Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han presentado este viernes sendas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción instando a que se investigue el contrato de 1,5 millones euros en mascarillas a un amigo de la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la comisión a su hermano, Tomás Díaz Ayuso. La denuncia de los socialistas se interpone contra “todas aquellas autoridades, funcionarios y articulares que puedan aparecer como responsables” de la presunta comisión de “delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y caudales públicos”, delitos que también se atribuyen desde Más Madrid y Unidas Podemos.
En el escrito aportado por Más Madrid, se recogen unos mensajes anónimos que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, recibió el pasado 7 de noviembre. Se trata de hasta once mensajes de texto a su teléfono móvil que alertaban del contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas que el Gobierno regional adjudicó a una empresa administrada por un amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tal y como desveló elDiario.es, y también de la comisión que habría recibido su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por esta operación. Así consta en la denuncia que este viernes la formación presentará en la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha tenido acceso esta redacción, para que el Ministerio Público investigue de oficio la adjudicación y la comisión al hermano que la propia Ayuso ha reconocido este jueves que se produjo.
El mensaje completo a través de 11 SMS es extenso. Y comienza así: “Querida Mónica, querido Iñigo [Errejón]. Os hago llegar un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso”. La persona anónima que envía estos mensajes asegura que recurre a ellos porque no sabe “cómo denunciarlo a Anticorrupción” y no puede “exponerse personalmente”. Y continúa: “En el peor momento de la pandemia, abril de 2020, la Comunidad de Madrid. Adjudicó un contrato de 1’5 millones para Epis y mascarillas de Ifema. Lo hizo a la empresa Priviet sportive de Daniel Alcázar, amigo de los Ayuso. Una empresa de calzado y confección que cambió su CNAE días antes. Y cuando ingresó los pagos de la CM hizo transferencia por valor de 300.000€ a Tomás Díaz Ayuso”.
Esta persona asegura que el concepto de esa transferencia recibió el nombre de “intermediación Comunidad de Madrid”. Sostiene además que si “la intermediación ya sería delictiva”, “pagar un 25% del importe de un contrato significa que Alcázar es un testaferro de Tomás Ayuso”. “Es un delito, sino son muchos y están intentando taparlo con facturas falsas, pero la transferencia no admite dudas. En vuestra mano está que no quede impune”, termina.
Más Madrid pondrá este viernes en conocimiento de la Fiscalía este mensaje que forma parte de la denuncia que la formación madrileña presentará después de que el PP nacional considere “irregular” dicho contrato. Según sostiene el partido de Mónica García, firmante de la denuncia, los mensajes fueron “estudiados” por el responsable jurídico de Más Madrid en noviembre “sin que se observaran elementos suficientes para darle la veracidad a las informaciones recibidas”, “al menos no en grado suficiente como para ponerlas en conocimiento del Ministerio Fiscal”.
Principalmente por “el origen anónimo de la denuncia y las informaciones tan laxas que de la misma se desprendían”. Eso ha cambiado este jueves tras la guerra desatada en el PP y a que tanto Génova como Ayuso han confirmado que ese anónimo podía estar en lo cierto.
Más Madrid alude también a la información publicada este jueves por el diario ABC en su denuncia en la que se afirma que Tomás Díaz Ayuso recibió una comisión de 286.000 euros por un contrato sanitario y que, siempre en base a la noticia citada, miembros de la dirección nacional del Partido Popular sostienen que tienen “la verdad”.
“El conjunto de elementos existentes desde el día 7 de noviembre de 2021 al momento en que se presenta la denuncia hace pensar que existe indicios y elementos suficientes de veracidad en lo relativo a esos mensajes recibidos”, sostiene ahora Más Madrid en su escrito, que precisa que trató desde el primer momento de “revisar la veracidad de las informaciones con los medios a su disposición como grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid a través de diferentes peticiones de información y de comparecencias en la Asamblea de Madrid”. Pero sin éxito.
“Entendemos que la coherencia entre lo aportado por los SMS y la noticia publicada en el diario ABC es suficiente indicio de la existencia de las conductas aquí denunciadas”, señalan ahora y por eso acuden a la Fiscalía.
Más Madrid cita diferentes delitos que, a su parecer, podrían haberse cometido, tales como: cohecho, “tanto en su variante de cohecho propio como en la del cohecho impropio”; tráfico de influencias; malversación, “tanto en su vertiente de apropiación indebida del patrimonio público como en la de la de administración desleal del patrimonio público”; y también diversos posibles delitos de prevaricación por parte de servidores públicos.