decisión siguió adelante pese a que Sanidad avanzó la apertura del comercio para Madrid y otros territorios en fase cero como medida de flexibilización. “Nos tienen rehenes, nos tienen amordazados”, dijo la presidenta regional entonces.
Era la segunda semana que Sanidad frenaba el intento de la Comunidad de Madrid de cubrir etapas en la desescalada sin reunir las capacidades de respuesta asistencial necesarias, según argumentó el doctor Fernando Simón primero y después los informes técnicos, que empezaron a publicarse más tarde de lo anunciado y entre críticas. El primero sobre Madrid fue filtrado a los medios mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, daba una rueda de prensa para dar visibilidad a su queja, lo que tensó aún más la relación. A la Comunidad le faltaba por entonces, dijeron los expertos, más capacidad para hacer PCR y un mejor control de las residencias.
El decreto de nueva normalidad, en vigor desde el 21 de junio según el calendario del Gobierno de Sánchez, impide a las comunidades restringir la libertad de movimiento porque eso solo puede hacerse con el instrumento del estado de alarma. El Gobierno central y los autonómicos solo tendrán “herramientas” para poder llevar a cabo “restricciones quirúrgicas” en unidades sociales concretas en las que surja un brote, con orden judicial y basándose en la Ley Orgánica de Medidas de Salud Pública de 1986. Es decir, Madrid no podría restringir ni las entradas ni las salidas en la región, aunque sí aislar municipios con rebrotes.
La línea de trabajo del Ministerio de Sanidad, aunque acaba el estado de alarma, es continuar con consejos interterritoriales cada semana y trazar una llegada a la nueva normalidad acompasada, coordinada y guiada por la comunicación entre territorios.